Reproducimos una nota de Claudio Leiva, publicada en el Diario de Cuyo sobre el reclamo de los productores viñateros de San Juan para recuperar un edificio público que fue construido allá lejosy hace tiempo con dinero aportado por el sector. Hoy vale la friolera de 15 millones de pesos.
Enterados los viñateros de que en septiembre en el gobierno quieren tener listo y habilitado el nuevo edificio de la Obra Social Provincia, donde también va a funcionar la Junta Médica, volvieron con el reclamo por el inmueble de Central y Catamarca, donde ahora se desempeña esta última repartición y que hasta 1994 fue la sede del Consejo de Protección de la Producción Agrícola (CPPA), también conocido como el Agro. El argumento para llevar adelante el planteo es que la construcción, que está valuada en unos 15 millones de pesos según estimaciones privadas, fue levantada con dinero de los productores. La última vez que insistieron con el pedido fue en mayo del 2010, cuando incluso le presentaron una nota al entonces gobernador José Luis Gioja.
El Agro fue un organismo creado por ley en 1946 para dar cobertura a viñateros y productores olivícolas que sufrieran daños en sus cosechas como consecuencia de factores climáticos como granizo o heladas. Y se financiaba con el aporte del 5% sobre el total de la recolección de la producción del agricultor de cada año. Y con el argumento de que el edificio fue levantado con la plata que pusieron los agricultores, ahora insisten en que debe volver a sus manos.
“El edificio se hizo con los aportes del agro y sería justo que vuelva a sus dueños originales”, dijo Juan José Ramos, titular de la Asociación de Viñateros Independientes. Y con él coincidieron Eduardo Garcés, desde la Federación de Viñateros, y José “Catuco” Molina, referente de la Cámara de Productores Vitícolas.
Pero la posibilidad de devolución del edificio a los viñateros no está en los planes del Gobierno sanjuanino. Por el contrario, el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, dijo que cuando la Junta Médica, el organismo que controla las licencias por enfermedad, deje el inmueble, la intención es ocuparlo con oficinas de su ministerio. Son las que corresponden a la Dirección de Desarrollo Pecuario, que ahora están en la ex Cavic, pero que deben desocupar porque allí va a funcionar el Poder Judicial. Ahora también hay en la construcción algunas dependencias de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. El funcionario explicó que aun cuando el edificio no sea entregado para el manejo por parte de los productores, van a funcionar áreas que son de utilidad para el sector.
El planteo anterior de los viñateros fue porque en los planes oficiales estaba la intención de vender el inmueble como parte de un fideicomiso que incluía a otros 19 edificios, todos ubicados en Capital, y que habían quedado desocupados. El proyecto del gobierno era utilizar los recursos de la venta para financiar obras públicas, pero al final no se concretó.
¿Para qué quieren los viñateros el inmueble? Molina opinó que se podría hacer un museo de la uva y el vino que incluso podría servir como atractivo turístico porque está en pleno centro. Ramos planteó que hasta se podría reeditar un seguro agrícola con el aporte de los productores. Y Garcés sugirió que se podrían hacer oficinas para que usen las entidades de viñateros de la provincia y que las que no se ocupen se podrían alquilar para recaudar fondos para financiar el funcionamiento de las agrupaciones que los nuclean.
Fuentes del sector inmobiliario dijeron que, por su ubicación y la distribución de sus distintas dependencias, podría ser de gran interés en el sector privado, para subdividirlo y hacer oficinas que se podrían alquilar.
Un poco de historia:
Con la destrucción de la mayoría de los edificios de la ciudad por el terremoto de 1944, uno de los edificios que surgió con la reconstrucción edilicia fue el del Agro, que fue concluido en 1961, mientras que el de Obras Sanitarias recién se terminó al año siguiente.
Desde ese momento fue ocupado por el Consejo de Protección de la Producción Agrícola, creado mediante la Ley 1.024 de 1946. En la práctica era un seguro agrícola para resarcir al productor que había sufrido daños en sus cosechas por efecto del granizo o de las heladas.
Pero en la década del ‘90 grupos de productores empezaron a quejarse con el argumento de que el seguro era muy caro y de que, a cambio, el pago era escaso cuando había siniestros en los parrales o en los cultivos de aceitunas. Así fue que en 1993 se llamó a un plebiscito y casi el 80% de los consultados votó por la disolución, que se produjo en 1994.
