El gobierno de Santa Fe salió a jugar fuerte en un frente que tiene como protagonista a uno de los complejos industriales más relevantes del país, como es el del biodiésel, en el que dicha provincia es líder.
El gobernador Maximiliano Pullaro llevó a la Cancillería un documento técnico con el objetivo de respaldar la posición argentina frente a la Unión Europea, que hoy mantiene restricciones sobre este biocombustible al considerar a la soja como materia prima de “alto riesgo”.
La presentación se realizó en Buenos Aires, durante una reunión con el canciller Pablo Quirno, de la que también participaron funcionarios provinciales vinculados al comercio exterior. Allí, el mandatario santafesino entregó un dossier elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que reúne evidencia científica, técnica y económica para cuestionar el criterio europeo.
Según explicó el ministro Gustavo Puccini, el informe “refuta la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo”, argumento central que derivó en limitaciones para el ingreso de biodiésel desde el Mercosur. El funcionario agregó que el documento expone en detalle qué representa esta cadena productiva para Santa Fe, principal polo productor del país.
Desde la Cancillería confirmaron que el material será incorporado en la próxima presentación técnica que la Argentina realizará en Bruselas, en el marco de las discusiones abiertas tras la publicación del informe europeo.
Para la provincia, el tema está lejos de ser menor. “Es fundamental sostener estos mercados, no solo para el biodiésel sino también para la soja y sus derivados”, remarcó Puccini, dejando en claro que lo que está en juego trasciende a un solo producto.
La secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe, Georgina Losada, fue aún más directa, ya que calificó la medida europea como “un obstáculo al comercio” y sostuvo que “no tiene base científica ni técnica”.
Según estimaciones oficiales, el impacto económico de estas restricciones podría alcanzar los 390 millones de dólares.
El dossier presentado también incorpora datos sobre empleo y actividad industrial, en una provincia donde el complejo sojero,que incluye aceite, harina y biocombustibles, es uno de los principales motores económicos.
El trasfondo del conflicto se encuentra en un informe técnico publicado por la Comisión Europea a comienzos de febrero, que revisa la evidencia científica sobre la expansión de cultivos destinados a biocombustibles bajo el marco del Reglamento 2019/807. Allí se aplica el criterio de “alto riesgo ILUC” (cambio indirecto en el uso del suelo), que en la práctica penaliza a materias primas como la soja.
Según el análisis provincial, esta clasificación “estigmatiza” la producción desde su origen y podría sentar un precedente que complique el acceso al mercado europeo de toda la cadena sojera en el corto plazo.
En ese sentido, durante el período de consulta abierto por la UE tras la publicación del informe, la provincia -junto a cámaras empresariales- ya había presentado objeciones metodológicas y técnicas, señalando que los resultados “no reflejan la realidad de la producción de soja en Argentina”.
El planteo santafesino también forma parte de una estrategia más amplia que involucra a la Región Centro y al sector privado. El tema fue discutido recientemente en el Gabinete Productivo regional y formó parte de la agenda de encuentros con actores internacionales, entre ellos representantes de Alemania.
