Si algo caracterizará a esta nota será la escasez de nombres propios. Contornear al gremio que nuclea a la mayoría de los trabajadores del sector lácteo es una tarea difícil. Esto no responde a la falta de información sino más bien a un tema de miedos. Ciertos capítulos de la historia reciente de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) fueron colocados, por algunas de las fuentes que accedieron a hablar con Bichos de Campo, bajo el paraguas del famoso “off the récord”. Es decir, “de esto no se habla”, y si se dice, no fui yo quién lo dijo.
Capítulo 1. Pensar en ATILRA es tener en mente a su secretario general, Héctor “Etín” Ponce, que ingresó a la Asociación en las elecciones de 2002, luego de desplazar a su jefe, Vicente Troncoso, por el 93.83% de los votos. Los números alientan a pensar que se trató de una victoria muy esperada por los afiliados, pero lo cierto es que fue la única lista que se presentó. Teniendo en cuenta que Ponce sigue en el cargo desde entonces, decanta de esta forma el primer rasgo distintivo del sindicato: no es sencillo consolidar una oposición.
El poder de este secretario se concentra en Sunchales, provincia de Santa Fe, donde otrora brillaba la sede central de SanCor. En 1987 ingresó a la planta de la cooperativa de esa localidad, donde logró convertirse en delegado.
Aunque muchos cargan responsabilidades en la crisis de SanCor, que se empezó a vislumbrar en 2007, a los altos costos laborales en esa actividad industrial, también es cierto que Etín jugó fuerte a favor del primer rescate de la principal empresa láctea argentina de entonces por parte del gobierno de Venezuela, que aportó 70 millones de dólares a cambio de envíos de leche en polvo. En la historia del gremio, una página ilustre sucedió en marzo de ese año, cuando el ex presidente Néstor Kirchner, su esposa Cristina y el presidente venezolano Hugo Chávez, interrumpieron el almuerzo que estaban compartiendo en la quinta de Olivos y salieron a saludar a los más de mil afiliados de Atilra que los esperaban con gorros, banderas, bombas y redoblantes para agradecerle por ese rescate a SanCor.
Chávez se puso un sombrerito amarillo, color que caracteriza el márketing del gremio. Todavía estaba muy lejos el macrismo, que también se apropio de ese color.
La consolidación del poder ATILRA se dio luego del 2008, con el recordado “conflicto del campo”. Si bien Etín brindó algunas entrevistas en las que se posicionaba en contra de aquella ofensiva de Cristina Fernández, un acuerdo firmado entonces para dar el primer pago de compensaciones a las empresas lácteas hizo que su timón cambiara de rumbo.
Ésto se cristalizó con el acuerdo firmado en 2009 para instaurar el famoso “aporte solidario”, que todas las empresas –sin importar su tamaño- deben pagar al gremio por cada trabajador afiliado. Recién durante el gobierno de Mauricio Macri, (y luego de varios rounds que enfrentaron a ATILRA con las pymes lácteas en la justicia, ya que muchas denunciaban que este aporte compulsivo las llevaba a la quiebra), con la firma del convenio laboral de 2017, este montó se diferenció entre las pymes y las empresas grandes. Las primeras comenzaron a pagar un 50% menos.
“Supo repartir el fuego”, comentaron las fuentes a Bichos de Campo. El trabajo de Ponce consistió en mostrar el poderío económico alcanzado por ATILRA, ya sea con fiestas realizadas a todo trapo de las que participaban figuras del mundo artístico, como el auspicio a clubes de fútbol (en la actualidad es Colón de Santa Fe, el que lleva la sigla sindical en la camiseta) o a boxeadores diversos. Incluso montó un centro de salud de último nivel en Sunchales, y construyendo el Centro Educativo Tecnológico (CET).
La proyección del gremio fue tal que en 2015 hasta propuso hacer un acuerdo con APLA (una asociación de productores lecheros sin personería jurídica) para levantar una planta de secado de leche. El proyecto nunca se concretó. Hubiera mostrado a los sindicalistas convertidos en patrones.
Capítulo 2. Pensar en ATILRA también es pensar en la relación que mantiene con el sector empresarial. Desde hace años existe un tironeo con la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Industria Láctea (Apymel), y en menor medida con el Centro de la Industria Lechera (CIL).
Los pequeños productores nucleados en Apymel insisten en conformar un convenio laboral pyme que tenga en cuenta que su realidad económica, tecnológica y productiva no es la misma que la de las grandes empresas. Para los empresarios, el convenio de ATILRA es de los más caros que existe y es puesto en discusión cada año durante las paritarias. En 2019 este sindicato cerró la paritaria récord, con un 55% de aumento, por encima de la inflación.
