El mercado de aceite de soja en EE.UU. se encuentra en una situación insólita ante la falta de claridad sobre un cambio regulatorio relativo al régimen de promoción de los biocombustibles.
La Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), vigente desde 2022, dispuso extender el crédito fiscal de 1,0 dólar por galón para mezcladores de biodiésel (40A) y creó un crédito fiscal de 1,75 dólares por galón para combustibles de aviación sostenibles o SAF (40B), pero también determinó que a partir de 2025 ambos serían integrados en un nuevo régimen denominado 45Z.
La cuestión es que 45Z especifica que el crédito fiscal, en lugar de determinarse de manera nominal como en la actualidad, será abonado en función de la “intensidad de carbono” de la materia prima utilizada.
El problema es que aún no se determinaron los criterios a partir de los cuales se medirá la “intensidad de carbono” de las diferentes materias primas empleadas, lo que genera una enorme incertidumbre en el sector agroindustrial, especialmente si se tiene en cuenta que el titular de la Agencia Ambiental de esa nación (EPA) designado por el presidente electo Donald Trump, Lee Zeldin, no considera a los biocombustibles como un factor estratégico de desarrollo económico.
En ese marco, el pasado 14 de noviembre las principales entidades agropecuarias de EE.UU., junto a Clean Fuels Alliance America (que integra a las asociaciones elaboradoras de biocombustibles), enviaron una carta al Congreso estadounidense para solicitar la extensión del actual régimen por un año hasta tanto se resuelva el criterio por aplicar en el nuevo régimen 45Z.
“Debido a la importante incertidumbre creada por esta falta de orientación, los productores estadounidenses de combustible limpio y sus socios en la agricultura y la comercialización de combustibles enfrentan una enorme confusión en el mercado”, señala la carta.
Hasta el momento no hubo respuesta por parte del actual Congreso ni tampoco del gabinete electo de Trump, lo que genera una gran incertidumbre sobre lo que sucederá a partir del 20 de enero próximo, cuando asuma el nuevo mandatario en EE.UU.
La situación generada por esa “laguna” normativa se viene expresando en las cotizaciones de los futuros de aceite de soja del CME Group (“Chicago”), los cuales viene cayendo fuerte desde mediados de noviembre pasado.
La falta de certeza sobre el nuevo marco normativo generó una situación inédita en la plaza comercial del aceite de soja estadounidense: cifras del USDA muestran que el compromiso comercial de ese producto por parte de EE.UU. es del 147% de la oferta exportable prevista en 2024/25 cuando van apenas ocho semanas de ese ciclo comercial.
Esa aparente incongruencia tiene un explicación: la oferta exportable proyectada de aceite de soja de EE.UU. en 2024/25 está realizada en función del supuesto de la continuidad del actual régimen de incentivos oficiales al biodiésel tanto convencional (FAME por sus siglas en inglés) como hidrotratado (HVO).
Si Trump decide desmantelar o recortar tales beneficios, entonces la producción de biodiésel en EE.UU. se tornaría inviable en muchos casos y gran parte de la oferta de aceite de soja, en lugar de emplearse internamente, se destinará a mercados externos.
Vale tener en cuenta que el programa de promoción de biodiésel vigente en EE.UU. es uno de los principales factores que vienen sosteniendo las cotizaciones del aceite de soja, lo que implica que un cambio regulatorio al respecto representaría un impacto bajista importante para las cotizaciones de la soja en el ámbito global.
