La semana pasada el gobierno nacional dio de baja los últimos convenios vigentes para obras de mantenimiento en rutas nacionales que cruzan el sur de Santa Fe, incluyendo el tramo más crítico de la ruta 33 que une Sancti Spíritu con la ciudad de Rosario.
La anulación alcanza también a la ruta 178, entre Las Rosas y el empalme con la 33. Ambas obras ya tenían adjudicatarios confirmados –la UTE compuesta por Edeca S.A. y Rava S.A.– y se encontraban en condiciones administrativas para su inicio.
Esa decisión, junto con la disolución de Vialidad Nacional, generó una dura respuesta por parte del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, que calificó la decisión del gobierno libertario de “intempestiva” y de propiciar el “abandono total” de la red vial, algo que “juega la vida de miles de santafesinos”.
El tramo de la ruta 33 afectado es uno de los más transitados por vecinos y transportistas del departamento General López, además de tratarse de un canal esencial para el flujo logístico de camiones que ingresan y egresan diariamente del Gran Rosario.
El Ministerio de Obras Públicas provincial denunció que la política de “no hacer obras” del gobierno libertario se traduce en la paralización total de tareas en más de 2700 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan Santa Fe, incluyendo las rutas 7, 8, 9, 11, 34, A007, A008 y A012, además de las 178 y 33. “Por estos caminos no sólo circula el 80% de la producción del país”, recordó el gobierno santafesino.
Desde la provincia insisten en un planteo que ya hicieron en varias ocasiones: si Nación no quiere o no puede hacerse cargo del mantenimiento, que transfiera la administración a Santa Fe.
Por el momento, el gobierno santafesino, liderado por Maximiliano Pullaro, optó por la estrategia comunicacional para denunciar la situación al colocar carteles los accesos a rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino.
“Con el objetivo de prevención y seguridad vial, los avisos destacan que la conservación de esas calzadas corresponde a la Nación, a diferencia de las vías provinciales, que sí cuentan con financiamiento local y son mantenidas como es debido”, señaló la provincia.
“En ese marco, desde el Estado santafesino se solicita a los conductores que, en caso de contar con la alternativa de usar una ruta provincial, lo hagan, ya que se encuentran en mejores condiciones y son mantenidas regularmente”, añadió.
La nueva señalización persigue dos objetivos. Primero, dejar claro que los santafesinos pueden y deben exigir al gobierno provincial por el estado de las rutas bajo su órbita. Segundo, que la sociedad sepa que las rutas nacionales dependen del Estado nacional y no de la provincia.
Pullaro afirmó que seguirá colaborando con el gobierno nacional, pero insistió en que, si el opta por conservar el control de las rutas nacionales y no cederla a la provincia como solicitó, debe invertir pronto para evitar que “el activo vial se pierda”.
“Es tan peligroso el estado de la ruta nacional 33 que la semana pasada el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recomendó evitar esa vía que pasa por el sur santafesino y usar la provincial 90, tras las mejoras de repavimentación”, indicó el gobernador.
Pullaro recordó que por Santa Fe circulan unos 2,2 millones de camiones al año, carga que acelera el deterioro de la infraestructura. “La Nación se queda con los recursos de las exportaciones (en referencia a las retenciones) y no invierte en las rutas que esos camiones destruyen”, reprochó.
