El conflicto por el uso de productos químicos en el sector agropecuario está ofreciendo nuevos capítulos.
Las agrupaciones ambientalistas y el gremio de Entre Ríos no quedaron conformes con el segundo decreto del gobernador Gustavo Bordet, que dio marcha atrás con las restricciones reclamadas por esas organizaciones (establecían una distancia de 1.000 metros para aplicaciones terrestres y de 3.000 mil metros para las aéreas). El nuevo decreto las redujo a 100 y 300 metros, respectivamente, lo que llevó tranquilidad a los productores que retomaron los planes de siembra de maíz y soja.
Las asociaciones que promovieron la primera prohibición recurrieron otra vez a la justicia, presentando un amparo en esta ocasión ante la Cámara Segunda de Apelaciones, a cargo del doctor Virgilio Galanti, quien este jueves hizo lugar a la apertura de pruebas.
En este etapa, el juez les dio un plazo de 6 días hábiles a los ambientalistas y docentes y a la provincia (la demandada en esta cuestión) para que presenten los informes técnicos avalando sus posiciones.
El encargado de representar al Estado entrerriano es el fiscal Julio Rodriguez Signes, quien a diferencia de otros tiempos ahora está trabajando junto con el INTA, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Entre Ríos y varias dependencias específicos del estado provincial.
En este contexto, los productores confían en una resolución favorable del tema. Para conocer el resultado, de todos modos, hay que dejar que empiece a correr el plazo hasta el viernes que viene.
Mientras el conflicto en Entre Ríos parece más encaminado, ahora el foco de tensión se trasladó a Pergamino, en la zona agrícola más rica de Buenos Aires, donde un juez federal de San Nicolás, carlos Villafuerte Ruzo, también estableció una prohibición total al uso de agroquímicos en un radio de casi 1.100 metros de la ciudad, en el caso de pulverizaciones terrestres; y de 3.000 metros para las aplicaciones con avión.
