En la era de la gobernanza y los anuncios twitteros, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sin dudas se ha vuelto uno de los personajes más destacados del gobierno.
Por desgracia, en muchos casos su notoriedad deviene de la falta de datos concretos que apuntalen los anuncios que realiza –que son repetidos y vitoreados en loop por usuarios de redes sociales-, y el caso del cierre del Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina es un claro ejemplo de esto.
“Se ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). Este fondo manejaba 3.000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia”, publicó ayer el funcionario en X, pasadas las 10 de la noche.
Por desgracia, entre los más de 600 comentarios nadie se atrevió a preguntarle de dónde obtuvo esa cifra, que poco tiene de cierta. Tampoco se le preguntó por la evidencia que respaldara la falta de transparencia denunciada, que hoy Economía justificó, a través de un comunicado, en los resultados de una supuesta auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de la que tampoco se tienen datos.
Pero vayamos por partes. En primer lugar hay que decir que el FRAO, creado mediante la Ley 25.422 de “recuperación de la ganadería ovina”, que fue sancionada en 2001 y extendida en 2021 por la Ley 27.646, nunca recibió asignaciones anuales de la Administración Pública nacional por 3.000 millones de pesos.
Desde la sanción de la ley que fijó su extensión, hasta el año pasado –que fue el último año en que se cobró el mismo-, la asignación de fondos no superó el monto dispuesto de 850 millones de pesos para el último ejercicio.
De hecho, en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2023, se determinó que los fondos para el año 2023 serían los siguientes:
“La Ley ovina fue aprobada hace 20 años atrás, como bien dicen, con fondos por 20 millones de dólares anuales. Ese monto hoy sería de 20 mil millones de pesos anuales al tipo de cambio oficial. En su última versión, la ley establecía fondos anuales por 850 millones de pesos. Eso está en las actas de lo que se otorgó a cada provincia. A eso se suma para cada provincia los recuperos de las cobranzas de los créditos anteriores, pero nunca va a llegar a los 3.000 millones. No hay aporte por 3.000 millones”, explicó a Bichos de Campo Osvaldo Luján, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Chubut, la provincia con la mayor cantidad de existencias ovinas del país.
El productor explicó a continuación que la forma en que esos fondos eran distribuidos entre los productores, permitía confirmar que la erogación era de entrada muy escasa y no alcanzaría para verdaderamente solucionar los problemas que enfrentaba esa economía regional.
“De los 850 millones de pesos, a la Patagonia, que tiene aproximadamente el 55% de los ovinos del país y produce casi el 98% del total de la lana fina que es la que se exporta, le correspondían aproximadamente 300 millones de pesos. Teniendo en cuenta que existen unos 9.000 productores en esa región, hablar de 300 millones supone unos 30 mil pesos por productor. Esto es para darle la significatividad al tema”, detalló Luján.
Ahora bien, salvado el tema de los fondos, la cuestión que generó ruido en el sector fue la acusación de falta de transparencia, principalmente por dos razones.
La primera es que el gobierno nacional siempre formó parte de los espacios fiscalizadores, por lo que si hubo personas que realmente se beneficiaron de sobremanera, eso se debe a una falla del propio estado.
De hecho, las rendiciones de los fondos destinadas en los últimos ocho ejercicios están publicadas en la propia página web de la Secretaría de Agricultura. Difícilmente haya programas nacionales que saquen sus pagos a la luz como hacía este.
La segunda tiene que ver con la falta de publicación de la supuesta auditoría realizada, a partir de la que el Ministerio de Economía aseguró haber encontrado las siguientes irregularidades: “falta de fiabilidad en el manejo de la información del universo de beneficios aprobados; la incierta la cantidad de acreencias del fondo; la debilidad en el recupero de los aportes reintegrables; la inexistencia de sanciones a beneficiarios incumplidores; fallas en el control y ejecución de los proyectos; debilidades en las compras y contrataciones; ausencia de documentación de respaldo, falta de control en las rendiciones de cuentas; entre otras”.
“El cierre del FRAO se enmarca en la decisión del Gobierno Nacional de promover la transparencia de la función pública, el acceso a la información y desarticular sistemas o régimen que puedan favorecer nichos de corrupción estatal”, señalaron luego desde esa cartera.
¿Pero cómo funcionaba la estructura de fiscalización?
“Había una estructura a nivel nacional y estructuras a niveles provinciales. A niveles provinciales, ellas estaban conformadas por organismos técnicos como el INTA y SENASA, los ministerios de producción y los productores. O sea que había una mesa de definiciones donde estaban involucrados todos los interlocutores válidos. Esto hacía que los proyectos aprobados tuvieran realmente una evaluación correcta. Todo eso se sumaba a la evaluación que se realizaba a nivel nacional, que tenían controles legales y administrativos”, señaló Luján.
