Funcionarios del equipo económico de Javier Milei comunicaron que tienen la intención de implementar un sistema trazabilidad individual para todo el rodeo vacuno argentino a partir de un proceso por iniciar en enero de 2025.
Argentina tiene con una ventaja enorme en la materia porque un país vecino y hermano, Uruguay, cuenta con un sistema de trazabilidad bovino grupal con cinco décadas de vigencia y otro individual que va camino a cumplir veinte años. Ese gigantesco caudal de experiencia, claramente, puede ser aprovechado para evitar errores al momento de iniciar un recorrido similar.
Para contar con una mirada de primera mano al respecto, en Bichos de Campo decidimos consultar al uruguayo que más sabe sobre el tema. Se trata de Gabriel Osorio Gilard, quien, además de ser director del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, fue nada menos que el encargado de instrumentar el sistema obligatorio de trazabilidad individual en el país oriental.
“Ningún sistema se puede considerar en general porque, si bien ciertas medidas por instrumentar son internacionales, las mismas deben ajustarse a las condiciones locales”, señaló Osorio Gilard.
“Uruguay vive de la exportación de carne: si no exportamos carne, estamos liquidados. Entonces, cuando a fines del siglo pasado comenzaron a aparecer problemas y dudas generadas en el ámbito de los consumidores –que se mantienen hasta la actualidad y se han acrecentado–, los sistemas en el mundo comenzaron a adaptarse. Por entonces la Unión Europa era nuestro principal cliente”, añade.
– ¿Cuál es la base del sistema de trazabilidad uruguayo?
– El sistema de trazabilidad bovina en Uruguay el mes que viene cumple cincuenta años (conocido como DICOSE), que requiere una declaración jurada anual por medio de la cual es factible conocer qué stock tenemos. Y además se implementó entonces un sistema de trazabilidad grupal obligatorio con el que es posible hacer el seguimiento de los animales y, de esa manera, durante la crisis de la aftosa, en 2001, había barcos que llevaban carne vacuna originada en hacienda con focos aftósicos y se pudieron parar gracias a este sistema. Con esa base, una vez finalizada la crisis de la aftosa, empezamos a analizar la cuestión y, en un marco institucional con el sector ganadero, se armó un sistema de trazabilidad individual con normativas obligatorias a partir de septiembre de 2006; desde esa fecha no puede haber en Uruguay animales sin identificación individual y se generaron los protocolos para los movimientos y los cambios de propiedad.
– ¿Cuáles son los atributos centrales del sistema de trazabilidad individual?
– El sistema de trazabilidad uruguayo, sumado a la cuestión sanitaria, –que es la base principal–, tiene incorporado el tema de la propiedad, que no todos los sistemas en el mundo tienen. También cuenta con la trazabilidad de la intermediación, es decir, sabemos si en el proceso hubo participación de un consignatario o un remate, por ejemplo. Y después, como si se tratase de un “arbolito de Navidad”, fuimos poniéndole diferentes “pelotitas”, porque se agregaron más cuestiones para atender distintas demandas; la última es la normativa (antideforestación) de la Unión Europa, que ha despertado interés sobre el sistema uruguayo en diferentes naciones: han llegado a venir representantes de países africanos para estudiar el tema. Para Uruguay esto siempre fue una preocupación central porque nos moríamos si nos cortaban los mercados.
– Este año el programa piloto cumplió veinte años
– Así es. El SNIG (Sistema Nacional de Información Ganadera) cumplió en 2024 veinte años. El SNIG es el sistema informático que tomó la base de datos analógica creada en 1974 y la digitalizó. Todos los establecimientos ganaderos están georreferenciados. Así como la Argentina tiene el Renspa, en Uruguay eso es equivalente al número de DICOSE, que identifica a todos los establecimientos presentes en el país. El SNIG traía consigo un plan piloto de trazabilidad individual, con el cual se generó la base para la identificación obligatorio individual en bovinos, que arrancó en 2006.
– La trazabilidad individual fue una política de Estado porque el propio gobierno se hizo cargo del costo del dispositivo.
– El gobierno en su momento tomó las riendas del costo del sistema; el costo no recae sobre el sector, lo que representa un aspecto que es importante recalcar. El costo recae sobre las rentas generales del país. Lo que recae sobre el sector es la trazabilidad interna de las plantas frigoríficas a través de los dispositivos conocidos como “cajas negras”. El sistema estatal del Ministerio de Ganadería está vinculado con el sistema interno de cada planta de faena. Ese tramo del sistema se implementa a través de una pequeña cuota que se aplica sobre las exportaciones de carne a través del INAC (Instituto Nacional de Carnes de Uruguay). El funcionamiento del INAC también se sustenta con recursos provenientes de las exportaciones (con una alícuota del 0,6% de todas las exportaciones cárnicas).
– ¿Qué nivel de acceso tienen los productores sobre los registros de su propia hacienda?
