En los últimos meses, dando cuenta del patetismo y secretismo con que se ha manejado toda la discusión pública sobre el futuro del INTA (nada menos), muchos trabajadores de ese instituto tecnológico diseminados por todo el país agradecían a Bichos de Campo por haber anticipado muchas de las noticias sobre el proceso de ajuste que quería imponer allí el gobierno de Javier Milei. Era curioso, ya que ni el propio presidente Nicolás Bronzovich ni la Dirección Nacional del INTA los informaban sobre su futuro inmediato. Y en reemplazo de los carriles institucionales que no funcionaban aparecía este modesto medio periodístico.
No será un anticipo lo que sigue ahora: este documento que publicamos circuló todo el fin de semana entre los celulares de prácticamente todo el universo de empleados del INTA. Nosotros hemos accedido a el desde el jueves pasado y si no lo publicamos antes fue porque quisimos confirmar su veracidad con fuentes oficiales, para no meter la pata.
Luego de 48 horas de espera, ni el propio Bronzovich ni sus voceros desmintieron la veracidad de este documento, que contiene nada menos que el temario que el gobierno quiere imponer al Consejo Directivo del INTA, que fuera renovado en sus integrantes luego de que el Congreso ordenara -en agosto pasado- dar marcha atrás con la intervención de facto del organismo.
Esta semana habrá una nueva reunión de dicho Consejo y los funcionarios de Milei quieren que avale decisiones clave de cara a 2026. Este temario confirma que, pese al revés legislativo y a diversas órdenes judiciales, envalentonado tras las elecciones el gobierno libertario no retrocede ni una coma en sus objetivos con el INTA: achicar fuerte la estructura de personal (actualmente de unas 5.800 personas) y poner a la venta miles de hectáreas de campos experimentales que forman parte de su patrimonio. También poner al INTA al servicio del llamado “agronegocio” (la agricultura y ganadería extensiva), dando por inexistente un vasto sector de productores de pequeña escala que tienen otra agenda de problemáticas.
Adicionalmente, la hoja de ruta de Bronzovich, un agrónomo y productor ligado históricamente con la entidad tecnológica Aapresid, invita a las entidades que conforman el Consejo Directivo del INTA (las cuatro de la Mesa de Enlace más los grupos CREA) a firmar prácticamente el acta de defunción de la conducción colegiada, pues propicia una profunda “modificación de la estructura” del INTA, para (siempre lo mismo) someterla al poder político de turno.
De hecho, se pretende reducir de 15 a 4 el número de Centros Regionales, y por lo tanto se limitaría la posibilidad que tiene el sector privado (a través de sus consejeros en cada uno de ellos) de opinar y decidir los ejes del trabajo de investigación en cada zona del país.
Reiteramos: Bronzovich y sus voceros fueron consultados sobre la veracidad de este temario y prefirieron no responder. Bichos de Campo insistió antes de publicar este documento, pero de nuevo el silencio.
Temario Consejo INTA 1 (4)
Dando por verídico entonces que este documento contiene muchas de las líneas de acción que el Poder Ejecutivo quiere imponer esta semana al renacido Consejo Directivo del INTA (principal decisor político dentro de un organismo que finalmente no perdió su autonomía), los principales cambios que se impulsan ratifican la línea de acción que encarna Bronzovich hasta ahora: ajuste de personal, venta de tierras y reducción de las estructuras.
En materia de personal, se ratifica el lanzamiento de un nuevo proceso de Retiro Voluntario “destinado a acompañar el proceso de reorganización del INTA y a reducir progresivamente la dotación del organismo”. Para ello se propone tentar a los empleados a acogerse recibiendo hasta 1,1 salarios por cada año de servicios. Los pagos se realizarían “en una o dos cuotas”.
