Hace casi tres meses que el gobierno nacional intervino la obra social de UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), OSPRERA, luego de denunciar malos manejos por parte de sus apoderados.
Desde que eso pasó, más de 20 trabajadores rurales denunciaron a OSPRERA por falta de prestaciones médicas. Los peones rurales judicializaron 21 casos desde la Intervención de la obra social, y lograron amparos que la entidad no cumple dejando a los trabajadores rurales sin cobertura médica.
Según se conoció en las últimas horas, hay cuatro casos que alcanzaron la instancia penal, porque la obra social desobedeció las demandas judiciales.
Entre los motivos de denuncia se encuentran los cortes en los servicios prestacionales, interrupciones en la entrega de medicamentos, tanto ambulatorios como oncológicos y de alto costo, agravando patologías existentes y estadios de enfermedades en pacientes con cuadros severos.
En la provincia de Buenos Aires hay dos casos de Junín, otros dos en Necochea, uno en Mar del Plata, uno en Bahía Blanca y dos casos en San Nicolás con intimaciones a la Intervención de la obra social para cumplir con medicación y tratamientos. En San Nicolás se inició una causa penal por desobediencia por parte de la obra social a la demanda judicial que le exigía restituir medicación.
En Santa Fe hay dos casos judicializados con sentencia incumplida, uno por falta de medicación y tratamiento por discapacidad y el otro por una paciente que necesita cirugía y una prótesis.
En Córdoba, un caso en la Ciudad de Córdoba, dos casos en Villa María y uno en Río Cuarto. Éste último también derivó en una denuncia penal, por un paciente que está esperando una prótesis para una cirugía de cadera por necrosis vascular bilateral.
El Gobierno nacional intervino OSPRERA, la obra social de la UATRE, a semanas de haberla recuperado
En Entre Ríos hay un caso judicializado de Concordia, en Río Negro hay un caso en General Roca, y en Salta hay un caso que derivó en denuncia penal por una menor de edad tiene cáncer y a quien le interrumpieron su tratamiento oncológico. Mientras que en Tucumán, hay cuatro cuatro casos, uno que alcanzó la instancia penal.
El sábado 26 de octubre de 2024, la Superintendencia de Salud emitió la resolución Nº3948/24 que dispuso sustituir al Consejo Directivo de la obra social Osprera. El mismo había asumido en julio, luego de quince meses de una intervención judicial, y había sido aprobado su mandato por cuatro años por la propia entidad.
A lo largo de estos casi tres meses, se recibieron reclamos, pedidos y denuncias por cortes generalizados de servicios médicos y -principalmente- por la ruptura del circuito de dispensa y provisión de medicamentos.
La intervención está incumpliendo con lo suscrito desde Osprera para garantizar la cobertura prestacional y hoy, hay pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas, epilepsia, insuficiencias renales, esclerosis múltiple, discapacidad, parálisis cerebral, trasplantados o a la espera del trasplante, que corren grave riesgo de vida por la interrupción de los tratamientos médicos que les corresponden.
Asimismo, luego de la intervención de la obra social, se bloquearon las Cuentas Bancarias de las Delegaciones de OSPRERA, en todo el país, interrumpiendo la cadena de pagos que sostiene la asistencia médica de los beneficiarios. Se han dejado de autorizar, y por ende de liberar las compras, de Medicamentos de Alto Costo, impidiendo su trámite de adquisición y entrega a pacientes oncológicos, con HIV o hemofilia, entre los más graves.
