Toda la política chaqueña está en modo electoral. Las legislativas tendrán lugar en la provincia este domingo 11 y lo curioso es que uno de los candidatos por el espacio Nuechi, el diputado Juan José Bergia, mantiene un feroz enfrentamiento con organizaciones ambientalistas nacionales por una ley respecto a los desmontes que impulsó y fue aprobada hace escasas semanas.
Se trata en realidad de una modificación a la Ley 2079-R, que establece un régimen de sanciones para la actividad forestal. La ya aprobada Ley 4157-R establece un incremento de multas, incluye nuevos agravantes, se centra en el régimen de restauración y establece un mecanismo para “reubicar” la madera decomisada.
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En sucesivos comunicados difundidos al respecto, las ONG´s Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y FARN manifestaron una profunda preocupación al respecto y advirtieron que detrás del proyecto de Bergia hay un “mecanismo de blanqueo de la madera”, que sólo fomenta el desmonte y “contradice lo estipulado por la Ley de Bosques”. A tal punto escaló el conflicto que pidieron al gobernador Leandro Zdero vetar la normativa.
“El proyecto fue intempestivamente retirado de la Comisión de Recursos Naturales de Ambiente donde estaba sin dictamen y se votó en una sesión extraordinaria convocada con sólo 36 horas de anticipación”, denunció ante Bichos de Campo Tomás Camarasa, un abogado ambientalista que forma parte de Aves Argentinas y mantuvo un altercado personal con el diputado Bergia.
Lo que señala Camarasa es que el proyecto 1861/2024, tratado en una sesión extraordinaria convocada por el oficialismo, no tuvo el despacho de comisión correspondiente y lejos estuvo de afrontar un debate serio, técnico y participativo, como lo amerita toda ley ambiental. Todo lo contrario: Tras estar “frizado” por meses -se presentó en junio del año pasado- se reflotó y aprobó en cuestión de horas.
Ese apresuramiento, y el hecho de que el titular del proyecto haya sido acusado previamente por la organización Abogadxs Ambientalistas de formar parte de la “mafia de los desmontes”, solo abona a las sospechas de que el Estado chaqueño es funcional a la deforestación.
“Se consolidó una práctica de simulación de procesos o de procedimientos democráticos que terminan vaciados de contenido”, afirmó Camarasa, que advierte por la “preocupante debilidad institucional de la legislatura”.
Uno de los aspectos curiosos, que aportan al halo de desconfianza sobre el sistema chaqueño, es que transcurridos más de 15 días de su aprobación, todavía no está disponible el texto definitivo de la ley. Sólo puede accederse al trámite cargado en el registro legislativo provincial.
En medio de spots de campaña y con los focos de atención puestos en las urnas, las ONG´s ambientalistas insisten en que la ley impulsada por Bergia es sólo fuego de artificio. El principal reclamo es que el artículo 45 bis habilitaba en su redacción original una vía de blanqueo de madera proveniente de desmontes ilegales disfrazado de incentivo para aprovechar el recurso.
Cuando el legislador defendió su iniciativa, en diálogo con Bichos de Campo, aseguró que ese articulado -del que por cierto todavía no conocemos su redacción definitiva- fue propuesto para que no se queme ni se desperdicie la madera que ya fue deforestada. En efecto, afirmó Bergia, la idea es que el Estado la decomise y luego pueda venderla sólo a empresas habilitadas o entregarla a instituciones con fines sociales.
La respuesta de Camarasa, fue contundente. “Es innecesario desde lo técnico, peligroso desde lo jurídico y regresivo desde el punto de vista ambiental”, dijo el licenciado en gestión ambiental, que hizo eco de los reclamos del sector ambientalista y explicó a este medio por qué sostiene que ese artículo es sólo un mecanismo de blanqueo y un incentivo a seguir desmontando.
En efecto, las alarmas se encienden en torno a los permisos o autorizaciones especiales que hoy permiten que circule la madera proveniente de la deforestación de forma legal por Chaco. Como esa documentación se entrega a discreción, y como tampoco hay un registro de infractores con inhabilitaciones permanentes, es posible que las empresas que desmontan accedan a esa madera incluso después de su decomiso.
“Hay todo un esquema diseñado para que el desmonte sea un negocio redondo”, afirmó Camarasa, que también criticó que se justifique el artículo como medio para evitar la quema ilegal, ya que eso mismo puede ser detectado de forma instantánea con imágenes satelitales. “Es directamente una ofensa a la inteligencia ciudadana”, agregó.
