El juez federal de Rosario Carlos Vera Barros trabó esta semana un embargo por 3100 millones de dólares a la concursada Díaz & Forti S.A. y también a los dos directores de esa compañía en el marco de una investigación por una supuesta infracción de la Ley 19.359 relativa a la no liquidación de divisas generadas por exportaciones.
El embargo, adelantado por Rosario3.com, se dictó sobre propiedades y vehículos, pero el magistrado además solicitó a los bancos que identifiquen las cuentas de Díaz & Forti y de Marcelo Darío De Vincentis y Luis Ariel Olio, “como así también que informen la existencia de cajas de seguridad a nombre de los mencionados”.
Además de automóviles embargaron motos, lanchas y campos, uno en Aarón Castellanos, en Santa Fe y otras tres propiedades en las inmediaciones de la localidad de Firmat.
Díaz & Forti, que operaba las plantas aceiteras de la concursada Vicentin SAIC hasta que fue inhabilitada por el Estado nacional, se presentó en concurso de acreedores en febrero pasado.
Los problemas para Díaz & Forti, integrante del Grupo Olio, comenzaron con la resolución 132/2020, por medio de la cual se dispuso que la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario debe dar de baja del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) a las empresas que no ingresen divisas en los plazos establecidos por la legislación vigente.
Como los técnicos del Banco Central (BCRA) detectaron que Díaz & Forti no habían ingresado una suma cercana a los 400 millones de dólares por exportaciones agroindustriales, se la dio de baja del RUCA hasta que regularizara su situación.
La empresa judicializó la medida, intentando obtener una respuesta favorable en es ámbito con el propósito de seguir operando las fábricas de Vicentin, pero la estrategia no resultó exitosa. Posteriormente intentó continuar operando a través de Extrugreen SA, una firma con accionistas vinculados al Grupo Olio.
Díaz & Forti S.A. no tiene cheques rechazados y tampoco cuenta con deuda bancaria a la fecha.
