Terminó el año 2024 y ya tenemos el número de la recaudación total generada en ese período en concepto de derechos de exportación: 6.030.185 millones de pesos argentinos.
El negocio agrícola con derechos de exportación, apreciación cambiaria, tasas de interés reales positivas, costos crecientes y precios internacionales de los granos en descenso se “va al tacho”. No existen dudas al respecto.
La “tesis” del presidente Javier Milei y equipo es que con el crecimiento de la actividad económica se incrementará la recaudación y así llegará el día en el que será posible reducir o eliminar las denominadas “retenciones”.
El problema de esa tesis es que está fundamentada en la (muy probablemente irresponsable) tranquilidad de creer que en cuestión de meses llegarán a la Argentina inversiones multimillonarias para montar grandes proyectos en los sectores hidrocarburífero y minero.
Aun considerando la validez de esa temeraria hipótesis, los proyectos en esas industrias tardan al menos una década en “madurar”, mientras que el agro, en lo que respecta a la capacidad de generar divisas, puede “poner primera” de un año al otro si tiene los incentivos económicos adecuados.
Además, ¿cuál es el sentido de buscar afuera lo que se puede conseguir en casa? Para mí la respuesta a esta pregunta es obvia, aunque tengo que reconocer que los viajes a París, Nueva York y Austin (Texas) tienen mucho más “glamour” que las giras por Venado Tuerto, Tandil y Río Cuarto.
Identificado el problema, quedarse sólo con la queja es infructuoso: resulta indispensable imaginar soluciones que permitan terminar con las “retenciones”, un tributo nefasto que solamente existe en países con décadas de comunismo encima y que además están en guerra (Rusia y Ucrania).
No es la “casta” lo que se debe terminar de una vez por todas en la Argentina, sino la guerra despiadada y silenciosa que el Estado viene emprendiendo contra los integrantes del sector privado. Terminar con los derechos de exportación es una condición necesaria para comenzar a transitar ese camino.
La clave, entonces, consiste en comenzar a estudiar qué es lo que podría recortarse para compensar una completa eliminación de los derechos de exportación en un momento en el cual el Estado actúa como “soporte” de una situación social por demás dolorosa y compleja.
Una alternativa es terminar con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, el cual, luego de sucesivas prórrogas, vencía en 2023, pero fue extendido hasta el año 2038 por medio de un decreto del presidente Alberto Fernández. Por lo tanto, puede darse de baja también con un decreto presidencial.
Según la estimación realizada en el proyecto oficial de presupuesto de la Administración Pública Nacional, si las ensambladoras de Tierra del Fuego, luego de cinco décadas de beneficios fiscales, comenzasen a pagar los impuestos correspondientes, el Estado nacional podría sumar recaudación por más de 1.000.000 millones de pesos.
Sin embargo, en términos políticos no se trata de una cuestión sencilla, porque el ministro Luis Caputo es primo hermano de Nicolás Caputo, uno de los accionistas de Mirgor, que es una de las empresas –junto a Newsan de la familia Cherñajovsky y BGH de las familias Teubal y Hojman– beneficiarias del régimen de promoción.
Otro sector para recortar es el de los subsidios económicos destinados fundamentalmente a los sectores energéticos y de transporte, los cuales, según datos consolidados de los primeros once meses de 2024, representaron 7.691.256 millones de pesos (Asap). Sin embargo, no se trata de una política que pueda hacerse de un “solo golpe” porque, en definitiva, se trata de una carga adicional que tendrá que ser absorbida en gran medida por el sector privado y que tiene además implicancias inflacionarias.
Otra variable es la eficientización del gasto de la estructura estatal: considerando al gasto estimado de la administración nacional para el año 2024, un ahorro de apenas el 1% representaría una suma de 800.000 millones de pesos.