Esto último no es una cuestión menor, porque indica que en ambas veredas hay un diagnóstico distinto del origen de la deforestación. El diputado Bergia sostuvo ante este medio que se avanza sobre el bosque de forma ilegal para expandir la frontera agropecuaria, y que por eso luego se quema la madera, ya que no la necesitan.
Por su parte, el referente de Aves Argentinas asegura que en realidad se hace para contar con materia prima barata para las grandes industrias, y que lo demuestran las miles de hectáreas deforestadas que luego no fueron puestas al servicio de la agricultura. No es una diferencia superficial, porque si eso es como los ambientalistas dicen, el mecanismo de venta de madera deforestada es aún más probable.
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❌ Dicen que “se legaliza la madera ilegal”
✅ Falso. El Estado retiene la madera incautada para evitar su quema.
No se premia al infractor: se agravan las multas (hasta 12x el valor base) y se exige restauración obligatoria.— Juan José Bergia (@juanjobergia) April 22, 2025
Incluso, el abogado ambientalista denuncia que, durante el tratamiento del proyecto el pasado miércoles 23 de abril, se introdujeron cambios en la redacción del artículo 45 bis “cuya versión final no quedó explícitamente registrada antes de la votación”. A eso se refieren las organizaciones cuando denuncian el hermetismo de los funcionarios chaqueños y las facilidades que se le brinda a los grandes jugadores de la madera.
En esa falta de voluntad política y de resistencia a cambios profundos, Camarasa identifica a Bergia, así como muchos otros legisladores, como grandes artífices. “Hay realmente quienes han hecho carrera garantizando que nada cambie y el régimen actual de sanciones forestales es uno de los pilares de esa impunidad”, afirmó.
Lo mismo sucede con el esquema de multas que ya existe desde la ley original, que impulsó el mismo espacio de Bergia en 2011, y que ahora se actualizó. Lo positivo es que los montos, que todo este tiempo ni cosquillas le hacían a los grandes empresarios, se multiplicaron y hasta contemplan agravantes en ciertos casos, como el uso de cadenas, la explotación de tierras fiscales o la deforestación de zonas amarillas y rojas.
El problema, dice Camarasa, es que no sirve de nada aumentar las multas si la autoridad de aplicación luego no las hace cumplir. “El sistema está diseñado para no funcionar y la ejecución de las multas depende de la voluntad del funcionario de turno”, lamentó el referente.
Encima, tal como difundieron recientemente las ONG´s sectoriales en un comunicado, el artículo 45 bis habilita descuentos a las sanciones y permite aprovechar esa madera si se presenta un “contrato de restauración de daño”, del que no se tienen detalles hasta el momento y que la misma Ley de Bosque ya exigía per se. “Es una contradicción y un riesgo enorme”, advirtieron.
Si no se inhabilita a quienes incumplen la ley, y encima se les otorga una chance de acceder a la materia prima a menor costo, entonces terminan de imponerse los grandes jugadores y siguen perdiendo los que hacen las cosas por derecha. Hasta ahora, los números hablan por sí sólos, porque se estima que en los últimos 30 años se transfirieron cerca de 800.000 hectáreas de pequeños productores a grandes explotaciones.
La falta de acuerdos sólo empeora la situación de las pymes productoras de leña y carbón, los aserraderos y carpinterías chaqueños que trabajan bajo la pauta de manejo forestal sostenible y tienen todas las habilitaciones vigentes. Las grandes explotaciones mecanizadas, que acceden a tierras fiscales, o compran extensiones pintadas en rojo y luego logran convertirlas en verde para poder deforestar, tienen todas las de ganar.
“Esto genera una competencia desleal que distorsiona precios y debilita los incentivos para la legalidad”, lamentó Camarasa, que considera que así se pierde el medio de vida y el espacio mismo de quienes viven del monte y en el monte. “Quienes más cumplen con la ley son los que pierden en un esquema donde se premia el infractor”, aseguró.
En ese sentido, uno de los principales reclamos que hace años hacen las organizaciones ambientalistas es que debe haber un cambio profundo en la legislación vigente y debe avanzarse hacia la tipificación de estas contravenciones como delitos penales. Sobre eso mismo había hecho eco Bergia en su diálogo con este medio.
Parece que, como están las cosas, hablar de transparencia, mecanismos de control ciudadano y una autoridad de aplicación fuerte es utópico, pero dependerá de la militancia y la voluntad política que alguna vez se ponga seriamente sobre la mesa.
