El Gobierno nacional dispuso una modificación en el esquema de aranceles que aplica el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) para autorizar la importación de envases, insumos y productos en contacto con alimentos destinados al uso industrial. La medida fue oficializada el 27 de junio a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Hasta entonces, el INAL aplicaba un sistema de montos fijos según rangos de valor declarado. Por ejemplo, si el valor de la importación era de hasta 500.000 pesos, el trámite de autorización costaba 52.500 pesos. En el caso de operaciones entre 500.001 y 5 millones de pesos, el arancel era de 225.000 pesos. A medida que el valor aumentaba, se aplicaban escalas más altas, con un máximo de 1.425.000 pesos.
Este esquema generaba situaciones en las que el costo del trámite podía representar un porcentaje elevado respecto del valor total importado, especialmente en operaciones pequeñas.
A partir del cambio normativo, el sistema pasa a ser proporcional: se establece un arancel del 0,5% sobre el valor FOB declarado en cada operación, lo cual implica una reducción del costo para la mayoría de los casos y un nuevo criterio de cálculo.
La modificación fue impulsada por un pedido conjunto de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), la Cámara Argentina de Proveedores de Insumos Vitivinícolas (CAPRIVI) y la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), presentado en abril de este año ante la Secretaría de Agricultura.
Desde esas entidades se argumentó que el esquema anterior generaba un impacto negativo sobre la importación de insumos clave para el sector, como botellas, cápsulas, tapones y productos enológicos, necesarios para la elaboración y fraccionamiento de vinos. Según indicaron, el nuevo esquema mejora la previsibilidad y permite reducir costos operativos.
Por otro lado, remarcaron la necesidad de fortalecer el rol del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) como organismo técnico de referencia del sector, y de evitar solapamientos de funciones con otros entes que puedan generar duplicación de costos o cargas administrativas.
La modificación forma parte de una serie de propuestas presentadas por COVIAR y otras entidades vitivinícolas con el objetivo de simplificar procesos y mejorar las condiciones de competitividad del sector.
