El 9 de abril de 2014. el ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires; Mauricio Macri, recibía a los líderes de la Mesa de Enlace y les presentaba una “Propuesta de Política Agropecuaria 2015/19” para el caso de que fuese elegido presidente de la Argentina al año siguiente.
Eso finalmente sucedió y han pasado tres años efectivos de gobierno macrista. Es buen momento entonces para recordar qué decían esos “13 puntos” que Macri prometía aplicar como un shock de confianza hacia el sector agropecuario. Y por supuesto, para analizar cuál ha sido el grado de cumplimiento de aquella “Propuesta de Política Agroindustrial 2015-2019″, que había sido elaborada por especialistas del PRO llegados allí desde el GAPU-Agro y la Fundación Pensar.
1) Apertura de las exportaciones y eliminación de los ROE:
Este punto puede darse por cumplido. Los Registros de Operaciones de Exportación (ROE) a la carne, los lácteos y los granos se eliminaron y se liberaron de trabas todas las operaciones de exportación de mercaderías agropecuarias ni bien Macri asumió en su cargo, a fines de 2015. Además se eliminó la UCESCI, sucesora de la ex ONCCA que administraba los ROE y dependía del Comercio Interior.
2) Competencia y transparencia en el mercado interno de productos e insumos agroindustriales, que incluye la eliminación de precios sugeridos, cuidados o máximos y la eliminación de las “intervenciones o injerencias arbitrarias”.
Se puede considerar por cumplido aunque con algunos reparos. En efecto se dio de baja la política de precios sugeridos e “intervenciones” de funcionarios como Guillermo Moreno en los mercados, pero no se eliminó por completo el programa “Precios Cuidados”. Además no hubo avances concretos que aseguren la “!transparencia” en el proceso de formación de precios en algunas cadenas, especialmente la láctea y en las economías regionales.
3) Reducción y eliminación de derechos de exportación de todos los granos y cereales y sus subproductos, de los productos de las economías regionales y de todas las carnes. Para el PRO, estos derechos son “impuestos distorsivos”.
Incumplida. Se podía dar por cumplida esa promesa electoral hasta hace pocas semanas, cuando debido a la crisis económica regresaron las retenciones a los granos y productos del agro que habían sido eliminadas en diciembre de 2015. Las neo-retenciones tienen otro formato (se cobran 3 o 4 pesos por dólar exportado) y no tienen el peso de otras etapas históricas, salvo para el caso de algunas economías regionales que ahora tributan más que antes. En el caso de la soja y sus derivados, que nunca dejaron de tener retenciones, ahora quedaron en un nivel elevado de entre 28 y 30%, y podrían subir hasta el 33% según el proyecto de Presupuesto 2019.
4) Reducción general de los niveles de presión tributaria efectiva.
En sintonía con el punto anterior, la presión fiscal sobre los productores de granos cayó mientras duró la eliminación de retenciones, pero según el Índice elaborado por FADA, volvió a ubicarse en renglones muy elevados (los impuestos se llevan más del 60% de la rentabilidad de una empresa agrícola) a partir de la reimplantación de los derechos de exportación. A la par, hubo un intento de reforma fiscal que ahora está revisándose, y que postergó la rebaja de otros impuestos pesados para el sector (en especial Ingresos Brutos cobrados por las provincias), para luego de finalizado el primer mandato de Macri. En resumen, este punto parece Incumplido.
5) Amortización acelerada de inversiones.
No se ha implementado ningún régimen específico para apuntalar las inversiones en el sector agropecuario, y mucho menos mediante un sistema de amortización acelerada de inversiones.
6) Simplificación de la normativa y reglamentación impositiva.
Puede darse por cumplido a medias este punto. El intento de reforma impositiva, que había sido muy tibio para apuntalar a los sectores productivos, quedó en veremos a partir de la crisis económica actual. En cambio, Agroindustria y la AFIP sí avanzaron hacia un esquema de simplificación de trámites y registros reclamados a los productores, que en el caso del sector agrícola se llama SISA y debería comenzar a funcionar en noviembre próximo.
7) Infraestructura para la producción, la competitividad y el desarrollo, medida que incluye diversificar y potenciar la matriz de transporte.
A pesar de la recuperación de ciertos tramos de la red ferroviaria (en especial del Belgrano Norte), y la vigencia de otros grandes proyectos de infraestructura para el largo plazo, la dependencia de los productores hacia el transporte por camión sigue siendo muy elevada y el impacto de los fletes sobre ciertas economías regionales continúa siendo determinante para su desarrollo. La liberación absoluta de los precios del gasoil que se ha registrado en este período impacta peor en el asutno. Entonces, en este punto no puede darse por cumplida esta promesa electoral, más allá de las buenas intenciones.
8) Ley Nacional sobre Políticas de Fomento Agroindustrial para ordenar, priorizar, presupuestar y controlar todas las normas de fomento que hoy existen dispersas y desordenadas.
