Luego del gigantesco default de Vicentin, más de cuatro años atrás publicamos en Bichos de Campo un artículo sobre los riesgos de entregar mercadería a fijar y en el cual se advertía que era cuestión de tiempo que apareciera otra caso similar en el mercado argentino.
Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón y ahora todo indica que Los Grobo Agropecuaria va camino hacia un concurso preventivo ante la falta de interés en rescatar a la compañía por parte de sus accionistas.
El drama es que, en una coyuntura por demás compleja, habrá una gran cantidad de empresas agrícolas damnificadas, algo que sería completamente evitable si la gestión comercial se hiciera con estándares profesionales acordes al capital en juego.
Pedimos disculpas a los lectores porque vamos a publicar exactamente la misma nota que hicimos por entonces a Ricardo Baccarin, corredor de granos y vicepresidente de Panagrícola S.A. Lo único que pedimos es que, por favor, esta vez la lean con detenimiento y la compartan para que dentro de algunos años no tengamos que lamentar otro megadefault agrario. Aquí vamos.
La pregunta que muchos se hacen es cómo es posible que en los diferentes órdenes de la súper estructura del Estado argentino no haya “saltado” ninguna alerta temprana de tal accionar (en su momento de Vicentin; ahora de Los Grobo). La respuesta es muy sencilla: porque las transacciones físicas en el mercado de granos argentino no tienen regulación alguna; funcionan en base a la mera confianza entre las partes.
No sucede lo mismo con las firmas que se dedican al corretaje de granos, las cuales están reguladas por estrictas disposiciones diseñadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En lo que respecta a la operatoria con futuros y opciones, cuentan además con la regulación interna instrumentada por el Matba Rofex.
Tales regulaciones, tanto de orden público como privado, garantizan que el corredor de granos no pueda disponer nunca de lo que no le pertenece sin la anuencia expresa del dueño de ese bien. Lo mismo ocurre en el mercado bursátil con los títulos y acciones depositadas en Caja de Valores (CVSA): están allí a nombre del titular de los mismos. Nadie puede disponer de esos activos sin la autorización de su propietario y, cada vez que se realiza un movimiento de los mismos, CVSA envía automáticamente un correo con la notificación de lo realizado.
“No soy nada afecto al exceso regulatorio, pero, gracias al mismo, los productores agrícolas o inversores cuentan con una garantía cierta al momento de comercializar su producción o realizar una inversión bursátil por medio de un corredor”, explicó Baccarin.
“Pero el mercado de operaciones físicas de granos no cuenta con regulaciones tan estrictas como las que rigen en el correjate de futuros de granos, de manera tal que, más allá de la confianza existente entre las partes, no existe garantía de lo que sucede con la mercadería física una vez recepcionada por un operador”, advirtió.
Baccarin señaló que los productores agrícolas no deberían estar a merced de agentes comerciales que se “fondean” con su mercadería. Y que para evitar problemas, como el ocurrido con Vicentin (y ahora con Los Grobo), sería necesario regular la recepción de mercadería física, de manera tal de asegurar, en un marco de transparencia, la no realización de negocios sin autorización del propietario de los granos.
“Considero tan repudiable vender bonos o acciones de un comitente sin su autorización como reventar soja guardada en un silo para realizar inversiones por cuenta del comprador de la mercadería sin el consentimiento del propietario de la misma”, remarcó.
“El sistema comercial granario –posiblemente uno de los más sólidos presentes en el mercado argentino– está sustentado en la confianza y eso hace, precisamente, que algunos se aprovechen de esa circunstancia para montar esquemas que pueden terminar perjudicando a una gran cantidad de empresarios agrícolas”, concluyó Baccarin.
