El ex secretario Fernando Vilella se enojó mucho con Bichos de Campo cuando publicamos que un informe oficial reconocía el desmantelamiento casi total de los controles electrónicos a molinos y frigoríficos, tal cual reconocía un expediente oficial. Incluso despidió a dos abogadas de carrera de la Secretaría de Agricultura acusándolas de filtrar a la prensa ese documento, lo cual no era cierto. Pero a los funcionarios responsables de que esos controles no funcionaran bien los mantuvo trabajando a su lado.
Ya es anécdota: con ese gesto Vilella demostró ser una mala persona y por suerte ya está fuera de la función pública.
Pero los controladores siguen ahí, y son cada vez más necesarios en una economía donde los índices de marginalidad y competencia desleal siguen creciendo. La nueva gestión de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA) incluso está anticipando a las cámaras de la industria molineras su intención de reflotar esta línea de política pública en los próximos meses. Los molinos formales lo reclaman a gritos: dicen que la molienda en negro trepó a más del 30% del total.
Por eso Bichos de Campo sigue indagando y preguntando: ¿Quién controla a las empresas encargadas de prestar servicio técnico a los molinos que tienen instalado esos controladores electrónicos de molienda? Porque pese a que el Estado desatendió estos años su responsabilidad en el sistema, años atrás todos los molinos se vieron forzados a colocar costosos equipamientos que siguen enviando datos.
Los controles de Agroindustria: “Vamos a tener más camaritas que la Municipalidad de Tigre”
Como herramienta de monitoreo, el Controlador Electrónico de Molienda de Trigo (CEMT) apareció durante la gestión de Mauricio Macri, con la Resolución 84/2018, para intentar un reemplazo del caduco “caudalímetro”. Se trata de un instrumento de medición de molienda de trigo en tiempo real, que debía instalarse forzosamente en todas las plantas harineras. El equipo consta de una balanza y medidores de consumo eléctrico. Esta combinación le permite saber al Estado cuánto trigo se procesa y cuánta energía se consume en el proceso de molienda. Fueron esos equipos los que siguieron enviando información todo este tiempo, aunque en el anterior gobierno nadie le prestara atención.
Desde el inicio de este proceso y hasta la actualidad son ocho las empresas las que cumplieron con los requisitos impuestos por la ex ONCCA y que fueron autorizadas a colocar y prestar el servicio de mantenimiento de los CEMT en las casi 160 plantas de molienda habilitadas en el país.
Como corresponde, los datos de estas empresas proveedoras se encuentra publicadas en la web de la Secretaria de Agricultura.
De las 8 que componen el padrón de firmas autorizadas, hubo una que picó en punta desde el inicio de este proceso porque ofrecía un producto que cumplía con lo normado. Sacó ventaja porque era menos costosa que las demás, aunque detrás de ese supuesto beneficio escondía algunas cuestiones de riesgo para los molinos y para el Estado que no había manera de imaginar en los comienzos. Pero empezaron a verse.
CENSA Ingeniería es el nombre de fantasía de una de esas empresas. Su CUIT remite a un trabajador autónomo de Bahía Blanca que primero se registró en AFIP en el rubro reparación de autos y motocicletas y recién en 2019 incorporó como actividad principal la reparación de equipos especiales de medición. Con una muy modesta infraestructura, esa empresa colocó CEMT en 77 de las casi 160 plantas de molienda, principalmente en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. No resulta exagerado decir entonces que dispone de la información de molienda del 50% del trigo que se transforma en harina en la Argentina.
Lamentablemente en su página web, la firma no informa el detalle de esos molinos, que figuran como colectivo entre otros supuestos clientes para sus equipos de medición.
Hasta la llegada del ex subinterventor estatal en Vicentin, el contador Luciano Zarich, a la conducción de la DNCCA (en marzo de 2021, para volver a imponer cupos a la exportación de carne), CENSA Ingeniería era un operador más del sistema. Según los testimonios recogidos, hasta ese momento había abarcado demasiado y empezaba a tener problemas de soporte técnico básicamente porque no tenía suficiente estructura para atender todos los equipos que había instalado en la etapa de la puesta en marcha del sistema. Nada grave y que no se pudiera ir corrigiendo.
Pero llegó Zarich y con él se decidió la delegación del sistema en el coordinador general de la DNCCA, Gerónimo Sarria, a quien todavía la actual gestión (Vilella mediante) mantiene trabajando dentro de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios.
Este funcionario -que admitió el desmantelamiento de gran parte del centro de monitoreo que recibía la información de los controladores electrónicos a molinos, de lo cual ya informamos-, fue quien por acción u omisión le permitió a la empresa CENSA a forzar a las empresas que se encontraban bajo su tutela a suscribir un contrato especial para asegurarse algo así como el cobro de un canon por el “mantenimiento preventivo”, permanente e irrevocable de los equipos. Este tipo de acuerdo no existe en el resto de las empresas proveedoras, y de cierto modo mantiene a las empresas cautivas de ese proveedor.
¿Cómo funciona? Si las empresas que habían colocado el CEMT con esa empresa no pagaban a tiempo por el servicio de mantenimiento regular de los equipos (tal como sucede con el ascensor de un edificio), esta firma tenía derecho de notificar a la DNCCA de esa situación. Es decir que que por falta de pago del mencionado contrato se dejaba de atender el equipo, exponiendo a las empresas ante el Estado. La firma no tenía autoridad para hacerlo, más que la que las nuevas autoridades le empezaban a tolerar.