“Si existió falta de transparencia, que nos digan dónde, cómo, y que nos den nombres y apellidos, porque realmente tenemos seguridad de haber hecho las cosas bien entre los distintos organismos que formamos parte, tanto del sector privado como del sector público. En Patagonia por los desfasajes de los diferenciales de cambio, producto de políticas económicas que no dependen de los productores el sector ha tenido rentabilidad negativa. Esta ley ovina suplió en parte esa deficiencia y acompañó a los productores a mantenerse en pie. No hizo nada más que eso”, agregó el ruralista.
En este punto hay que decir que la cancelación del FRAO no generó sorpresas en el sector, porque había sido previamente anunciado por Juan Pazo y el área de ganadería de la subsecretaría a los ruralistas patagónicos durante una reunión realiza el pasado 3 de mayo, pero adelantando que habría compensaciones a cambio en forma de créditos.
-¿Tuvieron alguna comunicación del gobierno después de esa reunión mostrando que pondrían en marcha las herramientas prometidas?- le preguntamos a Luján.
-Estamos en tratativas. Ellos ofrecieron un crédito de mil millones de pesos para Patagonia, para compensar esto a través del BICE. Estamos trabajando hoy con la Secretaría de Ganadería sobre esto, no es que hemos dejado de conversar. Lo que comenzamos con Vilella, hoy lo estamos haciendo con Iraeta y con su gente. Con el cambio de autoridades cambiamos también las conversaciones. Seguimos discutiendo una posibilidad de financiamiento para lo que es la producción ovina en Patagonia.
-¿Qué efecto tendrá en esa región que los fondos del FRAO finalmente no lleguen?
-Para darnos una idea de lo que son los valores, la pérdida de ganado ovino y producción de lana estimada solamente en Chubut por esta emergencia agropecuaria, no va a ser menos de 12 a 15 mil millones de pesos. Si comparamos eso con una ayuda financiera de 150 millones que obtiene Chubut (de los 300 millones destinados a toda la Patagonia), la verdad que no es una herramienta que nos sirva ante esta situación. Lo que sí tenemos que buscar es un plan de desarrollo integral para la Patagonia, que tenga el financiamiento necesario y que permita que la producción sea sustentable.
-Cree entonces que el dinero de este fideicomiso no iba a solucionar de por sí la situación patagónica, pero en algo ayudaba me imagino.
-Totalmente. Desde ya que ayudaba. Había una parte que hacía la ley, que era dar financiamiento a grupos de productores chicos que se agrupaban y que obtenían créditos para trabajar en conjunto. Para dar una idea, Agricultura Familiar en nuestra provincia participaba de esta comisión también de trabajo. Es decir que no solo involucraba a medianos y grandes productores sino también a lo que era la Agricultura Familiar.
-Un productor que recibía dinero de este fideicomiso, ¿a qué lo podía destinar, por ejemplo?
-En cada provincia estaban determinados los objetivos. Por ejemplo, en Chubut el objetivo podía ser todo lo que era mejora predial, mejora de instalaciones, genética, capacitación. Se trataba de financiar más que nada la mejora de los sistemas productivos, como poder capacitar en lo que es bienestar animal, sistema de esquina Prolana, entre otras cosas. Cada año se buscaba cuál era el objetivo que se quería conseguir.
-¿La plata les venía llegando hasta ahora en tiempo y forma? ¿El fideicomiso venía funcionando bien?
-Sí, hasta el año pasado, sí. Este año ya no existió. Además, en algunos casos como el nuestro, cobrábamos intereses. Cada provincia podía hacerlo, pero cuando a nivel nacional se dio la posibilidad de que se cobrara una tasa que era menor al 50% de la tasa del Banco Nación, por ejemplo, nuestra provincia cobraba intereses por los préstamos y se seguía devolviendo.
-¿Cree finalmente detrás de esta decisión hay un desconocimiento de las autoridades nacionales de cómo funciona el sector ovino en Argentina?
-Hay que corregir cosas y en eso estamos totalmente de acuerdo. Hay que mejorar todo lo que se pueda mejorar. Lo que no hay que hacer es generalizar. La ley ovina no era un fondo fiduciario más. La Ley Ovina era una herramienta que daba la posibilidad a un sector de poder contar con el capital necesario como para suplir otras falencias. A veces hay que tomar conocimiento real con las informaciones que correspondan. Vuelvo a repetir: creo que es una herramienta que fue tratada transparentemente y así lo hemos informado con informes de los últimos 10 años a las nuevas autoridades.
-Entonces eso deja ver cierto desconocimiento, o al menos la falta de las averiguaciones correspondientes
-Totalmente, sí.
Fin.
Tierra arrasada, parece ser el plan de éste gobierno… Ojalá podamos renacer con mayor fuerza de ésta que nos toca… Demasiado centralismo porteño, demasiada gente malviviendo en las ciudades, y el campo y el campo el campo esperando…