La Cámara de Diputados de Brasil completó esta semana la aprobación del proyecto de ley que regula el mercado de carbono en el vecino país. La propuesta es un incentivo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como para poner límites a la deforestación, y ahora pasa al presidente Lula para su aprobación definitiva.
El diputado Aliel Machado, impulsor de esta iniciativa, afirmó que la propuesta simboliza un hito crucial en la trayectoria brasileña hacia la sostenibilidad y el combate al cambio climático. “Tenemos la oportunidad de unir las dos principales agendas del país en una sola: la discusión económica y la agenda ambiental”, explicó.
La medida, votada en paralelo a la 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 29), en Bakú, que finalizará el viernes, habilita la posibilidad de la compra y venta de créditos de carbono. Es decir, aquellas empresas que emitan menos carbono. podrán vender sus créditos a quienes son los mayores contaminadores. La adquisición de áreas verdes y proyectos para incentivar la reducción de emisiones de carbono son también otras formas de negociación crediticia.
La propuesta también permite a los gobiernos estatal y federal vender créditos para áreas verdes en tierras públicas. Según el texto, los estados pueden vender créditos de carbono generados en terrenos privados o otorgados al sector privado, a través de proyectos allí establecidos, con autorización de la entidad privada, con la posibilidad de retirarse del proyecto público en cualquier momento.
Las comunidades indígenas tendrán derecho a los créditos generados en los territorios, menos del 50% en proyectos de eliminación de gases de efecto invernadero y del 70% en proyectos de preservación.
Pese a ser una ley claramente ambiental, no afectó al sector productivo, ya que todas las actividades, con excepción expresa de la agricultura, que superen el techo de emisiones de 10 mil toneladas anuales de carbono, deberán adquirir créditos. Cada crédito equivale a 1 tonelada de carbono.
La propuesta representa una victoria para el Palacio del Planalto, ya que el mercado de créditos de carbono es uno de los ejes del Plan de Transformación Ecológica del Ministerio de Hacienda. Peor también los fue para la bancada ruralista, ya que consolida la articulación del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) para eliminar a la agricultura de los objetivos de emisiones del mercado de carbono.
De hecho, el FPA celebró la votación favorable en diputados, por 336 votos contra 38, del Proyecto de Ley 182/2024, ya que ese bloque “trabajó para garantizar que la legislación mantuviera protecciones y garantías para todos los involucrados en la operacionalización del mercado de carbono. Es decir, los productores rurales, cuyas propiedades contienen una parte importante de los activos ambientales que pueden ser objeto de la constitución de créditos de carbono, tendrán sus garantías protegidas”.
Para el presidente de la FPA, el diputado federal Pedro Lupión (PP-PR), el mercado de carbono debe ser un aliado de la propiedad y no un problema, generando créditos que puedan venderse a quienes necesiten compensar sus emisiones. “De la misma manera, considerar a los productores como responsables de estas ventas es hacer justicia y garantizar los derechos de propiedad. La estructuración del mercado de carbono es una oportunidad para generar más ingresos a los productores y ayudar a preservar el planeta”, afirmó Lupión.
Los esfuerzos por mejorar el texto se centraron en los programas jurisdiccionales, que son la creación de créditos de carbono por parte del Poder Público (Unión y Estados), en áreas de propiedad y posesión privada. Con los cambios propuestos, el propietario del área tiene derecho a lo que ha conservado. Al mismo tiempo, el propietario tiene la salvaguarda de comunicar su salida del proyecto y acudir al mercado voluntario.
