Pese a la alaraca que hacen los funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) sobre una supuesta desburocratización y simplificación, las empresas aceiteras, los productores de alimentos balanceados, los desactivadores de soja, las arroceras, los molinos de maíz, y los siempre tan mencionados molinos de trigo del sector pyme, siguen atravesados por un denominador común: la innecesaria duplicación de información que deben remitir a ARCA (la ex AFIP) y el RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria). También resultan innecesarias las matrículas habilitantes que se les requieren desde este ámbito de la Secretaría de Agricultura, por las que permanentemente son infraccionados.
Desde que la ex AFIP absorbió por el 2008 el control de las Cartas de Porte, certificaciones, liquidaciones de granos y Registro Sistémico de Movimientos de Granos, todas estas actividades comenzaron a informar su operatoria al Estado de manera automática. En rigor, todos los movimientos de mercadería, granos y subproductos derivados están trazados de forma automática por el famoso CTG (código de trazabilidad de granos), que no sólo se usa para las Cartas de Porte sino también para el “Remito electrónico de Derivados granarios” con el que se trasladan todos los subproductos derivados de los procesos industriales de todos los granos excepto el trigo. Para este cereal existe el REH (remito electrónico harinero) que son de uso obligatorio desde el 2023.
Esto quiere decir que actualmente la ARCA tiene toda la información de los movimientos de granos y de todos los subproductos derivados, en lo que respecta a la comercialización declarada por los “contribuyentes” en el caso de ese organismo fiscal, u los “operadores” en el caso del RUCA.
Ahora bien, resulta que a nadie de este gobierno que ya lleva un año se le ocurrió en esto de la simplificación de trámites y bajar la presión sobre las actividades productivas, dar de baja la disposición 1044/04. Es la que reglamenta el Régimen de información que deberán suministrar a la actual DNCCA (Dorección Nacional de Control Comercial Agropecuario) todos los industriales del sector granario del país a instancias de la Resolución 456/2003 conjunta entre la AFIP y la Secretaría de Agricultura.
De esa resolución derivan los hartamente conocidos por los industriales formularios C15 y C17.
Los C15, de presentación mensual, deben reflejar el balance global por dicho periodo del Registro sistémico de movimientos de granos, en cuanto al movimiento de cereal en la planta y la cantidad de kilos y variantes de subproductos obtenidos durante el periodo. Se informa del 1 al 10 de cada mes, a mes vencido.
Respecto del C17, de ellos el Estado obtiene la información sobre las compras de granos con destino de industrialización. Son presentaciones semanales y se deben informar los jueves, hasta las 12 del mediodía.
En el territorio de las repeticiones de información o la sobrecarga de burocracia se puede mencionar también la exigencia de que se encarguen los propios industriales de obligar a la Inscripción en RUCA a todos los “usuarios de industria” que operan en sus plantas, es decir las personas humanas o jurídicas a las que le prestan servicio de industrialización (el famoso fasón), cuya actividad queda también trazada de manera automática en los registros de ARCA.
En este sentido vale la pena aclarar que la función primordial de la actual DNCCA (la ex ONCCA) debería ser la de detectar Usuarios que operen en negro y allí sí caerle a las industrias que les prestan servicio. Pero la operatoria legal queda absolutamente trazada incluso por la facturación del servicio.
Estos dos formularios, de no informarse regularmente o por un periodo mayor a los 180 días, ponen a los operadores de RUCA en situación de ser multados o incluso suspendidos del registro. Es decir, “se los saca de la cancha”, porque mientras dura la suspensión no pueden recibir granos ni realizar actividad alguna.
Según varios testimonios, entonces, estos formularios sólo sirven en la actualidad para que la Subsecretaría de Mercados de la SAGPyA haga sus informes, estimaciones y estadísticas mensuales… Pero también para sancionar de forma permanente e innecesaria a las pymes agroindustriales por omisiones o inconsistencias.
No hay que ser muy lúcido para entender que dentro de un mismo gobierno sería muy sencillo que la DNCCA o la Subsecretaria de Mercados le solicitaran a ARCA la información de Cartas de Porte, Registro sistémico de movimientos de granos, certificaciones, liquidaciones primarias y secundarias, Remitos electrónicos de derivados granarios y Remito electrónico harinero. Para con esos datos armar los informes y estadísticas. Luego de ese requerimiento, la DNCCA podría decidir inspeccionar y eventualmente sancionar a aquellos operadores con inconsistencias de cualquier índole, siempre que surjan del análisis de la información remitida por ARCA de manera automática.
Esta sobrecarga de burocracia no es culpa de la actual gestión del subsecretario Agustín Tejera y del director de control agropecuario, Matías Canosa, quien recién ahora -luego de trascurrido un año- acaba de nombrar al Licenciado en Administración Marcos Juan Larralde como nuevo Director de Registro y Matriculación Agropecuaria. Es decir responsable del RUCA.
La superposición de exigencias se arrastra desde la gestión de Luciano Zarich y Gerónimo Sarría, que se autoproclamaban expertos en la materia, pero que sin embargo no pudieron o quisieron generar en cuatro años de gestión un vínculo fluido y necesario con la AFIP de su propio gobierno. Esto da pie a preguntarse si desde el Estado no hay una decisión justamente de mantener esta duplicación de controles, para poder tener en algún momento a las agroindustrias como rehenes de los funcionarios de turno.
Lo cierto es que hoy, pese a las promesas y anuncios del gobierno de Javier Milei, las pymes agroindustriales del sector granario deben gastar dinero en abogados y contadores que los asisten y los defienden del asedio de ARCA y la DNCCA. De este manera, esas empresas invierten tiempo y dinero que deberían destinar a producir más y mejor, en atender cuestiones que un gobierno que se jacta de simplificar, pero no simplifica.
