La provincia de Salta actualizó el ordenamiento territorial y ahora otras regiones de esa jurisdicción, que habían sido penalizadas por la anterior normativa, podrán desarrollar emprendimientos productivos.
La aprobación del proyecto oficial, que tuvo lugar en el Senado salteño el pasado 19 de diciembre, amplió la categoría “roja” (que no habilita la transformación) para llevarla a una superficie de 1.308.244 hectáreas, una cifra 30.000 hectáreas superior a la vigente en el anterior esquema.
El proyecto introdujo un cambio metodológico con respecto al anterior ordenamiento (y al resto de los realizados por las otras provincias), dado que, en lugar de definir zonas “verdes” (que pueden transformarse) y zonas “amarillas” (que pueden emplearse con usos sostenibles), estableció, dentro de esta última, una zona “amarilla oscuro” –denominada “área de protección y conservación”– que permite transformar el uso del suelo, por sectores, hasta cubrir un máximo de 721.568 hectáreas distribuidas en el sur, centro y norte de la provincia.
“Es un proyecto hecho seriamente, sustentado científicamente, que viene a reparar los daños ocasionados por el mapa anterior, que se hizo en 2009 y venció en 2014”, expuso el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, al presentar el proyecto en el Poder Legislativo de la provincia.
“En esa oportunidad, todo el ‘verde’ previsto en la Ley 26.331 (Ley de Bosques) se concentró en el sur provincial, en los departamentos de Anta, Rosario de la Frontera y Metán; los resultados fueron que esa región floreció productivamente, mientras que el resto de la provincia se fue sumergido en la pobreza, como es el caso del departamento Rivadavia. Pero eso también tuvo consecuencias ambientales en algunas cuencas del sur provincial, que este proyecto prevé regenerar”, añadió.
En la actualización del mapa de ordenamiento territorial participaron científicos y especialistas del Grupo de Estudio e Investigaciones Socio Ambientales del Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional (Inenco) del CONICET, INTA y de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, entre otras instituciones.
“El mapa del 2009 no cumple con la Ley de Bosques”, enfatizó Lucas Seghezo, referente de Inenco-CONICET, al presentar el proyecto en la Legislatura salteña. “Había áreas pintadas de verde qué no tienen potencial productivo y otras en amarillo qué si lo tienen. El criterio de evaluación a escala predial viene, justamente, a corregir todas esas deficiencias”, remarcó.
La zona de 721.568 hectáreas susceptible de transformación debe contar con la previa habilitación correspondiente de la autoridad ambiental provincial, que pondrá, según lo exige el nuevo ordenamiento, especial cuidado en la preservación de las cuencas hidrográficas.
“En el mapa anterior, había 1,4 millones de hectáreas en la categoría verde y ya se desmontaron 400.000 desde el 2009. Entonces, si replicásemos el ordenamiento del 2009, ahora habría un millón de hectáreas en el área verde”, explicó José Volante, coordinador Nacional de Programa de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del INTA. Es decir: el nuevo ordenamiento redujo en casi un 30% el área potencial de transformación en la provincia.
“Fuimos analizando cada cuenca según los criterios de riesgo hidrológico y encontramos que el máximo que puede transformarse es de 720.000 hectáreas, porque luego se excede el umbral de deforestación”, añadió.
En el transcurso del primer semestre de 2025 el gobierno de Salta deberá concluir la identificación de los desmontes ejecutados desde la sanción del primer ordenamiento (2009) e identificar su legalidad, debiendo determinar un plan de acción, en los casos que correspondan, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nacional Nº 26.331.