Incumplida. El Congreso nacional no ha discutido ningún proyecto del estilo e incluso tiene pendiente el debate de varias leyes de fomento a la actividad agropecuaria que duermen en los cajones desde hace años, como la Ley de Semillas e incluso la prórroga de la Ley de bosques forestados. La actitud predominante en el macrismo ha sido, en materia legislativa, la de esquivar las regulaciones y dejar que arbitre el mercado, más que a establecer normas por ley.
9) Carne vacuna: propuestas específicas para revertir ocho años de errores. En este punto, propone eliminar los mecanismos de ROE y “encajes” y eliminar las retenciones a las carnes y cueros, así como promover las negociaciones bilaterales y desgravar de manera acelerada las inversiones en forrajes, genética, sanidad e infraestructura, entre otras medidas.
Cumplida, a medias y hasta ahí nomás. Porque a pesar de que el gobierno eliminó los ROE y las retenciones a la carne vacuna, luego regresaron los derechos a la exportación a los cortes vacunos. En materia de cueros, el macrismo actúo al igual que muchos otros gobiernos que desertaron frente al lobby de las curtiembres y jamás encaró seriamente una reforma del régimen de protección industrial que tanto denuncian los frigoríficos. El único ministro que habló del asunto, Francisco Cabrera, salió eyectado de su puesto en los últimos meses. Por otro lado, en materia de desgravaciones impositivas para acelerar la producción ganadera, todavía se escuchan los ecos de la resonante negativa oficial a reducir Ganancias para los productores que incrementen el kilaje de faena de sus animales.
10) Lechería: creación del “precio de pizarra lácteo”, con la participación del sector privado y auditoría pública, para la formación de precios transparentes en todos los eslabones de la cadena; industrialización de la materia prima.
Incumplido. Por más intentos y avances que haya hecho el actual director nacional de Lechería, Alejandro Sammartino, en establecer un valor de referencia para la leche (incluso este mes comenzó a publicar precios por sólidos y tomando en cuenta ciertos parámetros de calidad), el gobierno nunca logró establecer la tan prometida “transparencia” en el proceso de formación de precios, que finalmente han seguido siendo fijados por la industria y no consideran la situación del productor e incluso lo someten a largos periodos de trabajo a quebranto. Lejos, muy lejos, parece haber quedado esta gestión de poder cumplir la promesa de crear un mercado institucionalizado para el sector lácteo.
11) Recuperación del Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores Rurales).
Cumplido con reparos, ya que en realidad el Renatre se recuperó por una decisión de la Corte Suprema de Justicia y no como parte de una política del gobierno de Macri. Fue la justicia la que definió que el Registro regresara a sus viejos administradores, el gremio de trabajadores rurales y las cuatrop gremiales históricas del agro. Pero más allá de este paso, lo que no se ha logrado por ahora es reducir de modo notorio los niveles de empleo no registrado en el sector rural. Una de las deficiencias más marcadas a la hora de buscar las razones es que el estado (ya sea Nacional o provincial) no cumple con su rol de poder de policía, por lo que la tarea del Renatre queda trunca a la hora de establecer sanciones efectivas.
12) Nueva estrategia de relaciones económicas internacionales, que apunta a una política proactiva de acceso y recuperación de mercados.
Cumplida, pero sin resultados efectivos. El macrismo ha desplegado en la gestión de política exterior un nuevo dinamismo respecto del gobierno anterior, mostrando una mayor apertura al mundo y mucha vocación en la apertura de mercados. Pero los resultados concretos no ha sido tanto como se esperaban y ciertamente no se produjo en este lapso de gobierno la firma de ningún acuerdo de Libre Comercio de envergadura, como los que sí tienen con muchos bloques los países que compiten con la Argentina.
13) Creación del Ministerio de Agroindustria. Contará con un “Consejo de Diálogo Permanente”, espacio de debate e interacción público-privada y consultivo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales. “Allí podrán participar todos los actores, cadenas y subsectores de la agroindustria. Creemos que el diálogo y el intercambio de ideas mejora el diseño de políticas públicas.
Incumplido. Y lo confirma la reciente degradación del Ministerio de Agroindustria a una secretaría dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo. El sector gubernamental que debe dictar la política agropecuaria, además, ha sufrido un fuerte recorte en el número de secretarías y subsecretarías, además de que sus organismos descentralizados (en especial el INTA y el Senasa) padecen de dolorosas restricciones presupuestarias que o bien limitan su trabajo o bien provocan la interrupción de lineas de acción históricas y hasta promueven una suerte de “privatización” de algunas áreas, especialmente en materia de política sanitaria. La prometida “Mesa de Diálogo”, por otro lado, no tuvo continuidad ni anclaje institucional. Así la interacción con el sector privado, aunque abundante, solo fue prolífica en las áreas de interés de las propias autoridades a través de las llamadas “mesas de competitividad”.
