El ministro de la Producción de Chaco, Oscar Pablo Dudik, implementó una política de “tolerancia cero” frente al uso de herbicidas prohibidos en el territorio chaqueño y anunció que no dudará en aplicar sanciones severas a los infractores.
Entre las sanciones se incluyen multas económicas por un valor de hasta 10.000 litros de gasoil, secuestro de maquinaria y equipos y hasta la clausura del establecimiento.
Asimismo, anunció que se intensificarán los operativos de vigilancia y fiscalización en todo el territorio provincial con el objetivo de garantizar que la actividad agrícola se desarrolle dentro de los parámetros legales.
“El compromiso del Estado es claro: controlar, identificar y sancionar a quienes utilicen productos prohibidos o realicen aplicaciones indebidas”, señaló Dudik, y agregó que estas acciones buscan resguardar el futuro productivo del Chaco y promover una actividad agrícola sostenible.
El funcionario también se quejó sobre el uso excesivo de herbicidas, entre ellos algunos prohibidos en determinadas épocas del año –como los hormonales–, que está generando malezas resistentes a múltiples principios activos.
“El uso indiscriminado de herbicidas nos está llevando a un escenario preocupante: estamos generando malezas multitolerantes, las llamadas súper malezas, como resultado de una mirada cortoplacista sobre la producción. Se prioriza el rinde inmediato sin considerar las consecuencias a mediano y largo plazo”, afirmó Dudik.
No se trata, por cierto, de una novedad, porque el REM de Aapresid viene monitoreando hace décadas la creciente cantidad de malezas resistentes y tolerantes a uno o varios principios activos, lo que hace que el control se torne cada vez más difícil si no se implementa un enfoque integral que contemple, entre otras alternativas, rotaciones adecuadas –incluyendo agrícolas-ganaderas– y cultivos de servicio.
“El problema se agrava porque una gran parte de nuestra superficie productiva corresponde a campos arrendados, donde la lógica muchas veces es obtener el mayor rendimiento posible en el menor tiempo posible. Esta visión, que en los últimos años se naturalizó incluso en temas complejos, termina condicionando seriamente el futuro productivo, ambiental y económico, limitando además las posibilidades de diversificar la producción y sostener cultivos de autoconsumo”, advirtió el ministro.
“Tenemos que preguntarnos con responsabilidad: ¿todo hoy y mañana qué? Desde el Estado vamos a promover una producción que cuide los recursos, la salud y el futuro del sistema productivo, porque no hay desarrollo posible si no es sostenible en el tiempo”, añadió.
El problema de los arrendamientos agrícolas es que gran parte de los mismos se realizan con contratos anuales, razón por la cual no resulta viable encarar inversiones destinadas a consolidar la sostenibilidad de los planteos productivos con un horizonte de largo plazo.
La realidad es que, más allá de las buenas intenciones, es poco lo que se puede hacer al respecto desde el ámbito provincial, porque la promoción de contratos de arrendamiento de largo plazo (de al menos un mínimo de cinco años) debería ser materia de una política de Estado a nivel nacional a través de incentivos tributarios sustanciosos.
El plazo minimo legal establecido por la ley de arrendamientos rurales es TRES años. El contrato (“anual”) de una cosecha es, resalto EXCEPCIONAL. Y para el caso de que se pacte un nuevo (segundo) contrato “anual” el inquilino podrá “seguir” en el lote por un tercer año conforme lo prevé la ley en su art. 4° (Ley Nacional 13.246 de Arrendamientos Rurales. O sea, la ley prevé un plazo trianual como mínimo par así poder planificar rotacion de cultivos (y de herbicidas obviamente). El estado a traves de la ley ya interviene en el mercado de arrendamientos agrícolas, asi que sería bueno difundir esto para efectivamente limitar la utilizacion de contratos anuales a situaciones excepcionales.