Esta semana un Comité de Expertos creado por la “Ley de Urgente Consideración” (Nº 19.889/20) presentó a los ministerios de Industria y Economía y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay el informe final sobre recomendaciones para el mercado de combustibles.
Una de las recomendaciones contenidas en el documento es la eliminación de la exigencia del corte de 5% de biodiesel con gasoil o bien sustituir el biodiesel de producción nacional por otro importado a un menor costo.
La Ley 18.195/07 de Uruguay estableció un corte obligatorio del 5% de biodiesel con gasoil y de bioetanol con nafta. Para cumplir con la misma, el Estado nacional creó la empresa ALUR (Alcoholes del Uruguay), que es controlada por la también estatal Ancap (Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland).
ALUR cuenta con dos plantas elaboradoras de bioetanol (Bella Unión y Paysandú) y una de biodiesel (Capurro). El bioetanol es elaborado en base a caña de azúcar y cereales (maíz, sorgo, trigo o cebada), que en todos los casos deben provenir de producciones nacionales. En tanto, el biodiesel se produce en base a aceites de soja y colza, sebo bovino y aceites vegetales usados.
Más del 70% de la facturación neta de ALUR corresponde a ventas de biocombustibles realizadas a Ancap, mientras que el porcentaje restante corresponde a ventas de azúcar, endulzantes, alcohol sanitario, glicerina, burlanda de maíz y pellets de soja y colza, entre otros.
El comité detectó una enorme ineficiencia en la planta industrial de Bella Unión, donde la mano de obra representó en 2019 en 32,5% del costo directo de producción versus 9,3% y 4,2% en Paysandú y Capurro respectivamente (lo que indica muy probablemente que la asignación de empleos no se realiza precisamente por cuestiones técnicas).
El informe destaca que los precios de venta de los biocombustibles elaboras por ALUR son sustancialmente superiores a los presentes en el mercado internacional, dado que en 2019 se registró un sobrecosto de 72 millones de dólares en comparación a lo que hubiese representado la importación de biocombustibles.
En lo que respecta a bioetanol, el Comité de Expertos recomendó promover diferentes acciones orientadas a reducir el impacto del costo del mismo en el precios de la nafta
“Podrían evaluarse otras alternativas de financiamiento del subsidio implícito a la producción de caña de azúcar que no impliquen que el mismo recaiga únicamente sobre los consumidores de gasolinas (naftas), como ser la posibilidad de que el subsidio sea asumido por Rentas Generales”, señaló el informe.
También aconsejó que el subsidio que recibe la producción de bioetanol sea “directo, transparente y monitoreado”, para lo cual sería necesario que el único cliente de ALUR (Ancap) no fuese su accionista porque esa “integración vertical impide cualquier posibilidad de generar eficiencias o competencias”.
