Mientras se discute una posible nueva ley nacional sobre Agroquímicos, los parámetros para la aplicación de esos insumos son aún difusos y, en última instancia, dependen de lo que cada legislación provincial o municipal dicte. En ese aspecto, Entre Ríos es, quizá, la jurisdicción en donde más se ha avanzado al respecto. La normativa vigente allí incluso contempla el uso de drones.
Desde enero, en esa provincia rige la Ley 11.178, que aborda las “buenas prácticas en materia de fitosanitarios” y prevé la creación de registros para que esas aves aéreas no tripuladas lo hagan. Sin embargo, hasta el momento, esa reglamentación no fue instrumentada. En este contexto, una denuncia por intoxicación en un campo de Diamante reavivó el debate sobre el uso de esta tecnología y podría derivar incluso en la declaración de la inconstitucionalidad de esa ley.
Días atrás la denuncia de una familia de Aldea Salto reabrió una discusión que parecía ya saldada y que ahora obliga al estado provincial a defender la nueva ley en los Tribunales y rediscutir lo que se trabajó en la legislatura meses atrás.
Mediante informes médicos, los denunciantes acreditaron que una nena de 12 años sufrió daño genotóxico crónico por la exposición a sustancias agroquímicas durante períodos prolongados. A raíz de eso, solicitaron que se prohíban las aplicaciones terrestres en un radio de 1000 metros y las aéreas en un radio de 3000 metros de su casa ubicada en el departamento de Diamante. La justicia les concedió el recurso de amparo.
Hace unos meses, cuando Bichos de Campo consultó a la directora de Agricultura provincial, Carina Gallegos, el uso de drones para la aplicación de agroquímicos de forma legal era inminente, pues la habilitación estaba contemplada en la legislación de ese distrito pero necesitaba de la aprobación por parte de Senasa de los productos.
Ahora todo quedó en veremos.
En realidad, hay dos decisiones vertidas por la misma jueza que intervino en el caso. Por un lado, hacer lugar a un recurso de amparo y suspender las aplicaciones de agroquímicos con drones -que aún no estaban reglamentadas por ley y por ende, eran ilegales- en los campos linderos a esa familia hasta resolver el pedido de fondo, que es ampliar las distancias de aplicación.
Pero, por el otro, y más importante aún, declarar la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley 11.178 referidos justamente a esos parámetros. En Entre Ríos es de larga data que fallos judiciales fijen distancias precautorias para la aplicación o incluso prohíban productos de uso común como el glifosato. la nueva ley justamente buscaba evitar ese escenario de judicialización. En un momento, por este tipo de restricciones de tono ambiental y de salud una tercera parte del territorio entrerriano no iba a poder ser cultivado, al menos no usando agroquímicos.
La jueza Adriana Acevedo, vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, argumentó que, así como está planteada, la nueva ley provincial vulnera “el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano, los derechos de niños, niñas y adolescentes y el principio de progresividad/no regresión”. En particular, desde sus artículos 63 y 65, en el que se establecen las “zonas de exclusión” y las de “amortiguamiento”.
En el primer caso, el texto de la norma dicta que en las “áreas sensibles con asentamientos de personas” no se podrá aplicar fitosanitarios en un radio de 10 metros para aplicaciones manuales o con drones, 100 metros para las terrestres y 200 metros para las aéreas. En las zonas sensibles sin asentamientos, las distancias se reducen a la mitad.
En su artículo 66, la ley establece como “zonas de amortiguamiento” aquellas donde pueden aplicarse sólo agroquímicos de banda azul y verde, y que son linderas a las “zonas de exclusión” que contempla el artículo 63. Donde hay asentamientos, de los 10 a los 30 metros para aplicaciones manuales o con drones, de los 100 a 300 metros para las terrestres y de los 200 a 600 metros para las aéreas. Son los mismos topes que para las zonas sin asentamientos.
Este es el texto de la ley:
ley buenas prácticas Entre Ríos
Aunque altas fuentes del gobierno entrerriano aseguraron a Bichos de Campo que el conflicto legal no complica la instrumentación de la ley provincial y el avance hacia el uso de drones en las aplicaciones, lo cierto es que, a partir de la decisión de la jueza Acevedo, ahora volverán a discutirse los puntos más álgidos de aquella normativa, lo que parecía ya saldado en la legislatura.
El pasado viernes 7 de noviembre se llevó a cabo una audiencia de conciliación en los Tribunales de Paraná y la magistrada anunció que comenzará el período de recolección de pruebas e informes técnicos para definir si, finalmente, habrá cambios en las distancias de aplicación contempladas dentro de las buenas prácticas agropecuarias.
En defensa de esa norma actuará la fiscalía del Estado provincial, a cargo de Martín Rettore Elena, quien asegura que, legalmente y científicamente, la norma ya fue discutida con todos los actores pertinentes meses atrás.
En mi carácter de representante del pueblo de mi provincia pido al Gobierno provincial @frigeriorogelio que impulse una revisión profunda de la normativa aprobada y garantice estudios científicos, monitoreos ambientales con participación social efectiva y no solo dibujada para… pic.twitter.com/ErDPg4tLlp
— Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) November 10, 2025
A eso se suma el pedido de la diputada nacional Blanca Osuna hacia el gobierno entrerriano de rever por completo la normativa vinculada a las aplicaciones de agroquímicos.
“Vulnera derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a un ambiente sano y equilibrado y al cuidado de la salud”, dijo la legisladora de Unión por la Patria, que asegura que “la Justicia volvió a advertir lo que el gobernador Rogelio Frigerio decidió ignorar”.
