El secretario de Comercio, Matías Tombolini, anunció que planea dar de baja el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) que armó el ex secretario kirchnerista Roberto Feletti.
Entre las muchas inconsistencias presentes en esa herramienta –denunciadas inicialmente por Bichos de Campo para luego pasar a ser parte de una denuncia penal– ahora se sumó un nuevo e insólito capítulo.
A comienzos de julio pasado, al enterarse que Molino Cañuelas se había adherido al FETA, la jueza del concurso preventivo de la compañía agroindustrial, Mariana Martínez, solicitó a los síndicos Mario Racca y Alejandro Garriga que recolecten información sobre el destino de los subsidios percibidos y por percibir por parte del fideicomiso del FETA gestionado por el ente estatal BICE Fideicomisos, además del volumen de toneladas por comercializar en el marco del programa de harina subsidiada.
Los síndicos lograron que BICE informara que, “según instrucción recibida de la Autoridad de Aplicación (Secretaría de Comercio)”, el 20 de mayo habían transferido 1098,9 millones de pesos a Molino Cañuelas en concepto de “anticipo”, mientras que el 21 de julio se había abonado una compensación de 472,7 millones de pesos. Es decir: un total de 1571,7 millones de pesos.
Sin embargo, cuando solicitaron la documentación que permitiese validar la adhesión de Molino Cañuelas al FETA, los representantes de la compañía concursada no accedieron al pedido.
Los síndicos, en el informe presentado a la jueza, señalaron al respecto que “al tratarse el FETA de un fideicomiso en el cual el Estado nacional es fiduciante (el BICE es el fiduciario), en cuanto al control de esa documentación debemos estar a la presunción de legitimidad de los actos del Estado, de lo que se deriva que MOLCA (Cañuelas), al haber adherido al fideicomiso, cumplimentó con los requisitos de adhesión al mismo y con la documentación correspondiente a dichos fines”.
Con tan poco, los síndicos llegaron a la conclusión de que Cañuelas cumplió con los pasos legales correspondientes “hasta tanto se determine lo contrario, lo que hasta ahora ello no ha sucedido”.
En lo que respecta al volumen de harina por comercializar en el marco del FETA, Cañuelas indicó que el cálculo de los subsidios se realizó a partir de un volumen de 63.005 toneladas, que corresponde al promedio de los últimos tres años.
Ante tan particular informe, la jueza Martínez emitió un escrito en el cual dejó constancia que los requerimientos de información solicitados “son expuestos de manera parcial” en el informe de los síndicos “debido a encontrarse pendiente información por parte de la concursada o de BICE”, para lo cual solicitó que los mismos sean completados a la brevedad.
Otro aspecto controvertido es que el BICE, además de ser el fiduciario del fideicomiso del FETA, es uno de los principales acreedores financieros del concurso de Cañuelas.
De acuerdo con el informe individual presentado ante los síndicos por los representantes legales del BICE, la entidad estatal reclamó deudas por 14,4 millones de dólares y 96,8 millones de pesos con privilegio especial prendario, 364.220 dólares con privilegio especial eventual, 3,58 millones de dólares y 11,5 millones de pesos como acreedor quirografario y, por último, 25.662 dólares como quirografario eventual.
