Los cambios recientes que hubo en la legislación chaqueña respecto a los desmontes reavivaron una discusión que se extiende hace décadas en la provincia. Actualmente el principal enfrentamiento lo presencian prestigiosas organizaciones ambientalistas con el diputado Juan José Bergia, a propósito de su proyecto de establecer modificaciones al régimen de sanciones, que de hecho fue aprobado en una sesión extraordinaria hace poco más de 15 días.
En una maraña de acusaciones cruzadas y ceniceros que vuelan y rozan varias cabezas, Bergia sumó leña al fuego al señalar a quienes fueron funcionarios del gobierno de Capitanich por hacer la vista gorda ante los deforestadores. En declaraciones con este medio, el diputado de Nuechi apuntó, en particular, al abogado ambientalista Tomás Camarasa, y lo acusó de cubrir al marido de la ex ministra de Ambiente Marta Soneira.
Un dato no menor es que Bergia había sido incluído dentro de la causa judicial conocida como la “mafia de los desmontes”, y que llevó al fuero federal la Asociación de Abogadxs Ambientalistas. Es decir que, efectivamente, hay fuego cruzado entre las ONG´s y el legislador desde hace mucho tiempo.
En el seguimiento que hizo de este caso plagado de aristas y bemoles, Bichos de Campo dialogó con Camarasa, que es licenciado en gestión ambiental, tuvo un breve paso por la gestión pública y hoy trabaja en Aves Argentinas como coordinador territorial para el Gran Chaco.
Más que hacer eco de la polémica y cruzar a Bergia, el abogado ambientalista prefirió profundizar en el mecanismo que se ha cobrado el capital natural de la provincia, y que tiene raíces muy profundas en la actividad económica del norte argentino.
“Discutir sobre desmontes en Chaco implica discutir sobre poder, territorio y el modelo productivo”, afirmó Camarasa. Curiosamente, es lo que el mismo Juan José Bergia, con su proyecto 1861/2024, hoy ya convertido en Ley 4157-R, prometía combatir.
La pregunta de base aquí es por qué, si gran parte de los actores están de acuerdo en que tiene que haber un cambio profundo para frenar con la deforestación, cada vez hay más discordia. Y aún más: por qué se encienden las alarmas si se supone que la nueva legislación busca profundizar el sistema punitorio.
Lo que Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y FARN advierten hace tiempo es que no se necesitan leyes adicionales que embarren la cancha, sino que se respete lo estipulado por la Ley 26.331, la famosa Ley de Bosque Nativo. En un nuevo comunicado difundido durante las últimas horas, bregaron por “la implementación efectiva y urgente, en todas las provincias, de una ley que lleva casi 18 años de vigencia”.
Lo cierto es que, más allá de su intensa militancia ambientalista, Camarasa pudo ver de cerca qué es lo que pasa puertas adentro del sistema político. Entre noviembre del 2022 y hasta el cambio de gobierno, a fines del 2023, ofició como subsecretario de de Ambiente y Diversidad en el ministerio a cargo de Marta Soneira. Curiosamente, el marido de la funcionaria, Mauricio Ariel Cian, y ella misma, fueron denunciados por haber permitido a varias empresas avanzar sobre el bosque nativo.
En retrospectiva, para él que es un “outsider” y llegó a la función pública como un abogado y licenciado en gestión ambiental, la experiencia fue de “enorme impotencia y frustración”. Pudo conocer cómo funciona puertas adentro el diseño institucional que ha permitido durante tantos años el extractivismo, y que se ha cobrado ya a servicios sistémicos, biodiversidad, fertilidad y hasta la fuente de sustento de muchas familias.
En ese sentido, para Camarasa, que considera la Ley de Bosques como “una de las más robustas de América Latina”, esto no es un problema de falta de normas ni de mecanismos regulatorios. “El verdadero obstáculo es que una parte del aparato estatal ha sido cooptado por intereses corporativos”, señaló. De hecho, recuerda que, pese a ser la máxima autoridad ambiental de la provincia, la subsecretaría que dirigía “estaba atada de pies y manos” cuando se trataba de deforestación.
Sólo en 2024, la provincia perdió el equivalente a dos ciudades de Buenos Aires en materia de bosques. Y que esto avance a diario, a pesar de las miles de advertencias de organismos importantes del sector y de la misma ciudadanía, da cuenta de que la autoridad ambiental está vaciada en el poder. No sólo en la provincia, sino en todo el país: Durante el año pasado, se estima que el norte argentino perdió unas 150.000 hectáreas en manos de la deforestación.
