El diario Página/12 publicó este lunes una investigación periodística que muestra a dos altos funcionarios de Agroindustria, el secretario de Agricultura Familiar, Santiago Hardie, y el subsecretario de Coordinación Técnica, Fernando Molas, comprometidos con “presuntas estafas a través de una red de empresas financieras que otorgan créditos de montos bajos y a corto plazo”. En estos negocios paralelos a la función pública también figura la antecesora de Molas, su antecesora en el mismo cargo, la abogada Mónica Dreyssig.
El autor de la investigación es el periodista Alan Longy, que también lo emitió por el canal C5N. Todos sabemos que ambos medios, tanto el diario como esa señal televisiva, tienen una clara vinculación con el anterior gobierno. Pero en el trabajo hay datos y citas textuales suficientes como para que haya una explicación de los actuales funcionarios macristas. No escapa tampoco el dato que Hardie se asomó recientemente a los medios por su decisión de eliminar a partir de fin de año el Monotributo Social Agropecuario, que había sido ideado por el líder piquetero kirchnerista Emilio Pérsico.
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¿Qué dice la nota?
Parte de recordar que en 2002, Hardie “creó la empresa Wenance SA, que opera bajo la reconocida firma comercial Presto Hoy”. Y aclara que “si bien el secretario de la cartera agraria se desprendió de Presto Hoy en 2014, en la actualidad es dueño junto a Molas de otra empresa financiera, Naola SA, en la cual Dreyssig es la abogada patrocinante. De acuerdo con su última declaración jurada (de 2016), Hardie cuenta con una tenencia accionaria por un valor de 144.529,18 pesos”.
Según la denuncia, Presto Hoy (PH) “acumula en la actualidad un sinnúmero de denuncias públicas y judiciales por cobros indebidos y débitos mal ejecutados a sus clientes que se suceden hasta vaciar las cuentas sueldo en cuestión de horas”. ¿Cómo sucedería? “Esta empresa denuncia sistemáticamente a sus clientes por pagarés impagos”, responde el periodista. No hace referencia a PH sino a la firma Naola, que tanto Hardie como Molas reconocen como propia en sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.
La nota cita el caso de Andrea Colamarino. “La mujer se enteró de la presentación judicial en su contra cuando la contactó el periodista que destapó el escándalo. Pero no se sorprendió: contó que es víctima de Presto Hoy desde que, para iniciar un emprendimiento personal, solicitó un préstamo de 8 mil pesos. Por ese dinero le debitarían 18 cuotas de 3 mil, pero en PH no cumplieron”.
“Me sacan el sueldo entero, solo en junio debitaron 10 mil pesos y estimo que en total extrajeron demás una cifra superior a los 60 mil pesos”, denunció. En diciembre, Colamarino cerró su cuenta para ponerle fin al calvario, pero la pesadilla continúa. Sin saber cómo, la empresa ubicó su nuevo CBU y volvió a extraerle su sueldo el mes pasado.
“Lo que los clientes no saben es que la empresa busca las cuentas a través del DNI”, reveló el abogado Juan Manuel Baya Casal. El abogado representa a 150 damnificados de la empresa y está listo para presentar una serie de acciones contra la compañía, tras el fracaso de la mediación legal.
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“Existe el delito de estafa porque hay un arreglo y un engaño, después le sigue la usura por las tasas altísimas que se aplican aprovechándose de las necesidades de la gente y en tercer término se procede con el hurto, porque les sacan el sueldo”, enumeró.
Pero si Colamarino no es clienta de Naola, ¿por qué esa empresa la denuncia? La nota de Página/12 deja entrever que ambas firmas estarían vinculadas. “Los clientes nunca tuvieron contacto con Naola SA, nunca le pidieron un crédito a esa empresa, nunca firmaron un pagaré para esa empresa, tampoco le dieron copia de su recibo de sueldo, ni le firmaron papel alguno. Sí lo hicieron para Presto Hoy”.
Según esta versión, entonces, “en Naola toman algunos de los datos y los documentos que las víctimas le dieron a Presto Hoy y los usan para completar un pagaré que, en el mejor de los casos, fue firmado en blanco por los solicitantes del crédito a PH. Con esos datos, en Naola completan el pagaré con un monto aleatorio que nada tiene que ver con el préstamo original”.
“Un pagaré es un título que se basta a sí mismo y para ejecutarlo no hay que dar el origen de la deuda. Lo llamativo de la operación en este caso, y que se reitera, es que quien termina ejecutando no es con quien se firmó ese contrato. La variación de los montos demuestra la vulnerabilidad de quien va a buscar el préstamo”, analizó Carlos Biezhun, abogado de la ONG La Alameda.
“Que no figure la dirección correcta lleva a pensar que, como la notificación se hace en ese domicilio, el afectado no se entera del proceso hasta que se procede con el embargo. Muestra la mala fe en función de perjudicar al deudor”, añadió.
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En la presentación contra Colamarino, la empresa de los funcionarios Hardie y Molas, representada legalmente por Dreyssig, le asigna un pagaré impago por un monto de 24.180 pesos, supuestamente vencido en agosto de 2017. Solicita el embargo del 20% de su sueldo hasta cubrir el monto con los correspondientes intereses y costas. La demanda indica que la supuesta deudora vive en la calle Avenida Chenaut 1957 piso 11º depto. A de la CABA, pero en realidad vive en Cañuelas. Nunca residió en ese domicilio.
“Al momento de firmar los papeles quería leer en detalle y los empleados me apuraban. Me decían que atrás había otras personas esperando, que me podía ir y volver mañana si necesitaba pensarlo. No presté mucha atención y firmé, no lo hice a conciencia. Necesitaba la plata rápido, no podía perder tiempo”, se sinceró Andrea. Y recordó: “Después de firmar un contrato extenso me dieron un papelito chiquitito del tamaño de un ticket. Salí sin nada, sin ningún comprobante”.
“Es violatorio a la Ley de Defensa del Consumidor no darte una copia de lo firmado”, explicó Baya Casal. El abogado estimó que el universo de afectados puede ascender hasta 6 mil personas.
Según se trascendió en artículos periodísticos, Presto Hoy tiene más de 80 mil clientes en los últimos años. Las denuncias por débitos indebidos comenzaron a multiplicarse a partir de 2016 y continúan hasta el presente.
Ante las presentaciones judiciales colectivas e individuales, PH va modificando las condiciones de los préstamos. De acuerdo con la denuncia periodística, se pudieron comprobar cuatro formas de otorgarlos: mediante la firma de un contrato en las oficinas de la empresa, por teléfono, a través de su página web y mediante un contrato que llega por correo a domicilio, se firma y devuelve en el momento. Siempre sin copia ni registro para el cliente.
Los pagarés y los recibos de sueldo de los clientes de Presto Hoy que terminan en posesión de Naola son el nexo que une a los actuales y a los anteriores dueños de Presto Hoy.
“Existe un vínculo entre las dos empresas. PH es el mascarón de proa para ver la operación encubierta de la otra empresa que realmente es la que hace el negocio y libera el dinero, por eso termina ejecutando el pagaré”, confirmó Biezhun.