En materia de venta de tierras, el documento blanquea: “Se ha constatado la existencia de aproximadamente 42.000 hectáreas (17.000 hectáreas en desuso, sin fines de experimentación ni producción. Se analizarán 25.000 hectáreas en uso pero pasibles de ser desafectadas). Se propone al Consejo Directivo aprobar la desafectación y transferencia de dichas tierras a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), retomando el proceso iniciado con anterioridad a la derogación del Decreto 461/25. El procedimiento había quedado pendiente por falta de información técnica del INTA requerida por la AABE”.
Pero las principales definiciones vienen a cuenta del INTA escuálido que quedaría en el futuro si prospera el proyecto de reorganización impulsado por los libertarios. Esta “modificación de la Estructura Organizativa” que depende del voto de los propios “consejeros” se plantea en dos etapas.
En la Fase 1 se promoverá la “Modificación del Reglamento de Estructura del INTA, eliminando la actual estructura matricial, que genera superposiciones y rigideces administrativas, y reemplazándola por un esquema jerárquico estándar”, tal y como quería hacer el gobierno antes de la discusión en el Congreso Nacional. También se plantea crear una “Coordinación Nacional Regional, de la cual dependerán funcional y jerárquicamente los Centros Regionales y los Centros de Investigación”.
En la Fase 2, en tanto, se pretende “ajustar” violentamente la cantidad de Centros Regionales, junto con sus Estaciones Experimentales Agropecuarias, y de Centros de Investigación.
El gobierno quiere claramente retomar la agenda de ajustes que interrumpió la derogación del decreto 462/25, promovido por Federico Sturzenegger. Pero ahora quiere hacerlo con el voto favorable de sus tres consejeros propios, más los dos de las universidades nacionales (Veterinaria y Agronomía) y los cinco de las entidades rurales. Coninagro, Federación Agraria, AACREA y la Sociedad Rural ya designaron a sus representantes. Solo falta nombrar al delegado por CRA.
En esta agenda de reducción de estructuras se toman decisiones draconianas, como eliminar toda la estructura de extensión del INTA y todo resabio además de trabajo orientado a la agricultura familiar.
La agenda no desmentida por Bronzovich incluye:
- Derogación de 34 unidades a nivel Central.
- Eliminación del INTA AMBA(ya realizada).
- Eliminación del Centro de Investigación y Desarrollo para la Agricultura Familiar (CIPAF) y todas sus dependencias.
- Eliminación del Centro de Investigación de Agroindustria (CIA) con todas sus dependientes (35 unidades).
- Unificación del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) y del Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP), eliminando este último para evitar “duplicidades” entre ambas estructuras.
- Derogación y cierre de las 293 Agencias de Extensión Rural (AER), “cuya función será reemplazada por mecanismos de transferencia tecnológica digital y articulación con el sector privado, en consonancia con las nuevas herramientas disponibles”.
- Reducir de 15 a 4 la cantidad actual de Centros Regionales, dejando solo uno por cada gran área: Noroeste (NOA), Noreste (NEA), Centro y Sur.
- Posiblemente cerrar Agencias Experimentales en cada una de estas grandes regionales. “Se debe realizar una evaluación de las Estaciones Experimentales dependientes de cada Centro Regional, a fin de identificar aquellas que resulten realmente necesarias para el desarrollo de investigación e innovación aplicada en las áreas estratégicas definidas por el Consejo”.
- Eliminar algunos de los Centros de Investigación, manteniendo solo aquellos que “resultan estratégicos para las funciones esenciales del organismo y que poseen un claro impacto en la productividad agroindustrial nacional”. El gobierno propone conservar, en este sentido, solo tres: el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVyA); el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA); y el Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN).
- Se plantea la disolución o transferencia de las acciones de las dos empresas compartidas con las entidades rurales y que fueron creadas en el gobierno menemista de los años 90: la Fundación ArgenInta e INTEA.
- Además, como cada Estación Experimental cuenta con una Asociación Cooperadora encargada de comercializar la producción y financiar los gastos de funcionamiento, se platea “la eliminación del modelo de cooperadoras en paralelo con la reducción de Estaciones Experimentales y la discontinuación de la producción convencional en los campos del INTA”.
