En un comunicado, la Mesa de Enlace informó que sus integrantes solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad de la Ley VIII-103 de la Provincia de Misiones, por la cual se prohíbe el uso de glifosato en todo el territorio provincial, además de promover el uso de insumos de origen biológico. Esta movida había sido anunciada en soledad por la Sociedad Rural Argentina, pero ahora se plegaron Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro.
“La venta y uso del glifosato se encuentra autorizada en todo el país por las autoridades nacionales competentes. Por ello, la ley provincial que prohíbe su uso viola diversas normas federales que regulan la materia desde hace más de cincuenta años”, es el razonamiento de los dirigentes rurales.
Entre las leyes que se ven colisionadas por la ley misionera citaron el Régimen de Sanidad Vegetal (Decreto/Ley 3489/58), el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal (Decreto 5769/59) y la Ley de Declaración de Interés Nacional de la Sanidad de los Vegetales y Animales (Ley 27.233), además de “las distintas reglamentaciones emitidas por las autoridades nacionales a lo largo de más de cuatro décadas”.
De allí la presentación ante la Corte Suprema de la Nación y no ante la justifica provincial. “Esta violación de la normativa nacional por parte de la Provincia de Misiones, afecta el principio de supremacía del derecho federal (artículo 31 de la Constitución), desconoce las competencias del Congreso de la Nación para regular el comercio interprovincial (artículos 75 inciso 13) y disponer todo lo conducente a la prosperidad y desarrollo del país”, indicaron los dirigentes rurales, que además sienten que se vulnera el derecho de propiedad y las libertades de comercio e industria de los productores rurales.
Como sea, la Mesa de Enlace se atribuyó la defensa corporativa de los productores misioneros que, en un plazo de dos años, se verán impedidos de utilizar en sus planteos el más difundido de los herbicidas, no solo en el plano local sino a nivel global. La Ley Misionera, más que inconstitucional, es bastante berreta, porque entre sus artículos de promoción de los bioinsumos -algo con lo que todos parecen estar de acuerdo- esconde esta prohibición contra un agroquímico emblemático por los ataques de los ambientalistas. La verdadera truchada es que no dice nada sobre insumos químicos mucho más peligrosos por su toxicidad que el glifosato.
Las cuatro entidades del agro reaccionaron con más vehemencia incluso que la que puso de manifiesto la Cámara de fabricantes de agroquímicos, los distribuidores o las empresas que importan y formulan ese principio activo en el país. De hecho, la Mesa de Enlace habla en su comunicado de “la existencia abrumadora de pruebas sobre la seguridad que presenta el uso del glifosato”, cuando esto tampoco es absolutamente cierto. Por el contrario, hacen falta estudios más rigurosos por parte del Estado Argentino (y no de los ambientalistas, como sucede hasta ahora) que determinen que el uso masivo de este herbicida sea inocuo para el medio ambiente y la salud de las personas a largo plazo.
Pero contra la mediocridad de la política misionera, los dirigentes del agro se han puesto la camiseta de un club rival.
“De acuerdo con el informe publicado en el año 2016 por la Reunión Conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR, por sus siglas en inglés), el glifosato, además no es cancerígeno, no provoca daños ni cambios en el material genético, no afecta al sistema nervioso, no provoca malformaciones y tampoco tiene efectos sobre órganos específicos tanto en exposición única o en exposición repetida”, se destacó en el comunicado.
“El conflicto que debe resolver la Corte Suprema no es un problema científico sobre las características de este producto, sino estrictamente jurídico. La República Argentina es un sistema federal en el cual las provincias no pueden entorpecer el comercio interprovincial o internacional, ni interferir o alzarse contra políticas generales adoptadas por el Congreso en pos del desarrollo integral de la Nación”, argumentaron.
En ese sentido, los ruralistas denunciaron que “la Provincia de Misiones impide, en forma absoluta, el uso de un producto autorizado para su venta y comercialización por el Estado Nacional”. No se recuerda que hayan reaccionado con tanta vehemencia cuando la propia Misiones establecía una suerte de tasa de exportación o “retención provincial” a los productos que salían de su territorio.
