Los problemas colaterales surgidos por la falta de una actualización de la Ley de Semillas, que data del año 1973, volvieron a quedar de manifiesto. Un comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) -el primero emitido por una entidad ruralista en este tema- apuntó sus dardos contra “Sembrá Evolución”.
Sembrá Evolución es una iniciativa 10% privada creada hace tres años por las principales firmas semilleras de la Argentina, en especial dedicadas al mejoramiento de especies autógamas (soja y trigo), con el objetivo de cobrarle a los productores regalías por sus desarrollos. Están allí dentro ACA, Basf, Bioceres, Brevant, Buick, DonMario, Klein, Illinois, Limagrain, Macro Seed, Neogen, Nidera, NK, Nord, Pionner y Stine.
Cansadas de esperar que el sector público les asegure un marco para poder recibir un retorno razonable por las tecnologías que vuelcan al mercado, las semilleras impulsaron en 2022 esta iniciativa, desde donde les exigen a los productores la firma de una serie de contratos que reconocen estas regalías. Es decir, si el hombre de campo no paga previamente no debería utilizar las nuevas semillas lanzadas al mercado por todas estas compañías. Se trata de combatir así la “bolsa blanca”, como se conoce la semilla multiplicada de manera informal.
Desde CRA, sin embargo, alertaron por la excesiva carga que suponen las exigencias de la industria semillera.
“Advertimos con suma preocupación la creciente suscripción de contratos de Sembrá Evolución (Licencia de Derechos de Obtentor y Compromiso Irrevocable de Reconocimiento de Aporte Genético), que incluyen cláusulas gravosas y obligaciones excesivas para los productores”, inicia el comunicado de la entidad ruralista.
Asegurando que este sistema supone “dar un paso atrás en la comercialización de semillas de trigo y soja”, CRA listó una serie de advertencias que los productores deberían tener presentes:
- Pago doble del aporte genético: se abona al comprar semilla fiscalizada y nuevamente al reutilizar grano propio para resiembra.
- Límites de producción estrictos, con rendimientos reconocidos de hasta 3.000 kg/ha para soja y 4.000 kg/ha para trigo. “El exceso genera cargos adicionales”, advirtió la entidad.
- Declaraciones obligatorias y auditorías: los productores deben informar, en plazos estrictos, hectáreas sembradas y variedades utilizadas, y se autorizan inspecciones y acceso irrevocable a los establecimientos (lotes) sin aviso previo de los inspectores designados por las semilleras.
- Multas desproporcionadas: Se prevé por incumplimientos a los contratos graves implican multas automáticas del 400% del valor de la semilla.
- Renovación perpetua: La licencia no se extingue fácilmente, pues se renueva con cada resiembra comprometiendo al productor de forma indefinida.
- Cesión masiva de datos personales: Se otorga autorización plena para que datos sensibles del productor sean compartidos y transferidos a terceros, incluyendo organismos públicos y privados.
“Desde CRA instamos a todos los productores a: leer detenidamente todas las cláusulas, especialmente las referidas a aportes, inspecciones, penalidades y tratamiento de datos; y a no firmar ningún contrato de Sembrá Evolución sin un asesoramiento jurídico especializado previo”, concluye el comunicado.
Esta no es la primera vez que el sistema privado es objeto de denuncias. En 2024, Bichos de Campo contó un caso de la empresa AKTO SRL, que denunció que Sembrá Evolución quiso hacerle firmar un contrato de protección de derechos para semillas de soja, cuando solo había adquirido semillas de trigo. El caso llegó hasta la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (CABC).
