Los contratos de arrendamiento de corto plazo –con campos que se “rematan” todos los años al mejor postor– son uno de los principales problemas en materia de sostenibilidad agropecuaria porque en los mismos resulta inviable instrumentar prácticas agronómicas que aseguran la conservación del patrimonio edáfico.
La Dirección de Información y Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) acaba de publicar el informe de arrendamientos del primer semestre del año 2025 donde se visualiza un dato que resulta importante respecto de la cuestión de los plazos de alquileres agrícolas.
El informe muestra que los arrendamientos agrícolas con un plazo de uno y dos años se negociaron en 2025 en una media de 265 y 263 u$s/ha respectivamente, mientras que aquellos con un período de cuatro a cinco años se acordaron en un promedio de 318 u$s/tonelada.
Eso implica, considerando la muestra informada (151.000 hectáreas con plazos de uno y dos años y 121.000 para los de cuatro a cinco años), que el “premio” para ofrecer un alquiler de largo plazo es del 20%.
Para decirlo de otra manera: el precio de la “seguridad” de conservar el campo agrícola alquilado fue en promedio de un 20% para el arrendatario, lo que no es poca cosa.
La correlación entre ambos factores no puede se considerada directa porque existen muchas otras variables en juego que definen un arrendamiento (aptitud agrícola, manejo previo, escala, cercanía a accesos viables o puertos, etcétera). De hecho, existe una correlación marcada entre escala y valor de alquiler.
Sin embargo, se trata de un indicador que, más que una certeza, permite disparar preguntas relevantes sobre el tema, dado que abonar un sobreprecio para asegurar continuidad no garantiza que el arrendatario aplique un sistema de “agricultura minera” sobre el campo para intentar recuperar la inversión.
En todo caso, el precio debería ser considerado un factor importante, pero no el único al momento de instrumentar un contrato de arrendamiento agrícola. Existe muchas experiencias exitosas en ese sentido, con empresas y propietarios que establecen lazos de confianza en el marco de los cuales se promueve la productividad cuidando la calidad del suelo.
El informe oficial uruguayo indica que el primer semestre del año 2025 se realizaron 1251 contratos de arrendamientos sobre una superficie arrendada que superó las 385.000 hectáreas, una cifra 7% menor respecto a 2024.
Las operaciones vinculadas a los rubros agricultura de secano y arroz aumentaron su área arrendada en 16% y 8% respectivamente y su precio promedio aumentó un 2% (de 269 a 273 u$s/ha/año) para la agricultura y un 23% considerando las rentas arroceras (de 176 a 216 u$s/ha/año)
Soriano, Colonia y San José, departamentos con rentas exclusivamente para agricultura de secano, registran los precios medios de renta más altos: 247, 246 y 238 u$s/ha/año respectivamente. En el otro extremo, los contratos que se acordaron a menores valores corresponden al departamento de Artigas promediando 75 u$s/ha/año, seguido por el departamento de Salta que alcanzó los 89 u$s/ha/año.
