El vínculo entre el sindicato de los trabajadores rurales y el Gobierno Nacional atraviesa uno de sus peores momentos. En medio de fuego cruzado y denuncias por desvíos de fondos desde ambos frentes, la puja por el control de la obra social del sector tuvo una estocada determinante, cuando el interventor Marcelo Petroni suspendió el convenio que permitía al gremio tener centros de atención en sus oficinas.
En un comunicado, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) calificó la medida de “ilegal” y aseguró que va en contra de la propia esencia del sistema de salud nacional.
Como parte del proceso de “saneamiento” que el Gobierno asegura estar llevando a cabo en Osprera, de ahora en más ya no podría haber centros de atención y bocas de expendio de la obra social en las instalaciones del sindicato. Por eso UATRE estimó que deberán cerrar 725 espacios de atención a los afiliados en todo el país.
La idea de la intevención sería reemplazarlos por la atención 100% digital, un servicio que no parece ser el más adecuado para los trabajadores rurales, a menudo instalados en zonas donde la conectividad no es óptima.
“En la práctica, esta medida excluye a nuestros beneficiarios de la obra social, dejándolos desamparados y sin atención”, denunció el secretario general de la UATRE, José Voytenco.
Asimismo, desde la entidad sindical destacaron la importancia que tiene para los afiliados el vínculo cara a cara y personalizado, tanto para resolver consultas sencillas como para gestionar prestaciones clave. “Esa es la esencia de la nuestra ruralidad, la que nacimos, vivimos y morimos los que hacemos el campo”, dicta el comunicado. Y eso es lo que, lamentan, se perderá con el cierre de los centros de atención.
Desde la última intervención de Osprera, oficializada en octubre del año pasado, el enfrentamiento entre el gremio y el Gobierno ha recrudecido. Desde el sector sindical, al cual acusan del desorden de las cuentas de la obra social, lamentan que el desguace tenga efectos sobre el acceso a la salud de los afiliados, y ya han denunciado en otras ocasiones demoras en reintegros y falta de provisión de medicamentos esenciales.
Respecto a la decisión de cerrar centros de atención en las oficinas gremiales, la entidad aclara que eso no hace al ajuste en los balances de Osprera, ya que los costos de funcionamiento y el personal eran cubiertos en su totalidad por el sindicato. Al respecto, Voytenco fue contundente: “Queda de manifiesto la falsedad, impericia, deshonestidad intelectual, insensibilidad y perversa crueldad del interventor”, dijo.
De hecho, el funcionario también acusó de connivencia con el Gobierno a miembros de grupos opositores a su gestión dentro del sindicato. Se refiere exclusivamente a Carlos Saúl Castro y delegados provinciales afines a Pablo Ansaloni, a quienes calificó como “un puñado de personajes que se adjudican una representatividad que no tienen”.
Queda claro que este tire y afloje es una puja política iniciada para disputar el poder de acción a uno de los gremios más importantes del país. Lo que está en juego es nada más ni nada menos que la caja de una obra social con miles de afiliados, y en eso el Gobierno intenta ir a fondo.
Entretanto, los principales damnificados son los trabajadores rurales, quienes efectivamente necesitan de ese servicio de salud y que, semana tras semana, están a la vera de los cambios que se produzcan fruto de los enfrentamientos.
