La industria láctea, en especial la que tiene intereses en la exportación, salió nuevamente al cruce de un lobby que recurrentemente vuelve a escena y que pretende que la Argentina habilite el uso de hormonas en la producción de leche, como sucede en los Estados Unidos.
En una carta dirigida directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, el Centro de la Industria Lechera (CIL), que agrupa a las principales industrias lechera del país, se plantó contra una posibilidad que cada tanto se repite en el país, cuando algún funcionario se deja tentar por los cantos de sirena que promete la habilitación de la Somatotropina Bovina recombinante en el ganado bovino lechero. Como se trata de un anabólico, su uso está directamente prohibido al igual de lo que sucede con las hormonas promotoras de carne.
La mejor prueba de que el lobby pro hormonas se repite cada tanto (en especial en los gobiernos más liberales y desreguladores) y la mejor prueba de eso es este párrafo de la carta que los industriales enviaron a Caputo: “En varias oportunidades desde el año 2010 hemos hecho llegar nuestra posición a las autoridades nacionales competentes en la materia. El Centro de la Industria Lechera se opone a la posible aprobación y/o uso de la hormona Somatotropina Bovina recombinante en ganado bovino lechero en nuestro país”.
Como el intento de incorporar esa hormona es siempre el mismo, los argumentos en contra también se repiten:
- El Codex Alimentarius, que es el código internacional y sirve de base para resolver los conflictos en la OMC no ha cambiado su estatus respecto de este medicamento, y aún se debaten allí los límites máximos de residuos (LMR) autorizados de esa sustancia.
- La habilitación de la sustancia tendría “un impacto altamente negativo” sobre las exportaciones de productos lácteos desde la Argentina. Según el CIL “actualmente países tales como China, Rusia, Nueva Zelanda, Argelia, otros países de Asia y África y Cuba entre muchos otros, han acordado con el SENASA los respectivos certificados de exportación de productos lácteos en los que se debe declarar que los mismos provienen de animales que no han sido objeto de tratamientos con promotores de crecimiento naturales o sintéticos”.
- Entonces, si el producto fuera aprobado en nuestro país, Argentina debería “poder garantizar la trazabilidad de los productos para garantizar que cumplen ese requisito”, lo que a juicio de los industriales “sería una situación muy costosa y difícil de implementar, sumado a que no existe metodología analítica que permita detectarla”.
- “Aún en el caso de que las exportaciones no tuvieran trabas del tipo sanitario, claramente el país perdería el status de una lechería natural (concepto esgrimido por la mayoría de nuestros competidores), con la consiguiente pérdida del valor de producto premium buscado por los consumidores a nivel mundial”, se completó.
Los miembros del CIl argumentaron que tanto Uruguay, como Australia y Nueva Zelanda, principales competidores de la Argentina en el comercio internacional de leche, no tienen aprobada esta hormona. Tampoco se permite su uso en la Unión Europea y Canadá. En Estados Unidos, su principal promotor, su uso es cada vez menor.
“Nuestro sector es un importante exportador y la Argentina está en búsqueda de la apertura de nuevos mercados, acción que se vería afectada ante la duda del posible uso de esta hormona en nuestro país”, insistieron los industriales lácteos, quienes reclamaron a Caputo que rechace -una vez más- esa posibilidad.
Si el Senasa ha firmado acuerdos con Importadores de lácteos de Argentina, lo que se debe hacer es respetar lo convenido. Y dejar de ser un país donde damos un paso adelante y dos hacia atrás. Los funcionarios públicos que tomen medidas inconsultas que puedan afectar el comercio de su producción, deberán ser sancionados con condenas a pagar daños y perjuicio de su propio capital.