Mientras decenas de investigadores y técnicos del INTA viajan esta noche desde las diferentes experimentales del país hacia la ciudad de Buenos Aires para reclamar mañana que el Senado complete el rechazo del Congreso al decreto que intervino el INTA y varios otros organismos autárquicos, la justicia federal de San Martín aceptó un recurso de amparo presentado por los gremios que operan en ese Instituto para evitar el avance de la motosierra de Javier Milei.
Como ya había hecho en el caso del INTI, el ente dedicado a desarrollar tecnologías para la industria, la jueza Martina Isabel Forns hizo lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada por los gremios ATE y APINTA en contra de lo dispuesto por el decreto 462/2025, que firmó MIlei y fue impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para poder intervenir a varios organismos descentralizados del Ministerio de Economía. Este amparo rige solamente en el caso del INTA.
La disposición judicial ordena al Poder Ejecutivo que “se abstenga” de realizar cualquier medida administrativa en el sentido de lo dispuesto en dicho decreto 462. En el caso del Instituto de Tecnología Agropecuaria y de otros organismos como el Instituto Nacional de Semillas, el de Vitivinicultura o el de Agricultura Familiar, la sentencia llegó tarde, porque el propio Milei dictó otros dos decretos posteriores para disolver la Dirección Nacional del INTA y otorgarle una nueva estructura.
Esta es la resolución de la jueza, que tendrá una vigencia de seis meses:
Pero si esta ya resultó ser una piña difícil de digerir para el Poder Ejecutivo y sus planes para reducir fuertemente -cerca del 25%- la plantilla de personal del INTA y poner en venta miles de hectáreas de campos, la trompada final a los planes de Milei y Sturzenegger podría llegar mañana: desde las 11 se anunció una sesión del Senado, y en el orden del día está tratar el proyecto que llegó aprobado de Diputados y que deroga el mencionado Decreto 462/2025.
“Estábamos convencidos que este decreto era ilegal, y que el Poder Ejecutivo se había extralimitado en los poderes que le había dado el legislativo. Creo que para nosotros mañana va a ser un gran día, un alivio para las trabajadores”, evaluó Mario Romero, el secretario general de APINTA.
Este rechazo legislativo, de confirmarse, generaría una situación jurídica difícil, pues implicaría volver a fojas cero los cambios impulsados por el gobierno en ese organismo tecnológico. Esto quiere decir que se debería volver a reunir el consejo directivo nacional, conformado por tres representantes del Poder Ejecutivo, dos de las universidades nacionales y cinco de entidades rurales, para retomar la conducción política del Instituto.
Ese consejo participativo, a instancias del decreto derogado, fue reemplazado por un único presidente del INTA elegido a dedo desde el gobierno, un cargo que recayó en el productor ligado a Aapresid, Nicolás Bronzovich. La vicepresidente del INTA que estaba en funciones cuando salió el decreto desregulador, María Pilu Giraudoi, presentó su renuncia y debería ser reemplazada, pues saltó desde allí hacia la presidencia del Senasa.
A la vez, si el Congreso confirma su rechazo, el presidente Milei debería desandar el camino dispuesto por otro decreto que disolvió la Dirección Nacional del INTA, una instancia ejecutiva formada por investigadores del propio organismo que fueron elegidos por concurso.
