El año pasado, los dirigentes rurales de la Mesa de Enlace habían sido “vacilados” en varias ocasiones por el ex ministro Sergio Massa y su secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, quienes les prometían remover una medida discriminatoria adoptada por el Banco Central que “castigaba” con una sobretasa del 20% a los productores de soja que no hubieran vendido rápido al menos el 95% de su cosecha. Los funcionarios peronistas anunciaron varias veces que esa discriminación iba a cesar, pero luego no pasaba nada.
Con la llegada de Javier Milei al gobierno, y en medio de sus ínfulas desregulatorias, la suposición era que esa normativa no iba a continuar: vencía con el fin de año y todo se iba a normalizar. En un gobierno libertario lo esperable sería que cada quien pueda disponer de su propiedad (en este caso la soja) como se le plazca.
Pero hace 48 horas imprevistamente esa normativa del BCRA fue prorrogada por otros seis meses, hasta el 30 de junio de 2024, mediante una Comunicación de la autoridad monetaria. Es decir que el gobierno libertario sigue empujando a los productores a vender rápido sus granos, y afecta así incluso a las empresas agropecuarias que deben guardarlo para destinarlo a la producción de biodiésel, leche o carne.
La medida sigue respondiendo a las urgencias financieras de los gobiernos, cualquiera sea su signo político, y no se detiene en las particularidades de las actividades agropecuarias.
La gran incógnita aquí es si esa prórroga del BCRA la decidió un burócrata gris de ese organismo o si tuvo el aval político del presidente Milei, el ministro Luis Caputo y el secretario de Agricultura nuevo, Fernando Vilella. Determinar eso será una prueba de fuego para saber cómo continuará la relación entre el nuevo gobierno y las entidades rurales de la Mesa de Enlace.
Los dirigentes rurales ya deben estar medio cansados de que les prometan una cosa y luego hagan otra diferente. La palabra elegida por ellos mismos fue “decepción”.
Ese fastidio se destila en el comunicado que la Mesa de Enlace publicó este sábado de mañana. “Esta medida, que fue heredada del gobierno anterior, se presenta como un claro abuso discriminatorio y una manifiesta arbitrariedad que afecta directamente a los productores y compromete el rumbo hacia la desregulación y la liberación económica que se esperaba”, advirtió el bloque.
Y prosigue: “Resulta incomprensible que, en lugar de avanzar hacia un escenario de mayor flexibilidad y apertura económica, se perpetúen medidas que castigan injustamente a los productores agropecuarios que lejos están de utilizar sus granos de manera especulativa. Este recargo no solo impacta en quienes se dedican exclusivamente a la producción de soja, sino que también afecta de manera negativa a los productores mixtos, quienes ven cómo se incrementa la tasa de interés para inversiones ganaderas, por ejemplo”.
Este es el comunicado que obviamente reclama al gobierno de Milei una marcha atrás con la medida:
Luis Migliaro, coordinador agropecuario de la Fundación Alem (ligada históricamente a la UCR), le puso también la vara alta a las nuevas autoridades. “Si los funcionarios de Agricultura no se oponen enfáticamente y claramente a dicha norma, demuestran que desconocen cómo funciona el negocio del sector agropecuario”, afirmó.
Y explicó: “Los granos guardados pueden ser para ser para consumo propio, para hacer canje o para venderlos en forma escalonada, a medida de las necesidades que surgen, para hacer frente a la producción y a los distintos compromisos mensuales que un productor tenga. Es razonable y de sentido común. A los productores les llegan facturas todos los meses para pagar y se cosecha una vez al año”, avisó, por si alguno no estaba enterado.