Bichos de Campo pudo acceder al contrato modelo que muchos molineros se vieron obligados a suscribir con CENSA Ingeniería. Algunos párrafos de ese documento son elocuentes respecto de la posición ejercida por dicha empresa y también exponía el peligro de una eventual connivencia entre ese proveedor y los propios molinos a cambio de dinero, una situación que el Estado debiera impedir o al menos regular celosamente.
Esos contratos dicen, a modo de ejemplo:
- “Los servicios serán solicitados cuando el operador detecte que algo está fuera de los parámetros normales. Nosotros de todas maneras a los clientes que cumplan con el mantenimiento en tiempo y forma podremos hacerle un seguimiento de los equipos y les podremos informar de anomalías detectadas, pero queremos dejar en claro más allá de nuestra buena voluntad, la responsabilidad del control es del pura y estricta responsabilidad del operador”.
En este párrafo se alude concretamente al precontrato de mantenimiento y se advierte que a quienes cumplan con el arancel se los notificará de anomalías (por ejemplo que el equipo dejó de remitir la información a los servidores de la DNCCA) que podrían constituir una falta.
Al menos tres de los molinos consultados para esta nota han manifestado haber recibido intimaciones desde la Secretaría de Agricultura casi de inmediato en ocasión de haberse atrasado en el pago del arancel bimestral impuesto por esa empresa proveedora. Otros han tenido problemas para ingresar al sistema. Sin embargo, aquellas empresas que cumplen y depositan ese arancel a la empresa proveedoras nunca tuvieron problemas.
Como telón de fondo, el incumplimiento de la Resolución 84/2018, que es la que ordenó a los molinos instalar los CEMPT y mantenerlos operativos (más allá de que el Estado después no utilice esa información para sancionar la informalidad) es una falta pasible de suspensión de la matrícula del RUCA. Y eso implicaría el cierre temporal de las plantas de molienda.
- “Los mantenimientos se facturarán en forma bimestral a un valor mensual inicial de $70.000 + IVA ajustables según el índice IPC en forma bimestral y la forma de pago deberá ser como máximo de 15 días de fecha de factura. Ese monto es para los molinos que paguen en tiempo y forma”.
- “IMPORTANTE: el pago del canon mensual fuera de fecha, nos verá obligados a realizar el ajuste en el bimestre siguiente en función del atraso. Rogamos enviar comprobantes de pago”.
Otro párrafo del contrato luce extorsivo, pues aquí aparece el concepto de “mantenimiento preventivo” y su costo fijo y permanente.
- “Costo mantenimiento preventivo: Costo fijo $100.000 más adicional de 0,2 litro de nafta Infinia valor YPF por cada Kilómetro recorrido, con un mínimo a facturar de $200.000 para molinos que no superen ese monto. Los montos fijos están referenciados a enero de 2024 y serán ajustados por IPC”.
- “Costo mantenimiento exclusivo: Costo fijo $100.000 más adicional de 0,3 litros de nafta Infinia valor YPF por cada Km recorrido, con un mínimo a facturar de 200.000 para molinos que no superen ese monto. Al igual que en los mantenimientos preventivos dichos valores de monto fijo se ajustan según el IPC”.
Continúa el contrato de referencia con una alusión a la obligatoriedad de mantener al día al pago de todo tipo de aranceles.
- “En caso de un atraso en el pago del canon de un mes se notificará por escrito y si éste continúa por el término de otro mes, se cancelará este contrato sin previo aviso y se avisará a la DNCCA que Censa no se hace responsable del mantenimiento del CEMT.”
De esta manera concluye el contrato del operador de mantenimiento que supervisa los CEMT de la mitad de los molinos del país. A ocho meses de gobierno de Javier Milei, los funcionarios que permiten el comportamiento abusivo desde esa empresa continúan en la toma de decisiones.
Si bien normativamente los molinos pueden cambiar de empresa de mantenimiento, según las fuentes de la industria consultadas este operador en particular no libera los equipos, de manera que para cambiar de empresa también hay que cambiar de equipo, con un gasto difícil de enfrentar porque implica el desembolso prohibitivo de otros 20.000 dólares en un nuevo controlador.
Si ya suena incómodo que el Estado delegue el control de la mitad de los controladores de molienda en una empresa con poca estructura (la página web declarada no funciona, la nueva fue creada en 2022 y tiene nula información), la existencia de un contrato impuesto por este proveedor a los molinos, sin regulación ni arbitraje por parte de la DNCCA, resulta más notable todavía.
Agrava las cosas que la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario nunca terminó de reglamentar la Resolución 84/2018, con lo cual cualquiera de estos operadores de mantenimiento puede fijar los términos en los que realizará sus tareas inherentes de control en los equipos.
El círculo que se cierra es peligroso y atenta contra el sistema de control de manera directa: Si por hache o por be un molino no paga el canon de mantenimiento, las fuentes consultadas dicen que el equipo puede llegar a “romperse” y el organismo regulatorio suspende la matrícula.
Hace unos meses, Bichos de Campo contó sobre la existencia de 7 molinos pymes multados o suspendidos del RUCA porque sus CEMT no remitían datos al servidor de Agricultura. Estas Pymes, afectadas de manera directa por la ex ONCCA, tienen instalados equipos de CENSA Ingeniería y cansadas de pagar por una contraprestación que no se les brindaba, resolvieron dejar de hacer frente al canon obligatorio de mantenimiento impuesto por esta empresa.
A casi 8 meses del nuevo gobierno resulta difícil pensar que las nuevas autoridades ignoren esta circunstancia, tan injusta sobre todo para la otra mitad de los molinos que no tienen equipos de CEMSA Ingeniería sino de cualquiera de las otras siete empresas proveedoras, las que no cobran ningún cargo fijo por mantener los equipos funcionando correctamente.
