El indicador de referencia global –elaborado por la OCDE– para medir el monto de subsidios agropecuarios sobre el ingreso rural total (Producer Support Estimate o por sus siglas PSE) fue en la Argentina del -13,5% en promedio en el período comprendido entre 2023 y 2025.
Con esa cifra, la Argentina lidera el ranking de países que aplican políticas de extracción de recursos al sector agropecuario por parte del Estado. En segundo y tercer lugar figuran Vietnam e India respecticamente.
El indicador elaborado por la OCDE originalmente para naciones desarrolladas, al ser aplicado en países disruptivos –como es el caso de la Argentina– genera un resultado negativo porque las políticas públicas, en lugar de apoyar al agro, lo perjudican a través de acciones que promueven una apropiación del capital del sector.
Por lo tanto, el “Estimador de Apoyo a los Productores”, en el caso argentino debería denominarse el “Estimador de Extracción a los Productores”, aunque sería demasiado confuso hacer tal aclaración.
La principal herramienta extractora de recursos del sector agropecuario en la Argentina son los derechos de exportación, que afectan principalmente a la soja y, en una segunda instancia, a los cereales. Ese mecanismo, según el informe de la OCDE, beneficia, por al alteración de precios relativos, a la carne porcina y los productores de huevos.
El informe de OCDE destaca que en la Argentina en los últimos tres años “se redujeron los impuestos a la exportación de productos básicos clave (carne bovina, soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol) y se eliminaron para otros productos (incluidos el azúcar, el algodón, el cuero bovino, el tabaco, los productos de la industria forestal y el arroz). Asimismo, se simplificaron o eliminaron los permisos administrativos de exportación y se desregularon las exportaciones de productos regionales”.
Sin embargo, eso no fue suficiente para cambiar la situación del país en el ranking extractivo, ya que en el período se incrementó el volumen de ayudas estatales en la mayor parte de las naciones del mundo.
En el período 2023-2025, el PSE en la Argentina promedió -8600 millones de dólares anuales, una cifra equivalente al 13,5% de los ingresos brutos agrícolas, aunque en 2024 y 2025 esa cifra superó el 15%.
Antes de la crisis económica de 2001, el apoyo a los productores oscilaba en torno a cero. Tras la crisis de 2002, la reintroducción de derechos de exportación y otras restricciones comerciales dio lugar a un PSE negativo que llegó a un máximo del 38,6% en 2014.
Las reducciones de los derechos de exportación en 2015 y 2016 moderaron esta tendencia, que volvió a intensificarse a partir de 2018 con la reintroducción de ese impuesto distorsivo. A partir de 2023 la tendencia volvió a mejorar de manera notable con la reducción de la presión impositiva y la desregulación económica, aunque el nivel de extracción relativo sigue siendo elevado al compararlo incluso con otros países de la región.
Al considerar los 56 países analizados en el informe de la OCDE, el apoyo al agro se situó, en promedio, en el 14,3 % de los ingresos brutos, mientras que ese indicador, en el caso de las economías emergentes (menos desarrolladas), fue del 7,6% en 2023-2025.
