Por Nicolás Razzetti (@NicoRazzetti).-
La Agencia Recaudadora de Buenos Aires (Arba) dispuso una serie de cambios en el régimen de percepción de impuesto al comercio de carne minorista de carne vacuna, con la intención de blanquear a los carniceros. Según estimaciones del propio organismo, ese eslabón “evade alrededor de 1.000 millones de pesos por año en territorio bonaerense”.
El organismo determinó que los frigoríficos y matarifes actúen agentes de percepción del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) cuando se facture independientemente de si el comerciante es monotributista o autónomo. Hasta ahora, la inmensa mayoría de los carniceros se anotaban como monotributistas y así esquivaban esta retención impositivas, aún cuando manejaban volúmenes de dinero muy superiores a los de dicha categorización.
Pero el diferencial entre lo que se retendrá al carnicero que esté en el padrón de Arba y quién no figure es importante. La alícuota de percepción es del 1,75% sobre el valor de la venta si el comercio que compra la media res para su desposte y venta posterior sea un contribuyente inscripto de la Provincia de Buenos Aires en el impuesto sobre los IIBB. Si ese comerciante no estuviera inscripto en el padrón de Arba la percepción a aplicar será del 8%.
La intención del gobierno de Vidal es blanquear, o mejor dicho sacar del oscurantismo a la mayor parte de los comercios minoristas que operan de manera informal o están mal encuadrados, por lo que terminan tributando menos de lo que deberían o directamente no pagan nada, generando complicaciones de todo tipo a los demás eslabones de la cadena, especialmente a los matarifes.
El punto es que con esta medida, Arba apunta a que algunos operadores del negocio deban ejercer el poder de policía sobre los carniceros minoristas, cuando esa es una tarea indelegable del Estado.
Ese es el caso de los frigoríficos y sobre todo de los matarifes abastecedores, que son los que aportan el capital de trabajo necesario para comprar la hacienda y los que cuentan con la logística para la venta de carne.
Ese tipo de operadores quedaron “visibilizados” con las medidas adoptadas en marzo de 2017 por la ahora Dirección de Control Comercial Agropecuario, que conduce Marcelo Rossi, quien exige a los matarifes que operen con matrículas propias y no de terceros. Esta condición se reforzó en los últimos días con la definición de 27 plantas de CADIF (Cámara de la Industria Frigorífica) de no prestar sus matrículas a los usuarios de faena.
Ver Movida histórica de los frigoríficos del consumo para disciplinar a los matarifes del conurbano
En este contexto, un matarife asociado a la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya) explicó que como gran parte de sus clientes no están encuadrados fiscalmente deben retenerle el 8%d e IIBB, lo que en realidad no sucede porque se le factura a empresas truchas. Así, ese porcentaje se termina transformando en un costo que se traslada al precio de la carne y, en su defecto, al precio de la hacienda.
“Nosotros no podemos absorber esa pérdida porque se trata de un negocio de volumen donde se gana entre 2 y 3%”, comentó el empresario del conurbano.
El operador en cuestión indicó que al 80% de los comercios minoristas no les pueden facturar. “Hasta que desde el Estado no se controle a cada boca de venta tendremos los mismos problemas. Lo que falta es que los organismos recaudadores identifiquen a esos comercios y le busquen la vuelta para que se encuadren fiscalmente según su volumen de facturación”, señaló.