Ver ¿Cuánto gana un trabajador de la industria láctea afiliado a Atilra?
A pesar de los pedidos del sector pyme al Ministerio de Trabajo, ese convenio diferencial no se ha podido concretar aun y según fuentes consultadas se relaciona en parte con la posición del CIL. Dado que las grandes empresas tienen mayor espalda para afrontar los aumentos de cada año, un convenio diferencial implicaría un trato más competitivo en función de los pequeños empresarios.
Esa observación no debe opacar las disidencias que también tienen las grandes empresas con el gremio. Uno de los puntos conflictivos ha sido el pago a las obras sociales. Durante las paritarias de 2020, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, ATILRA exigió un doble aporte solidario –además del ya acordado- para contribuir con OSPIL, la Obra Social del Personal de la Industria Lechera. Los reclamos llegaron de parte de empresas como Mastellone que tenía a sus empleados enmarcados en MediFé.
Capitulo 3. Ahora bien, ¿cómo encara ATILRA sus reclamos? Todas las fuentes consultadas coincidieron en que se hace a través de un método sistemático de aprietes, amenazas y huelgas. “El gremio no lo va a blanquear porque es el famoso ‘de ésto no se habla’. Lo que hay que hablar es grave y es un problema estructural en Argentina”, señaló un conocedor a Bichos de Campo.
Fue, palabras más o palabras menos, lo que denunciaron los integrantes de la familia Mayol, que se dedican a industrializar leche en una pequeña planta de Udaondo, que lleva más de 85 años en el negocio, y que estuvo bloqueada varios días por integrantes de ATILRA.
“Estamos frente a un gremio mafioso. Me robaron implementos de la fábrica y me rompieron aparatos”, denunció Dardo Mayol, que luego presentó una denuncia penal contra los sindicalistas. La respuesta del gremio fue que los dueños de la empresa violaron “de manera sistemática y recurrente los derechos de los trabajadores”. Incluso Ironizaron llamando a los Mayol como “la familia Ingalls”.
Como sea, venciendo el miedo, la asociación Apymel llegó a protestar en un comunicado contra los modos de acción del gremio. “La situación atravesada por este socio de nuestra entidad preocupa por los métodos empleados”, blanqueó en un comunicado.
A veces las cosas se han desbordado. En 2008, unos 150 miembros de ATILRA viajaron a Rosario para protestar contra la seccional del gremio, que estaba manejada por opositores a Ponce. El encuentro derivó en una violeta pelea que terminó con un muerto y diez heridos.
En la relación con el gremio, la debilidad más grande de la industria láctea es trabajar con un producto perecedero, la leche. Una huelga o bloqueo en una fábrica supone una pérdida de dinero muy importante. Sin embargo, en un intento por evitar la mala publicidad, ATILRA agregó una clausula en la que habilita el procesamiento de la leche por parte del personal jerárquico. A todas luces se trata de un truco, ya que no cualquiera puede operar la maquinaria necesaria ni descargar los camiones.
Hay que aclarar que estos “métodos” gremiales no son aplicados con todas las empresas y que las peleas son estratégicas. En el caso de Mayol parece no haber quedado más remedio. “Hay una irregularidad hace mucho tiempo que se trato de solucionar con el diálogo y no se logró”, dijo el abogado Alberto Coronel, apoderado de ATILRA, al medio Tranquera.
Esto no es sin embargo el tratamiento que aplican sobre SanCor, que mantiene a más de 500 empleados en la categoría de “suspensión indefinida”, cobrando 10.000 pesos por mes. Varias veces Ponce se ha pronunciado a favor de un nuevo rescate oficial a la malograda cooperativa de Sunchales, que ya tuvo que vender buena parte de sus plantas. En ese caso, no se hacen los bloqueos en defensa de los trabajadores y sus derechos. Algunos deslizan incluso que el gremio podría llegar a ser uno de los socios capitalistas que están detrás de BAF, el fondo de inversiones que es el principal acreedor de SanCor.
Como sea, hay cientos de empleados con sus derechos vulnerados. “ATILRA avaló que esto suceda. Se presentó junto a SanCor en el Ministerio de Trabajo, manifestó que conoce de la crisis financiera y facilitó este régimen de suspensiones. La empresa Verónica es otro caso testigo”, dijo un empleado de la planta de distribución de SanCor en Don Torcuato.
