Trazabilidad individual de los bovinos: Nunca más cierto aquello de que “las penas son de nosotros (en este caso las deudas) y las vaquitas son ajenas”

Desde que se inició el gobierno de Javier Milei, primero de la mano del despedido secretario Fernando Vilella y ahora con el nuevo secretario Sergio Iraeta, ligado familiarmente al poderoso secretario de coordinación Juan Pazo, la Secretaría de Agricultura amaga con establecer la obligatoriedad de una trazabilidad individual de los bovinos a partir de 2025.

Todavía la letra chica de la resolución no se conoce y está siendo sometida a constantes retoques. La información es escasa y el propio gobierno que pone una curiosa insistencia en adoptar este sistema de identificación individual electrónica de los bovinos no brinda ninguna justificación pública sobre el cambio de sistema. Eso motiva que desde algunos medios políticos (sucedió con esta pésima nota de LPO) se sugiera que hay corrupción detrás y se señale con un dedo de sospecha hacia el secretario Pazo.

Por cierto, la falta de conferencias de prensa en Agricultura, donde se pueda preguntar y evacuar dudas por parte del periodismo, es el caldo ideal para que nazcan estas sospechas. Entonces que se jodan si surgen este tipo de sospechas, todavía sin fundamento cierto.

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¿En qué consiste el plan oficial? Por ahora solo se sabe que a partir del año próximo todos los terneros deberán -al momento de ser vacunados contra la fiebre aftosa- comenzar a portar en una de sus orejas una caravana plástica que alberga un chip que almacena un código de identificación individual, que es el mismo que llevan ahora las caravanas plásticas. Es como si cada bovino llevara una copia digital de su DNI en el celular. Aunque significa un progreso, sin duda, la medida no le modificará la vida a nadie. Y menos a la vaca.

Lo que sí se sabe es que hay unos pocos proveedores de esa tecnología, y que es de origen importada (las caravanas electrónicas no se producen en el país). También se sabe que Vilella comenzó hablando en enero pasado de un valor de 1 dólar por caravana y ahora las cotizaciones en el mercado “voluntario” no bajan de 1,5 dólares.

Como en la Argentina nacen unos 15 millones de terneros por año que requerirán de su nuevo DNI, la cifra del negocio puede llegar a ser de 20 millones de dólares al año. Y eso sin contar con la venta de bastones para leer los microchip en las magnas. Los “chinos” cuestan de 300 a 500 dólares. Los “buenos” de 800 a 1.000. igual que un celular de marca.

Juan Pazo se come operaciones que lastiman su honorabilidad, pero lo cierto es que la falta de justificación oficial es apabullante. Entonces nacen las sospechas. Nadie desde Agricultura ha esgrimido una justificación técnica sólida y mucho menos han salido los funcionarios libertarios a contestar las críticas de prácticamente todos los ganaderos del norte del país, que dicen que hay prioridades ,mucho más urgentes y que ya existe un sistema de trazabilidad por lotes que garantiza las exportaciones de carne. La industria frigorífica exportadora tampoco ha reclamado por un nuevo sistema de identificación individual. ¿Entonces?

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Pero el principal argumento de las sociedades rurales del norte, especialmente las enroladas en CRA, es casi filosófico: ¿Por qué razón un gobierno que hace supuesto culto de la libertad está imponiendo a los ganaderos un sistema de identificación que ningún mercado reclama? Y en todo caso, ¿por qué los productores no pueden decidir por ellos mismos (como en el caso del Visec) cumplir las exigencias de cada mercado? Esa es quizás la pregunta que es más difícil de contestar para los funcionarios liberales que acompañan a Milei. Quizás por eso guardan absoluto silencio.

Lo poco se se sabe es lo que comunica el propio Pazo a los involucrados. La semana pasada los referentes de entidades agropecuarias se reunieron con el secretario de Coordinación Productiva y, según anticipó Bichos de Campo, el mensaje oficial fue que era una decisión tomada la de avanzar con la identificación electrónica y que el chip se aplicaría a todos los terneros al momento de la vacunación contra la fiebre aftosa desde el 2025, proceso que se extendería al menos hasta 2028.

Pazo explicó también que el dinero para pagar el chip estará a cargo del Estado, que consiguió para eso un préstamo del Banco interamericano de Desarrollo (BID). Añadió que la compra se hará por licitación (lo que aleja el riesgo de una posible intermediación corrupta, sobre todo si hay un banco internacional de por medio) y que el costo sería de 70 centavos de dólar. Es la mitad de lo que cotizan actualmente los proveedores por esa tecnología.

Si este fuera el escenario final, ha sido tan patética la actuación del plantel económico de La Libertad Avanza en este asunto que merecería nuevas y más profundas explicaciones.

