El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció que en el segundo semestre de 2025 seguirá vigente la rebaja temporaria de derechos de exportación para trigo y cebada, la cual en principio iba a finalizar el próximo 30 de junio.
Así, la alícuota vigente del 9,5% para cereales seguirá –según afirmó el ministro– hasta el 31 de marzo de 2026, es decir, unos cuatro meses después de iniciada la cosecha de trigo, que es el principal cultivo invernal argentino.
La razón detrás de esa decisión es fundamentalmente tributaria, dado que hasta el momento las compañías agroexportadoras argentinas no registraron una sola tonelada de Declaraciones Juradas de Ventas Externas (DJVE) de trigo 2025/26, que comenzará a recolectarse a fines de noviembre próximo.
Para poder acceder a la rebaja de alícuotas de derechos de exportación, los agroexportadores deben registrar las operaciones con un DJVE especial que contempla el pago adelantado de derechos de exportación luego de cinco días hábiles de declarada la operación ante la Secretaría de Agricultura, así como la liquidación de las divisas de la operación en cuestión luego de 15 días hábiles de declarado el embarque.
Eso implica que sin registraciones de DJVE no sólo hay un problema tributario, sino además cambiario porque el gobierno necesita comenzar a tener certezas sobre el volumen de divisas disponibles que el agro aportará a fines del presente año.
La completa ausencia de registraciones de DJVE no es un capricho de los agroexportadores, sino una realidad comercial, dado que el volumen de ventas anticipadas de trigo 2025/26 con precio cierto por parte de los productores es insignificante.
Los registros oficiales indican que a la fecha las ventas de trigo 2025/26 en el mercado forward es de casi 755.000 toneladas, de las cuales menos de 40.000 tienen precio hecho; el resto, la gran mayoría, comprende operaciones “a fijar” con precio abierto.
No existe misterio al respecto: con precios horribles del trigo 2025/26 –producto de un mercado internacional bajista– no existe mayor interés en cerrar ventas anticipadas y, si a eso le sumamos los derechos de exportación, el inconveniente se agrava.
Por lo tanto, el sorpresivo (o no tanto) anunció realizado este martes por Caputo obedece a un interés propio del Estado nacional que, casualmente, coincide en este caso con el de los productores agrícolas.
