Era casi una inmoralidad en un país endeudado y con una pobreza enorme. Pero Juan Pazo, como buen chico engreído y caprichoso que parece ser, insistió e insistió hasta que se dio de de cara contra la pared. Por eso primero tuvo que postergar su plan para la identificación electrónica de todos los bovinos, mediante un chip electrónico que iba a ser adquirido por el gobierno nacional. Y ahora desistió por completo de su plan original: la trazabilidad individual de la hacienda comenzará en 2026, pero el Estado Argentino (todos nosotros) no pondrá un peso.
Todavía no se oficializó la decisión del mandamás de la política productiva. Pero el concuñado político de Pazo, el secretario de Agricultura Sergio Iraeta ya la anticipó en las últimas horas, en una reunión que mantuvo con la cúpula de CRA, la entidad que más se opuso a los planes originales de poner una caravana electrónica a todos los terneros nacidos o destetados a partir de marzo de 2025., que finalmente no prosperó.
“Asistimos a una reunión con el secretario de Agricultura. Se trataron varios temas, como obras viales y la identificación electrónica. Sobre este tema comunicó que el sistema comienza el 1 de enero de 2026, y que el costo lo asumirán los productores, ya que el Estado no comparará caravanas”, fue la escueta comunicación que la conducción de CRA comunicó a sus dirigentes en todo el país.
Era la señal que el negocio ganadero estaba esperando luego del papelón protagonizado por Pazo e Iraeta a fines de 2024. Primero, en noviembre, convocaron a una licitación internacional para comprar 24,5 millones de caravanas electrónicas y 800 bastones lectores, con el compromiso de otorgarlas a los ganaderos de todo el país para que comiencen a utilizarlas en sus terneros a partir de marzo pasado. Para esto, Pazo mandó desviar un crédito del Banco Mundial que unos 23 millones de dólares, que debían utilizarse en cosas mucho más urgentes para el agro, porque se prestaron para diseñar planes de mitigación del cambio climático y la sequía.
En esa licitación se impuso en todas las categorías la empresa suiza Datamars, que ofertó el menor precio por los chips electrónicos. Pero esa empresa no recibió señales de los funcionarios de Economía durante un mes y medio. Cuando a principios de enero un correo electrónico le exigió la provisión de 10 millones de caravanas antes de marzo, los ganadores de la licitación contestaron que todavía no tenían ningún contrato firmado y que no llegarían en los tiempos previstos.
La reacción de Pazo a las consecuencias de su propio apresuramiento fue postergar el inicio de todo el proceso de trazabilidad individual de los bovinos. Unas tres semanas antes del inicio del programa, y tal como lo había adelantado Bichos de Campo, el gobierno nacional prorrogó la puesta en marcha del sistema obligatorio. No quedaba más remedio. Por medio de la resolución 19/2025 se determinó que a partir del 1 de enero de 2026 los productores ganaderos argentinos deberán identificar todos los terneros/as al destete o al primer movimiento.
Pero faltaba la segunda definición, que es la que ahora le dio Iraeta a los dirigentes rurales, que seguramente paladearon esta admisión de derrota, ya que desde CRA fue de donde surgieron las mayores advertencias que decían que el Estado no tenía por qué entrometerse en este proceso y mucho menos imponer una tecnología.
La confirmación es ahora que Economía no convocará a una nueva licitación entre los proveedores privados de las caravanas electrónicas, que a diferencia de las convencionales tienen un chip con los datos de cada animal, lo que facilita la lectura y la carga a la nube de esos códigos, para permitir un seguimiento de la vida de cada animal. El argumento de Economía para impulsar este paso (desde hace 20 años que Argentina tiene un sistema de trazabilidad vacuna, pero con caravanas plásticas convencionales) es que era una exigencia de los mercaros. Pero la verdad es que la ex AFIP, organismo que pasó a comandar el propio Pazo, podrá tener un control mucho más fino del stock bovino nacional.
Esto significa que los ganaderos tendrán que salir a comprar sus propias caravanas electrónicas a los diferentes proveedores, que competirán en un mercado libre entre diversos proveedores, a un costo que (según la licitación) puede variar entre 90 centavos de dólar y 1,40. Como cada año nacen y se destetan en la Argentina unos 15 millones de terneros, se trata de un mercado cercano a los 20 millones.
Pazo, con el desvío de ese crédito del Banco Mundial, para atenuar las críticas ruralistas a su plan, había decidido comprar desde el Estado las caravanas para el primer y segundo año de caravaneado, e iba a subsidiar a todos los productores ganaderos con ese insumo, más allá de su escala productiva, sean pequeños, medianos o enromes. Así, iba a suceder el contrasentido de que en un país empobrecido, todos los argentinos iban a terminar pagando -en un crédito a largo plazo- las caravanas para empresas como Cresud o tantas otras que tienen decenas de miles de cabezas de ganado. Y justo en momentos en que la carne vacuna pasa un momento de altos precios históricos, con más de 4 dólares por kilo vivo de novillo.
Ahora, tal como reclamábamos en Bichos de Campo, el Estado no gastará dinero en una decisión caprichosa que Pazo nunca explicó correctamente para qué se tomaba.
