Una política económica libertaria es lo que la Argentina necesita para que el sector productivo pueda salir adelante

El administrador de una finca vitícola mendocina propuso a una bodega entregar la producción de uvas de esta campaña aceptando recibir el pago –en cómodas cuotas– en el transcurso de 2027. Pero la industria no aceptó porque cuenta con un excedente enorme de inventarios. Las uvas, por lo tanto, serán cosechadas para dejarlas tiradas en el suelo ante la falta de demanda.

Esa situación dramática es producto de un problema de orden global: la caída del consumo de bebidas alcohólicas, lo que obliga a los elaboradores de vino –también de cerveza, vodka, whisky, ron y extenso etcétera– a reducir la oferta para equilibrarla con la demanda.

La acción de Pernod Ricard en la Bolsa de París perdió un 46% de su valor en el último lustro, mientras que la de Diageo en el mercado bursátil de Londres descendió un 38% en el mismo período.

Las razones detrás del fenómeno son tanto económicas como demográficas y culturales. Una porción de los jóvenes consume menos alcohol porque lleva un estilo de vida “fit”, que por lo general está asociado a la medición del consumo diario de calorías (cada uno se complica la vida como quiere) y al ejercicio físico constante. Otra porción compra menos bebidas alcohólicas porque se encuentra precarizada; con menos dinero en el bolsillo que sus padres, los gastos se concentran en cuestiones esenciales.

Por otra parte, las regiones del planeta que son las mayores consumidoras de alcohol –América, Europa, Rusia y Oceanía– tienen tasas de reemplazo poblacionales negativas, mientras que las tasas positivas se concentran en el norte de África y Medio Oriente, donde predomina el Islam, religión que prohíbe el consumo de alcohol.

En lo que respecta al vino, la bebida nacional de la Argentina, el nuevo escenario es particularmente doloroso porque se trata de un producto asociado a un legado cultural que refleja la tradición presente en regiones particulares. En cada botella es factible apreciar el concomiendo y esfuerzo acumulado en varias generaciones.

Ciertamente, no tiene lógica ir en contra del mercado y sostener la producción de un producto con demanda decreciente. Pero en la Argentina el fenómeno está potenciado por un entorno macroeconómico que privilegia al sector financiero en desmedro del productivo.

Tal como sucedió durante la década del ‘90, el gobierno se enamoró la herramienta cambiaria empleada para contener el descalabro inflacionario heredado de las administraciones anteriores. Y eso termina trastocando todos los precios relativos para promover incentivos en sectores que generan riqueza circunstancial sin producir valor estructural.

¿Volvimos a los ’90? ¡No! Ahora estamos mucho peor (promoción no válida para creyentes del relato libertario)

El tipo de cambio es un sistema de incentivos que con la depreciación premia a quienes exportan para atender las necesidades de miles de millones de personas en toda la extensión del orbe, mientras que, con la apreciación, beneficia a aquellos dedicados a ofrecer bienes y servicios a un puñado de millones de consumidores en un mercado interno pauperizado.

Si el gobierno aplicara una política cambiaria libertaria, parte de los problemas presentes en el vitivinicultura argentina se morigeraría a través de un incremento de la competitividad de las exportaciones junto con una probable recuperación del turismo receptivo.

No se trata de perder tiempo en debates infructuosos sobre el tipo de cambio de equilibrio, sino en permitir que las empresas –no sólo las personas– puedan acceder libremente al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), además de brindar la posibilidad de que el sector privado pueda girar al exterior utilidades sin ningún tipo de restricción (este año pueden hacerlo pero sólo para utilidades generadas en 2025).

Sólo considerando esas dos acciones, el tipo de cambio podría alcanzar un valor de mercado que reduciría la necesidad de abonar tasas de interés en pesos elevadísimas para renovar títulos públicos, lo que a su vez promueve el estrangulamiento financiero del sector privado.

En definitiva, si el gobierno libertario aplicara una política que respetara los derechos de propiedad en el ámbito cambiario, liberando las “cadenas” presentes en ese mercado, las empresas que producen bienes reales –como es el caso del vino– podrían tener una mayor margen de acción para enfrentar dificultades.

Para eso, claro, habría que desactivar la “fábrica de humo” financiera sustentada con el erario público, que sólo en enero pasado abonó 2.020.578 millones de pesos en concepto de intereses, una cifra 4,7 veces superior a la recaudación de ese mes generada por los derechos de exportación. Como en todo, es necesario elegir: una cosa o la otra.