– El productor puede entrar al sistema con su clave personal para consultar el recorrido tanto de sus animales vivos como el rendimiento de las carcasas.
– O sea que, más allá de la seguridad aportada a las exportaciones uruguayas, también existe un valor agregado en la información sobre rendimientos de las carcasas de cada ejemplar vendido a un frigorífico.
– Claro. El productor que es hábil con los datos puede obtener información relevante al respecto. El sistema es útil tanto para el ganadero como para el país. La última incorporación al sistema –como mencioné– es la normativa sobre deforestación de la Unión Europea. Uruguay no tiene gran foresta, pero tiene monte nativo, que está incluido en la nueva exigencia de la UE-27, entonces estamos implementando cambios para incorporar esa dimensión. No son muchos casos, pero existen. Otra cuestión central es que el sistema permite hacer una identificación individual de cada ejemplar para poder segregarlos en función de las exigencias de los diferentes mercados. Por ejemplo: el control de los días de cuarentena previos a la faena que exige ese país lo hace el sistema de manera automatizada; si no cumple con los días, el animal no está habilitado para faenarse hacia ese destino. Otro ejemplo es la cuota 481 de la UE-27: el sistema permite controlar los días de engorde a corral que tuvo cada individuo. El operador de sistema, que es habilitado por el Ministerio de Ganadería, cuenta con un simulador para poder cargar los datos de los animales que van a moverse e informar a qué destinos están habilitados cada uno. Eso permite evitar errores antes de la comercialización.
– O sea el propio sistema tiene algoritmos que determinan la habilitación comercial de cada bovino de las diferentes categorías.
– Así es, por medio de la consulta que el encargado de gestionar el sistema haga luego de leer la caravana electrónica. últimamente estamos trabajando en la digitalización total del sistema y el desafío más grande en ese sentido es la guía ganadera, que sigue siendo en papel, pero estamos buscando que ese documento, que es el aval de una venta, sea totalmente digital.
– ¿El Estado nacional se hace cargo tanto del costo como de la distribución de las caravanas electrónicas?
– Sí. Se trata entre 2,5 a 3,0 millones de caravanas electrónicas por año que se distribuyen en forma gratuita a los productores. Llega a los diferentes establecimientos por medio del Correo nacional en forma gratuita. Contamos con una sección dedicada a controlar ese proceso, porque la caravana se envía en función del número de vacas con posibilidad de tener cría; de acuerdo con los indicadores de parición nacionales, se distribuyen 75 caravanas por cada 100 vacas. Las caravanas se adquieren en una licitación pública internacional y ya se compraron más de 60 millones desde que se inició el sistema; todas han sido provistas por Allflex, que es la empresa que ganó las licitaciones y que las produce en Brasil.
– ¿Qué sucede si un productor pierde caravanas electrónicas?
– Si un productor pierde caravanas, debe reponerlas con su bolsillo porque se trata de un bien público. Hemos encontrado fraudes que derivaron en causas penales. Un peligro al respecto es confundir la trazabilidad con la propiedad. Es importante entender que la caravana no confiere la propiedad del animal, porque la propiedad la sigue dando la marca, que proviene de una legislación diferente y más antigua. La conjunción de ambas cuestiones otorga mayor seguridad, pero no son lo mismo.
– El sistema también permite tener una fortaleza estadística que de otra manera sería muy difícil de lograr.
– Sí. El mayor problema en ese sentido es que los profesionales encargados de esa tarea son muy requeridos y el Estado a veces no puede afrontar su contratación, entonces los encargados de gestionar la “big data” son tercerizados y generan muy buenos informes tanto de movimientos como de faena. Se trabaja con la meta de obtener el mayor provecho posible de la información.
– Todo lo que hablamos funciona si existe un convencimiento de que el sistema es útil en el campo, porque, de otra manera, la recolección de datos se haría inviable.
– Existe una idiosincrasia importante en la materia a nivel de campo, que es el factor más importante. Nosotros podemos estar, como se dice, mirando las cosas desde un escritorio, pero el sistema funciona si lo incorporan quienes están todos los días en el campo. Por ese lado tenemos bastante respuesta por parte de las gremiales agropecuarias y de los productores; si bien inicialmente pudo haber resistencia, rápidamente eso cambio al comprender que si no avanzábamos se nos iba la vida con los problemas que se comenzaban a sumar. Pasaron diferentes gobiernos en Uruguay y el sistema permaneció y eso sucede porque el sistema cuenta con una convalidación institucional.
– ¿El fisco puede acceder a los registros de la base de datos?
– Para que suceda eso es necesario que lo solicite un juez en el marco de una causa judicial. La DGI (Dirección General Impositiva) no tiene acceso a los datos. Los datos son reservados y los propietarios de los mismos son los productores. Los que trabajamos en la gestión de los datos firmamos un compromiso de confidencialidad. Los accesos al sistema están siempre identificados.