Además del retiro voluntario se prevé una gran reducción de personal por el imperio de dichas modificaciones, ya que se pasará “a disponibilidad” a la gente de cada una de las áreas cerradas. El documento no brinda una cifra exacta, pero en otros documentos Bronzovich adelantó que espera una reducción de entre 1.500 y 2.000 empleados mediante diferentes mecanismos.
“El personal afectado en las estructuras estandarizadas de los Centros Regionales y Centros de Investigación será invitado a adherirse al programa de retiro voluntario, junto con el resto del personal del organismo”, explica este nuevo documento.
La Presidencia del INTA además promueve que el renovado Consejo Directivo cumpla con lo que no pudo el decreto: descabezar a las “Autoridades Superiores” incluidas en al Dirección Nacional del INTA, que la ley del Congreso ordenó regresar luego del decreto de intervención.
Para el gobierno esos cargos deben ser puestos ahora en revisión, pese a que fueron elegidos por concurso de antecedentes, comenzando por el Director Nacional del INTA, Ariel Pereda, cuatro Directores Nacionales Asistentes; el Coordinador Nacional Regional, el Director General de Administración y sus tres coordinadores, y los tres miembros de la Secretaria Ejecutiva del propio Consejo Directivo.
“Estas designaciones son indispensables para dar operatividad a la nueva estructura y asegurar la continuidad de la gestión”, escribió la presidencia del INTA en su propuesta de temario.
Para el año que viene, además, se propone una “revisión y Redefinición de Líneas de Investigación”, ya que el INTA cuenta con 134 Programas Nacionales activos y la aspiración es reducir esa cifra “con el objetivo de concentrar los recursos en áreas de investigación prioritarias y eliminar aquellas líneas que no guardan relación directa con los sectores agroindustriales estratégicos”.
Sobre este particular, la propuesta de Bronzovich es clara:
- Derogar los programas vinculados con la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, estudios territoriales y urbanos, por su escaso impacto productivo y su desconexión con los objetivos tecnológicos del sector (19 programas).
- Derogar los programas desarrollados por la EEA AMBA (2 programas).
- Derogar los programas desarrollados por el CIA (1 programa).
- Derogar otros programas superpuestos o de escaso impacto (20 programas).
Quedarían, después de esta limpieza, un total de 91, sobre los que luego se propondría “avanzar en un proceso de unificación y racionalización de proyectos dentro de cada área temática, particularmente en aquellos núcleos donde se verifica una marcada superposición conceptual y metodológica”. La minuta especifica que dicha superposición se nota especialmente en Recursos Naturales y Ambiente, “así como en las iniciativas de Investigación Regional, donde múltiples programas abordan problemáticas similares mediante enfoques fragmentados o redundantes”.
El objetivo final es “reducir la cartera programática a aproximadamente cincuenta programas”, define el temario, que además propicia “orientar la labor del INTA hacia los sectores con mayor potencial de contribución al desarrollo productivo del país”, los que serán determinados en base a solo “25 líneas de investigación prioritarias de alcance nacional”.
El mes pasado, frente al fracaso de las sesiones del nuevo Consejo Directivo, Bronzovich (que en todos estos meses de gestión no ha brindado ninguna precisión sobre este supuesto plan estratégico del gobierno para un organismo que en 2026 cumplirá 70 años), culpó a este medio por la difusión previa de este tipo de iniciativas.
Este nuevo temario confirma el tenor del ajuste que se propicia, y que la información de Bichos de Campo era buena y por lo tanto valorada por cientos de empleados del INTA y miles de productores que esperan un comportamiento mucho más maduro y transparente de los funcionarios y representantes rurales.
El ajuste no es malo por si mismo y el debate para actualizar el INTA es más que necesario. Lo que es malo, decididamente malo, es dar este debate a espaldas de todos los actores involucrados.