En este estado de situación, Camarasa lamenta que el actual debate sobre sanciones forestales y el del año pasado en torno al Ordenamiento Territorial (OTBN) fueron “oportunidades perdidas”. Además, apuntó contra Bergia por intentar correr el foco de la problemática al enfrentarse abiertamente con las organizaciones ambientalistas.
“Lo último que me interesa es entrar en una diatriba personal con el diputado Bergia porque es justamente lo que busca para desviar la atención”, afirmó el abogado, que recordó que las acusaciones contra el legislador por connivencia con empresarios deforestadores vinieron de otra institución ajena a Aves Argentinas. Lo que hizo esa ONG junto a otras del sector, fue apuntar que la ley que impulsó Bergia era regresiva en términos ambientales.
Lo que había dicho el diputado del Nuechi a Bichos de Campo es que mientras las organizaciones atacaban su proyecto de incrementar multas, establecer agravantes e impulsar un método para aprovechar la madera ya talada, hacían oídos sordos con otros funcionarios.
En particular, mencionó a Camarasa por su vínculo con uno de los representantes de Abogadxs Ambientalistas, Enrique Viale, y dijo que sus acusaciones hacia el marido de la ministra Soneira habían sido archivadas por el ex subsecretario de ambiente. “Durante todo el tiempo que trabajé con ella nunca presencié ningún acto de corrupción ni recibí instrucciones para que haga algo fuera de la ley o para beneficiar a alguien”, se defendió Camarasa.
En cuanto a la supuesta denuncia que menciona Bergia y que asegura haber presentado ante la subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad, el abogado ambientalista dijo que “si realmente existiera debería exhibirla”. Además, afirmó que en realidad está mal hecha la acusación desde el “vamos”, porque toda irregularidad vinculada a los desmontes debe denunciarse ante la autoridad de aplicación, que en Chaco es la Dirección de Bosques y está bajo la órbita del Ministerio de Agricultura.
“Revela una intencionalidad política más orientada a desviar la discusión pública que a defender el cumplimiento de las leyes ambientales y los bosques de la provincia de Chaco”, lanzó el activista.
De todos modos, la organización que integra, Aves Argentinas, ha dedicado sus más de 100 años de historia a la tarea técnica y especializada fuera de los litigios legales. Por eso no se consideran parte de la famosa causa de la “mafia de los desmontes”, que impulsó Abogadxs Ambientalistas, e insisten sobre la efectiva aplicación de las normativas ambientales ya vigentes.
Pero el problema es que muchas de ellas fueron tan manoseadas que hoy son sólo un maquillaje. Uno de los ejemplos es el del Ordenamiento Territorial exigido por la Ley de Bosques y que establece zonas protegidas para evitar los desmontes. Una de los mayores reclamos desde las organizaciones es que, en su formulación original, se desconoció el trabajo técnico hecho por especialistas y se pintaron zonas a conveniencia. Las modificaciones impulsadas el año pasado, mediante la Ley 4005-R, empeoraron la situación.
Sobre eso mismo también había advertido Bergia cuando dialogó con este medio días atrás. Lo que señaló el diputado, y que también aseguró Camarasa, es que es un esquema con graves irregularidades técnicas y jurídicas, que sólo favorece a un puñado de actores.
Una de las principales alarmas que enciende el sector es por las famosas recategorizaciones que se aprobaron sobre el ordenamiento territorial. En efecto, se bajó de categoría -o, como dijo Bergia, “se pintaron de verde”- unas 400.000 hectáreas para permitir su deforestación, y a la vez se incluyeron parques nacionales para simular mayor superficie roja.
“No se pueden retrotraer niveles de protección alcanzados, o sea, no se puede bajar de categoría a una determinada superficie de bosque”, explicó el letrado. En la misma línea, el último comunicado difundido por las ONG´s ambientalistas lamenta que la Disposición 734/2025 de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación acredite parcialmente la actualización del último OTBN provincial.
En suma, denuncian desde el sector, eso vulnera el “principio de progresividad” o de “no regresión” que la misma Ley de Bosques exige. Esas recategorizaciones que permite el ordenamiento son uno de los artilugios fundamentales del “todo vale” que hay en la provincia, donde grandes empresarios, con mucho poder económico, mucho lobby político y mucha impunidad, avanzan sobre las zonas protegidas y la actividad local.
Sin acuerdos básicos, y con las voces que cuestionan el status quo silenciadas, esto no hace más que perpetuarse. “Frenar el desmonte ilegal y restaurar la autoridad ambiental no es solo un capricho de los ambientalistas abrazadores de árboles. Es una medida urgente para que el bosque sea un bien común al servicio de quienes lo habitan, lo cuidan y lo usan responsablemente”, concluyó el Camarasa.
