Un telegrama enviado a Perón en 1947 y el reciente despacho elevado por el gobernador Sergio Ziliotto a la Corte Suprema de Justicia son los dos extremos de una -muy extensa- historia: el conflicto entre Mendoza y La Pampa por el control del Río Atuel.
Desde aquella primera denuncia registrada por el corte del cauce -cuando había comenzado a operar el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles- hasta hoy, la disputa acumula importantes capítulos judiciales, investigaciones e instancias de mediación. Pero, incluso con importantes fallos de la Corte Suprema durante los últimos años, desde La Pampa insisten en que nada ha cambiado.
Próximo a cumplir 8 décadas desde aquel comienzo simbólico, el conflicto tiene hasta una fecha propia, el Día de la Lucha por el Río Atuel, establecido por Ley Provincial para cada 8 de agosto. El aniversario fue aprovechado por el gobernador Ziliotto para recordarle al supremo tribunal que deben cumplirse sus decisiones.
Pasaron 40 años desde que La Pampa denunció ante Perón que la hidroeléctrica les quitaba caudal hasta que la Corte Suprema de Justicia se expidió por primera vez. Fue en 1987, con un fallo controvertido: por un lado, reconocía el carácter “interprovincial” del Río Atuel, que nace en Mendoza pero no es un recurso exclusivo de dicha jurisdicción, pero a la vez preservaba los usos consuntivos que allí se llevaban a cabo y evitaba limitarlos.
En los años subsiguientes, se firmaron acuerdos y se llevaron adelante varias instancias de negociación, todas estériles. Una de las más importantes fue la de 2008, cuando se había establecido un convenio marco para avanzar con obras que permitieran equiparar el recurso, pero también terminó naufragando políticamente.
En 2014, La Pampa decidió volver a elevar un pedido formal ante la Corte Suprema, pero ya no reclamando únicamente por el derecho al uso del agua, sino por los perjuicios ambientales derivados de eso, que estaban incorporados a la Constitución Nacional luego de la reforma de 1994.
Con un cambio de enfoque, la provincia comenzó a argumentar que la interrupción del curso provocó un proceso de desertificación, alteración de humedales, deterioro de suelos, pérdida de biodiversidad y consecuencias socioeconómicas en el oeste pampeano. Todos ellos, contrarios al derecho a un ambiente sano previsto en el artículo 41 de la Carta Magna.
El Tribunal tomó en consideración ese pedido e hizo lugar al reclamo. En 2017, su fallo obligó a ambas provincias a acordar un caudal hídrico apto para recomponer el ecosistema del noroeste pampeano y a establecer un programa de obras y acciones.
Una vez más, con negociaciones, audiencias y propuestas técnicas mediante, no lograron consensuar cuánta agua debía atravesar de manera permanente el límite provincial. La Pampa proponía alrededor de 4,5 metros cúbicos por segundo, mientras que Mendoza defendía valores cercanos a 1,3.
Fue el Instituto Nacional del Agua (INA) el encargado de “desempatar”. Convocado como organismo técnico nacional, calculó un valor intermedio de referencia de 3,2 metros cúbicos por segundo, que fue luego retomada por la Corte como “cifra interina”. Hasta tanto se avanzara con un acuerdo, el tribunal decidió en 2020 que debía asegurarse ese caudal mínimo para detener el daño ambiental.
Pero, para sorpresa de pocos, La Pampa denuncia que aún hoy no se está garantizando y que, por ende, se sigue desoyendo las decisiones del Máximo Tribunal de Justicia. Apoyado en los fallos de 2017 y 2020, Ziliotto acaba de elevar un nuevo pronto despacho para exigir su cumplimiento.
Opinión: El fallo de la Corte Suprema sobre el Río Atuel es un aporte hacia la racionalidad
“A nueve años del primero de los fallos de la Corte Suprema de Justicia resulta inentendible su inacción para hacerlos cumplir, e inadmisible y sin fundamento cierto la negativa de Mendoza a cumplirlos”, expresó el gobernador, a propósito del día provincial destinado a la “lucha” por el Río Atuel.
En la presentación elevada a la Corte Suprema de Justicia, la provincia remarcó que se ha profundizado la regresión ambiental por la falta de ese recurso, advirtió por sus consecuentes efectos socio-económicos y fue muy tajante en su señalamiento: “El incumplimiento del caudal ordenado por la Corte no responde a una escasez hídrica sino a una decisión política de la Provincia vecina”, expresaron.
Uno de los aspectos centrales del nuevo planteo es la incorporación de dos elementos adicionales a su argumentación. Uno de ellos son las declaraciones de autoridades de Gestión Hídrica de Mendoza, quienes reconocieron que este invierno la disponibilidad de agua será favorable fruto de las nevadas registradas este invierno.
Asimismo, la presentación incorpora documentación que, según La Pampa, acredita que la escasez de agua no obedece exclusivamente a factores climáticos sino al manejo que Mendoza realiza del recurso. El escrito señala particularmente las “prácticas sistemáticas de riego ineficiente, sobre riego y llenado indiscriminado de reservorios en áreas productivas” como ejemplos de ello.
“Para el Gobierno pampeano, estos antecedentes refuerzan la necesidad de que la Corte Suprema adopte medidas urgentes para garantizar el efectivo cumplimiento de sus propias sentencias y detener una regresión ambiental y social que continúa afectando a generaciones de pampeanas y pampeanos”, concluyeron desde el gobierno provincial.