Más allá de cuál sea el caso, la estrategia adecuada en lo que respecta a las “retenciones” –no sólo por una cuestión sectorial, sino especialmente para asegurar el abastecimiento de divisas de la economía argentina– no consiste en comprar el relato de “vamos a ver si se presentan las condiciones para bajar los derechos de exportación”, sino en decir “vean ustedes qué es esencial y qué no cuando ya no exista el ingreso generado por ese impuesto distorsivo”.
Si quitaran las retenciones, observaremos en poco tiempo que, los arriendos, aumentarian de 15/18 qq promedio, a más de 24 qq.
Si, desde fines del 2007, cuando se le impusieron a la soja retenciones del 35 % hasta el día de hoy, la producción en manos de arrendatarios creció exponencialmente, se debío a que la demanda por sembrar en tierra ajena supera la oferta. Una quita de retencioens incrementará la puja entre arrendatarios. En definitiva, el estado dejaria de recaudar para que la mayor parte se vaya hacia los bolsillos de los dueños de tierras rentistas pasivos
De acuerdo a tu criterio,si las retenciones subieran,habria mas tierras para alquilar.Eso si,los productores estarían todos fundidos.Genial
100% de acuerdo,con el autor de la nota.
Es totalmente errado pensar que el 70 % de propietarios de tierras ( hoy locldores ) no puedan ponerse a arriesgar en la produccion Asi tengan que contratar las labores a terceros ¿ Acaso los egendros como ésos fondos que arman El Tejar o los Grobo ¿ no juegan al ajedrez ?? Arriendan 100.000 has y de pedo tienen 10 sembradoras y 4 cosechadoras, todo lo contratan a terceros.
Es totalmente errado sostener un esquema donde la mayoria de la produccion se haga sobre tierras ajenas, pagando arriendos estrafalarios y, entonces cuando no les dan los numeros, los tipos le lloran al estado.
Es totalmente errado suponer que, si quitaran las retenciones los arrendatarios no se sacarían los ojos por los lotes y ello derivaria en una nueva suba de los arriendos para beneficio del que renta pasivamente.
Hay que volver a la ortodoxia. Dueños de la tierra arriesgando en la producción, tercero ex arrendatario, facturando como contratista rural
¿ Asi que el estado debe resignar recaudación para cubririle la espalda a quien se le ocurre ofrecer 16/18 qq al dueño de la tierra ???????Los productores que hacen agricultura en tierra ajena deben retirarse del negocio donde se metieron sin que nadie los llamara y entraron por que les ofrecieron a los dueños de tierras arriendos que hoy no pueden pagar. TIMBA
¿ O acaso no hace desde fines del 2007 que la soja cuenta con retenciones por sobre el 33 % ?
¿ Como es que no protestaron antes y en cambio siguieron ofreciendo mas y mas por arrendar ????
En el 2008 armaron un quilombo barbaro y hasta festejaron a lo loco por evitar las reteciones moviles, pero ni tocaron el 35 % a la soja que siguio vivito y coleando. ¿ Que carajos festejaron tantoooooo ??????????
Los arrendamientos alocados del 15 o 18% se tienen que terminar. No es lógico pagar ese alquiler en un contexto de baja de precios de los commodities a nivel internacional. Los Arrendatarios que no lo entiendan, lo van a entender por el espanto, cuando la cosecha no les alcance ni para comprarse un calzoncillo. Pero en cualquier escenario que se plantee, las Retenciones se tienen que eliminar, aunque sea gradualmente. Que en dos años lleguen a cero%.
Parece mentiraa que no lo entiendan. Es como si el Presidente de Japón se peleara con Toyota, Honda, Nissan y Mitsubishi, que supongo le deben dejar a su país la mayor cantidad de divisas que recauda. Sólo un ejército de corruptos, resentidos e ineptos como los K pueden haber hecho tanto daño a nuestro país, con la anuencia de toda la casta política cobarde y cómplice que se hace la boluda y mira para otro lado. Milei, ponete las pilas, encontrale la vuelta a este quilombo, sacanos las Retenciones, y vas a ver lo que somos capaces de hacer.