Luego de la fallida licitación de la concesión del servicio de dragado de la Hidrovía del Paraná, el titular de la Agencia Nacional de Puertos, Iñaki Arreseygor, procedió a organizar encuentros orientados a consensuar las bases de un nuevo pliego licitatorio.
En ese marco, este miércoles se llevó a cabo en la ciudad de Zárate la última reunión de la “Mesa de Diálogo Interdisciplinaria para el Desarrollo Fluvial de la Vía Navegable Troncal”, en la cual los funcionarios recabaron los lineamientos básicos que debería contener la nueva licitación de la principal vía de comercio exterior del país.
Los integrantes del sector agroexportador –representados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Ciara-CEC y la Cámara de Puertos Privados Comerciales– solicitaron que el próximo pliego acorte el plazo “lo máximo posible” para que el nuevo concesionario alcance un dragado de 40 pies de profundidad hasta el tramo que finaliza en Timbués (Gran Rosario).
El contrato con el concesionario actual (Jan de Nul) establece un calado base de 34 pies, que en algunos casos ha llegado hasta un máximo de 36 pies. El propósito del sector agroindustrial es que, luego de realizar los estudios de impacto ambiental correspondientes, se avance en una primera etapa hasta los 40 pies para luego llegar en una segunda instancia a los 44 pies, lo que permitiría que los Panamax puedan cargarse en un 100% en los puertos del Gran Rosario sin tener que completar carga en Quequén o Bahía Blanca, como sucede actualmente.
Por medio de un comunicado, la Unión Industrial Argentina (UIA), BCR, Ciara-CEC, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas destacaron que llegaron a un acuerdo para que el pliego contemple una readecuación del costo del peaje según el uso efectivo del tramo en cuestión.
Para eso, según indicaron, pidieron “mantener el actual esquema de secciones”, pero “con un máximo de calado y capacidad de carga para buques de pasajeros y mercaderías, bajo una fórmula de consenso entre los distintos usuarios”. Si bien no se aclaró en qué consiste la “fórmula de consenso”, la misma implicaría una reducción del costo para buques de pasajeros y de contenedores.
También solicitaron –según un comunicado difundido hoy– “publicar los costos del peaje de manera transparente a fin de visibilizar los beneficios y costos reales de la carga conteinerizada y mejorar la previsibilidad de la operatoria”.
El comunicado no hace referencia al diseño del peaje para buques graneleros y tanqueros. Vale recordar que el año pasado el gobierno nacional procedió a incrementar en un 40% la tarifa del peaje que cobra Estado para abonar el servicio de dragado con la excusa de que era necesario saldar una deuda heredada del gobierno anterior. Y esa decisión se tomó en simultáneo con una reducción del servicio prestado por parte de Jan de Nul.
El peaje por el servicio de dragado, que hasta mediados de 2024 era de 3,06 dólares por tonelada de registro neto, fue incrementado por el gobierno de Javier Milei a 4,30 dólares por tonelada, lo que representa un perjuicio para la competitividad del sector agrícola, dado que ese costo se incorpora al valor interno de los granos; es decir, lo pagan, de manera indirecta, los productores.