Por cierto, los funcionarios de Agricultura arrancaron todo este proceso diciendo que tenía que ser el productor quien asumiera el costo, porque como dice el presidente Milei eso significaría el “fin del Estado presente”. Pero ante las primeas resistencias de los ganaderos, después pensaron en subsidiar el costo del chip para aquellos propietarios de hasta 50 cabezas, Para eso desde la nueva gestión de Agricultura liderada por Iraeta  mendigaron dinero del IPCVA (que maneja plata del propio sector) pero que se quedaba muy corto. Como hubo resistencia, viraron ahora hacia la posibilidad de usar un crédito del BID y posiblemente apunten a subsidiar la compra de las caravanas electrónicas para todo el rodeo. Los detalles, repetimos, no se conocen.

Que se utilice un crédito internacional a largo plazo para comprar un insumo de uso obligatorio para los ganaderos (sean grandes, medianos o chicos) implica que todos los argentinos nos endeudaremos para solventar la implementación de una política pública para un sector específico, que si tuviera un beneficio para la Argentina toda no ha sido bien explicada nunca. De nuevo, Pazo e Iraeta (como Vilella antes) creen que pueden pasar por la función pública sin brindar justificaciones sobre sus actos.

Si la plata la vamos a poner entre todos los argentinos (eso es lo que significa “un crédito del BID”) corresponde todavía más intensamente que esos funcionarios digan claramente para qué le sirve a la Argentina contar con un sistema de identificación electrónica individual de sus bovinos. En conferencia de prensa, y bajando el copete ante las preguntas de los periodistas.

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Como Pazo e Iraeta callan, suele suceder que los dirigentes rurales, en vez de reclamar explicaciones a los funcionarios, a veces se prestan a actuar de voceros involuntarios de los funcionarios. Sucedió de nuevo en este caso, cuando Elbio Laucirica, el titular de Coninagro, contó que el nuevo sistema de chipeo electrónico “permitirá avanzar en el acceso a un mercado de la carne demandante y selecto, como Japón y Corea, que la pagan muy bien pero exigen trazabilidad. Además tiene ventajas en el seguimiento técnico productivo de la producción de carne”.

Por cierto, el de la apertura de mercados de alto valor es el principal argumento de quienes empujan esta trazabilidad individual dentro del Gobierno. Uruguay tomó la decisión de identificar a cada uno de sus vacunos a principios de milenio y por eso le ha ido bastante mejor que a los otros países ganaderos de la región en materia de apertura de mercados. Y por eso los otros socios del Mercosur están avanzando en el mismo sentido: Paraguay ha convocado a una licitación y en Brasil están redactando el pliego para adquirir las nuevas caravanas.

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La promesa de abrir mercados como Japón o Corea, que siempre se mantuvieron en el circuito no aftósico, también aparece detrás. Uruguay ya puede vender carne vacuna a Japón a pesar de que sigue vacunando a su rodeo, y eso -según esta explicación- sucede porque puede asegurar una correcta trazabilidad de cada uno de sus animales. Otra ventaja es que Uruguay puede exportar Cuota Hjlton sin restricciones a la Unión Europea, mientras que aquí no se puede para ese cupo usar hacienda que haya pasado por mercados concentradores, como era Liniers antes y Cañuelas ahora.

“Por otro lado, si querés dejar de vacunar en algún momento, la única forma es tener todo identificado y sabiendo dónde está la hacienda”, dijo un técnico estudioso del asunto, que cree que en algún momento la Argentina debe dar también este paso.

Estos argumentos, que Pazo, Vilella o Iraeta escondieron no se sabe por qué razones, quitan un poco de la oscuridad que rodea todo este proceso, que podría ser virtuoso si es manejado de modo más transparente. Todo lo contrario de lo que sucedió hasta ahora, cuando aparece todo vidrioso justamente por las constantes idas y vueltas de las autoridades, que empezaron proclamando la “libertad de mercado” y ahora sucumben a usar un crédito internacional que pagaremos todos para un negocio que parece para pocos.

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Debe quedar claro que el crédito del BID, en caso de ser de utilidad para habilitar nuevos mercados y dar un salto de calidad en la información ganadera, deberá ser cancelado por cada uno de los habitantes de un país que ya está endeudado hasta las verijas, empobrecido al mango, y que por eso enfrenta una caída de consumo de carne histórica. Los que hoy resignan poner un bife en sus platos, un osobuco en su guiso, los que siempre han sido los principales clientes de los ganaderos y frigoríficos, son quienes terinaremos pagando esa nueva deuda.

Nunca más cierto aquello de que “las penas son de nosotros (en este caso las deudas) y las vaquitas son ajenas”.