El gobierno nacional, a través del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, aceptó habilitar una mesa de trabajo o instancia de negociación para reformular la legislación vigente sobre propiedad intelectual en semillas, que tomará parte de las propuestas de los productores agropecuarios. El sector primario, que usualmente es acusado de esquivar el pago de regalías a los obtentores de nuevas variedades, elaboró un documento que este martes fue elevado al funcionario en el contexto de la Expoagro 2026. El resultado de esta reunión, según confirmó el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) a Bichos de Campo, es esta nueva instancia de trabajo.
Nadie quiere romper lanzar y tampoco nadie desconoce que la Argentina tiene un serio problema porque quienes desarrollan semillas autógamas, sobre todo en soja y trigo, no reciben la paga que se merecen por sus investigaciones. El tema es recurrente y no ha encontrado solución hasta ahora. Entre el derecho al “Uso Propio”, que asegura al productor la posibilidad de usar semillas de su propia cosecha; y la “Bolsa Blanca”, apenas de 30 a 40% de las semillas de soja pagan regalías a sus obtentores. Y esa magra paga detiene la investigación. Y atrasa el ingreso de nuevas semillas mejoradas (y eventos biotecnológicos) al país. Eso atrasa los rendimientos y achata la productividad de toda la cadena.
El diagnóstico compartido es ese: estamos estancados. Pero la recurrente intención de actualizar la normativa vigente a favor de los semilleros siempre se tranca por algún motivo, el principal el desinterés de la política pública.
Lo novedoso ahora, y lo que ahora movilizó a las entidades de la Mesa de Enlace (CRA, Coninagro, Sociedad Rural y Federación Agraria) a reunirse desde noviembre pasado para debatir seriamente sobre el asunto y sumar al colectivo a entidades técnicas como Aapresid y Aacrea, es la decisión del gobierno de Javier Milei de impulsar en el Congreso la adhesión de la Argentina del convenio internacional UPOV 91, que establece para los países que lo firman reglas mucho más estrictas para forzar a los productores a pagar regalías, como un “uso propio” oneroso que obliga a los chacareros a reconocer los derechos de los obtentores ante la siembra repetida de una misma variedad de semillas.
La decisión de los libertarios de imponer el UPOV 91 y dejar atrás un convenio internacional bastante más laxo que es la que ha firmado la Argentina, el UPOV 78, tiene mucho que ver con la presión de las grandes semilleras, en espacial Bayer y Corteva, sobre la Casa Blanca, que a su vez se ha traducido en una petición directa del gobierno de Donald Trump a la gestión sumisa de Milei. Por ese motivo la UPOV 91 apareció mencionado inicialmente en la Ley Bases, aunque no prosperó. Y por eso el gobierno vuelve a la carga con ese convenio en el texto compromiso del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.
Tanta es la presión y el sometimiento, que Milei en persona anunció en su discurso de la Asamblea Legislativa que impulsarán una reforman en el régimen jurídico sobre propiedad intelectual en semillas.
Así llegamos a la Expoagro y l reunión entre el concuñado de Agricultura y los principales dirigentes agropecuarios, tanto de las gremiales como de las entidades técnicas. Estos elevaron al gobierno un documento consensuado que, sin decirlo explícitamente, ofrece algo de resistencia a la UPOV 91, ya que consideran que ese convenio es desventajoso para los productores y podría provocar abusos por parte de la industria semillera.
Pero hay matices, porque mientras algunas entidades de la Mesa de Enlace (como Carbap o la Federación Agraria) asumen sin disimulo su oposición a ese convenio internacional y prefieren una actualización más moderada de la vieja Ley de Semillas, para por ejemplo limitar el Uso Propio, hay otras organizaciones que no quieren confrontar directamente con el gobierno sino más bien llegar a nuevas fórmulas de consenso que atiendan a los reclamos de todos,
En esa línea está Nicolás Pino, el presidente de la SRA y principal interlocutor agropecuario de Milei y sus funcionarios. Honestidad brutal, según pudo saber Bichos de Campo, este dirigente ya advirtió al gobierno que la UPOV 91 sería un hueso duro de roer para la mayoría de los dirigentes rurales. “Va a traer quilombo”, fue más o menos el mensaje que trasladó a la Casa Rosada.
En entrevista con este medio, esta tarde Pino confirmó que ante esta encrucijada se decidió armar una mesa de trabajo para activar el tema y enviar -de ser posible- un proyecto consensuado al Congreso,
Mirá la engtrevista:
“A ver, se viene trabajando en esto desde noviembre, buscando un consenso entre las entidades de productores porque la verdad que hay que buscar una solución después de 25 años de debate. La industria semillera está presionando y nosotros decimos, ‘sentémonos y pongámonos de acuerdo desde los productores'”, indicó Pino sobre la movida ruralista.
La difusión en los medios del documento que habían elaborado estas seis entidades de productores (y que en principio establecería un rechazo del sector a UPOV 91), apuró una mesa de negociación con el gobierno, que aceptó abrir un impasse para discutir las propuestas de los productores. Por cierto, sería muy dudoso el destino del proyecto oficial de adhesión a las apetencias estadounidenses con la oposición declarada de este frente de entidades de la producción primaria.
“Hoy estaba el secretario de Agricultura, estaba el subsecretario, gente del equipo de Agricultura y dijimos, che, bueno, desde la producción nos hemos puesto de acuerdo, hemos buscado un consenso que nos costó casi 20, 25 años para encontrarlo. Bueno, acá está”, comentó Pino, dando cuenta de la apertura entonces de una nueva mesa de trabajo para consensuar un proyecto de ley. Porque, aclaró Pino: “esto va a ser una discusión de los legisladores a los cuales nosotros tenemos que dar información de lo que vemos del lado nuestro”.
¿Y entonces? Quedad claro o que todo se pudre en la primera reunión de esta nueva mesa de trabajo, porque el gobierno se encapricha con la UPOV 91 tal y como exigen los aliados estadounidense. O se buscan formulas intermedias que puedan acercar posicione entre productores y semilleros.
Queda clarísimo: Una opción es mantener la UPOV 78 (que es la misma que tienen Brasil o Uruguay), pero con una reglamentación más estricta. Y la otra opción es aceptar la UPOV 91, pero con una reglamentación un poco más laxa, a la argentina.
“Recién me explicaban claramente, yo no sé si hay desconocimiento o yo no conozco, que estos tratados internacionales tienen que pasar por el Congreso, por supuesto, pero a su vez sufren algo que son reglamentaciones, por qué, porque no es lo mismo estar aceptando un tratado internacional en un país africano, un país europeo, que en América, Y evidentemente, ni hablar, que no es lo mismo con productores que todavía estamos sufriendo el flagelo de los derechos de exportación (DEX),”, se explayó el presidente de la Rural como para decir, con eufemismos, que el agro argentino no está en condiciones de soportar una legislación de primer mundo porque sencillamente paga impuestos del medioevo.
