Bichos de Campo reclama siempre a la AFIP y la Aduana que cuando inician una demanda o sumario contra alguna empresa o particular, y decida dar a conocer el hecho a la prensa, informe también la identidad del infractor, porque si no esa comunicación oficial solo sirve para “escrachar” y sembrar sospechas sobre todo el sector productivo, sin discriminar entre buenos y malos.
Pero no tenemos suerte: esos y otros organismos siguen contándonos los delitos sin identificar a los supuestos delincuentes.
Sucedió nuevamente con una gacetilla de la AFIP difundida en las últimas horas, donde se informó que ” la Dirección General Impositiva (DGI) desarticuló una maniobra de elusión fiscal en la provincia de Tucumán”, tras detectar “irregularidades en las operaciones de un ingenio azucarero y aplicó ajustes por más de 1.200 millones de pesos en IVA e impuesto a las ganancias”.
Esos 1.200 millones de pesos son un montón de plata, suficiente como para que el presunto infractor pase algo de vergüenza. Pero no sucedió. La AFIP solo informó -sin mencionar nunca al grupo- que “la firma reconoció el error y acordó abonar las sumas adeudadas”. Por supuesto, la gacetilla agradecía a nuestro supuesto héroe que detectó a tiempo la irregularidad fiscal y pudo corregirla: “El organismo es dirigido por Carlos Castagneto”, nos informaron.
¿Por qué no dan a conocer los nombres de las empresas involucradas en estos casos? ¿Qué les preocupa a los funcionarios que aplican correctivos o sanciones a una empresa que no se animan a identificar? ¿O esta suerte de escrache mediático incompleto es acaso una manera de generar las condiciones para una negociación paralela?
Son preguntas que siempre nos hacemos, pero mientras tanto hemos decidido no hacer publicas estas informaciones surgidas de la AFIP si no logramos obtener también los nombres de las empresas involucradas.
Lo logramos en este caso, y de allí que hayamos decidido dar a conocer el caso en nuestras páginas: el ingenio cuestionado por querer eludir el pago de algunas obligaciones fiscales es el Concepción, del empresario Emilio Luque. Lo pudimos chequear de dos fuentes.
“Las tareas de fiscalización y control de las áreas especializadas permitieron constatar que la empresa buscó reducir su carga impositiva de manera fraudulenta. El ingenio recurría a artilugios contables para simular pérdidas ficticias en sus ejercicios -que además se trasladaban a ejercicios siguientes- y saldos a favor en ambos gravámenes”, indicó la AFIP, en palabras que ahora sí cobran sentido.
Luque, un empresario que venía del negocio del supermercadismo, tomó control del ingenio Concepción, el más grande de Tucumán, a mediados de 2017, presumiblemente luego de pagar unos 200 millones de dólares a la empresa Atanor. Antes ya había adquirido el ingenio Marapa. La planta que adquirió junto a unas 3.400 hectáreas de cañaverales queda ubicada en Banda Del Río Salí.
Según la AFIP, ahora que sabemos de quien se trata, luego de “la determinación de deudas por IVA e impuesto a las ganancias por 1.252.095.322 pesos, en virtud de los beneficios que el ingenio había obtenido, pero ocultado al fisco, la sociedad procedió a rectificar las declaraciones juradas”.
