La frase coloquial “como cuando vinimos de España” se refiere a la situación de los inmigrantes españoles recién llegados al puerto de Buenos Aires: debían comenzar todo de cero, de nuevo. Fue lo que le sucedió a la cadena de ganados y carnes cuando en 2010, luego de varios años de intervención del kirchnerismo cerrando las exportaciones de carne, descubrió que había perdido 12 millones de bovinos de su stock, y no quedaba resto. Había que empezar todo de nuevo.
Esa sensación se ajusta perfectamente ahora a la situación planteada en torno al Sistema Nacional de Trazabilidad Electrónica Individual de los bovinos, que teóricamente debería comenzar a implementarse a partir del 1 de marzo de 2025. Las autoridades supuestamente competentes en la materia, tanto en la Secretaría de Agricultura como del Senasa, no tienen idea de cómo se aplicará ahora esa iniciativa. Y antes las preguntas de este medio, responden que no saben qué sucederá, pues todo depende de decisiones que son políticas.
Este desenlace se desencadenó luego de que Bichos de Campo anticipara que esa iniciativa peligra por los desacuerdos surgidos entre el Estado y la empresa suiza Datamars, que ganó en noviembre la licitación para proveer las caravanas electrónicas pero que ante la falta de definiciones de las propias autoridades no estaría en condiciones de cumplir con el suministro de las 23,5 millones de caravanas electrónicas necesarias para poner en marcha el sistema de trazabilidad individual, al menos no en los plazos exigidos.
El diario La Nación, a partir de la noticia de Bichos, logró hablar con alguna fuente oficial no identificada, que confirmó que “es un hecho la caída de la licitación adjudicada a Datamars” y que por ello “desde del Gobierno dijeron a La Nación: “No queremos que esto le genere complicaciones operativas a los productores y en eso estamos trabajando”. Lo más probable, en este escenario, es que se deba postergar unos meses el inicio del plan oficial de identificación individual. Sería lo más honesto.
Este medio no tuvo la suerte de nuestros colegas del diario: Ni en la Secretaría de Agricultura ni en el Senasa respondieron a la pregunta sobre qué sucedería a partir de ahora con esta que es casi la única política publica activa lanzada por la gestión de La Libertad Avanza en materia agropecuaria. Porque hasta el momento el gobierno de Javier Milei se destacó por cerrar, despedir y destruir más que por sus propias propuestas constructivas. Esta de la trazabilidad es casi la única.
Esta claro que los responsables técnicos de aplicar dicha política están pintados y no son los que deciden: ni el secretario de Agricultura Sergio Iraeta, ni el subsecretario de Producción Agropecuaria Manunel Chiappe, ni el titular del Senasa, Pablo Cortese, pueden responder en este momento qué sucederá con el ambicioso plan oficial de colgar a partir del 1° de marzo próximo una caravana electrónica de la oreja de todos los terneros que se desteten, vacunen o cambien de campo.
Todos esas áreas técnicas -como viene contando Bichos de Campo desde febrero de 2024- están intervenidas de facto por el ex secretario de Producción del Ministerio de Economía, Juan Pazo, el único capaz de responder en este momento qué sucederá con la tan discutida trazabilidad de los bovinos. Fue Pazo quien se emperró en imponer la identificación individual de los bovinos sin que el mercado o exigiera, fue él quien decidió convocado a una licitación para comprar 23,5 millones de caravanas para regalar a los ganaderos (y así acallar las críticas de las entidades rurales), fue él quien decidió desviar un crédito del Banco Mundial para pagar esa licitación. Y fue él quien confeccionó un pliego confuso que dejó fuera de competencia a muchas empresas proveedoras tradicionales de caravanas.
Iraeta, concuñado de Pazo e interventor en la Secretaria de Agricultura, fue quien firmó la Resolución 71/2024, a través de la cual se resolvió que “la utilización de tecnología electrónica como herramienta de identificación individual obligatoria para la trazabilidad de ganados bovinos, bubalinos y cérvidos a partir del día 1 de marzo de 2025, momento desde el cual los productores ganaderos deberán identificar todos los terneros/as al destete o al primer movimiento”.
Ahora, sin las caravanas que se supone iban a comprar para regalar en esta primera tanda, Iraeta no sabe que sucederá y no puede disponer de una prórroga sin la palabra final de Pazo, quien está ocupado en muchos otros menesteres a partir de que el gobierno decidió sacarlo de Producción para reemplazar a Florencia Mishari en la ex AFIP.
La extrema sumisión de los organismos agropecuarios a las decisiones de un solo funcionario queda expuesta en el Senasa, donde el presidente Cortese no puede decidir nada de manera autónoma desde que Pazo colocó allí como gerenta general a una funcionaria que solo responde a sus órdenes, María Eugenia Barbieri.
Lo cierto es que la única política agropecuaria del gobierno de Milei está a punto de fracasar, y nadie parece estar trabajando para desanudar el problema y definir una revisión de todos y cada uno de los caprichos de Pazo. Lo normal, en un gobierno normal, hubiera sido convocar a una amplia mesa técnica que trace plazos y objetivos, conformada por los funcionarios técnicos pero también por representantes del sector ganadero y los proveedores de las tecnologías.
No hay nada más costoso para el Estado (y finalmente para todos los argentinos) que las políticas decididas por un solo funcionario que disfruta de la suma del poder, que pretende saber que sabe de todo, y que impone sus recetas y caprichos sin mediar acuerdos y consensos con el sector privado.
Sucedió con Guillermo Moreno, y parece que la cadena de ganados y carnes había aprendido esa lección. Pero no. Parece que no aprendió y ahora la vuelve a suceder con Juan Pazo.
