El sector harinero, como nunca antes, presenta deficiencias e índices de informalidad históricamente elevados, según describen muchos empresarios. En esto tiene que ver -además de la elevada presión fiscal- el desmantelamiento casi total en el gobierno anterior del sistema de control implementado años atrás por el Estado nacional. Las nuevas autoridades están planteado retomar esos controles,
En 2018, durante el gobierno de Cambiemos, la Secretaría de Agricultura implementó los CEMT (Controlador Electrónico de Molienda) y, los números de molienda registrada empezaron a crecer exponencialmente, al punto que las dos cámaras del sector (tanto al Federación molinero FAIM como los molinos pyme de APYMINRA) lo celebraban. El dispositivo electrónico de control ordenaba el mercado y esa mejora en los registros repercutía directamente en la recaudación impositiva desde el sector.
Ese equipo que venía a reemplazar al caduco caudalímetro, se instaló en tiempo récord en el 100% de los molinos registrados en RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria) para comienzos de 2019. Después de casi un año de trabajo entre el gobierno y ambas cámaras empresarias, se terminó de consensuar una disposición que reglamentaría la Resolución 84/2018, que fue la que estableció la obligatoriedad de instalar esos equipos.
Pero cambió el gobierno y ya se sabe que en la Argentina eso implica retroceder varios casilleros. En mayo del 2020, el ex ministro de Agricultura, el formoseño Luis Basterra, tuvo sobre su escritorio la disposición que reglamentaba la homologación de los equipos por parte del Estado.
La norma determinaba un único modelo de acta de constatación y homologación, para verificar el estado de los equipos (homologación inicial, lectura de acumulados de molienda, consumo de energía eléctrica en los dos niveles principales del proceso de industrialización, orientación de las cámaras de monitoreo, cotejo de los guarismos con lo declarado en la ex AFIP y la ex ONCCA, etcétera). Justamente por su carácter reglamentario, establecía los parámetros de invulnerabilidad de los equipos, los niveles de responsabilidad de los molinos y de las empresas proveedoras, como también el marco sancionatorio. La idea era que nadie pudiera atentar contra la inviolabilidad del CEMT instalado en cada molino.
A la salida de la gestión de Marcelo Rossi en marzo de 2021, la reglamentación consensuada seguía esperando en el escritorio de Basterra, a la espera de ser publicada en el Boletín Oficial. Jamás sucedió porque el gobierno designó en su lugar al frente de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario al contador Luciano Zarich.
En materia de política triguera, Zarich convivió durante casi dos años con el fideicomiso FETA , que distribuyó millonarias cifras de dinero entre unos pocas empresas molineras pese al rechazo generalizado del resto del sector. Lo cierto es que ese ex funcionario -que ya venía de la fallida intervención de la aceitera Vicentin- desistió de reglamentar los CEMT, quizás porque el control eficiente de la industria molinera podía atentar contra la discrecionalidad de los pagos del FETA ordenados desde la Secretaría de Comercio.
Cuando Zarich -que además se ocupó de bloquear las exportaciones de carne- fue ascendido a subsecretario de Mercados Agropecuarios en tiempos de Sergio Massa ministro de Economía, terminó delegando las funciones de la DNCCA en Gerónimo Sarría, que tampoco hizo nada. Lo cierto es que la resolución reglamentaria de loa controladores de moliendo nunca fue publicada ni cobró vigencia.
Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia vuelve a producirse una vuelta de página. Los casilleros que ocupaban Zarich y Sarria son cubiertos respectivamente por el economista Agustín Tejeda y el consultor ganadero Matias Canosa (Sarría permanece como asesor de Tejeda).
Luego de tomarse varios meses para acomodarse, una de las primeras cosas concretas que anunció Canosa fue que se pondría en funcionamiento nuevamente los CEMT y que el control sobre molinos sería uno de los ejes principales de su gestión. De las conversaciones con el sector molinero surgió entonces que era imprescindible que se publicara la norma pendiente que reglamentaba el uso y homologación de los equipos.
Pero nuevamente, a punto de cumplirse un año desde la llegada de las nuevas autoridades, con el FETA ya desmantelado, no ha habido ni un solo avance en la reglamentación, homologación y control de los CEMT.
En este contexto, algunos equipos no remiten datos a los servidores de la Secretaría de Agricultura, otros acusan permanentes “cortes de suministro eléctrico” que nadie verifica, las cámaras están de adorno en los molinos, llenas de harina, y no remiten datos al centro de cómputos.
Peor todavía, hay algunas empresas de mantenimiento de los CEMT que mantienen de rehenes a los molinos, cobrándoles canones mensuales por servicios que no les prestan. Bichos de Campo denunció concretamente a una de ellas, sin que las nuevas autoridades tomaran cartas en el asunto.
La postal es que, pese a los anuncios, los equipos colocados hace varios años atrás, y que tuvieron un costo para las empresas de por lo menos 25 mil dólares, están de adorno en la mayoría de los molinos y no sirven ni al objetivo de controlar la informalidad ni la molienda en negro, que algunas fuentes empresarias ya calculan en el 30% del total.
Es vox pópuli en la cadena molinera que en la provincia de Buenos Aires hay por lo menos tres molinos operando sin ni siquiera contar con matricula habilitante en el RUCA, y por fuera de la Resolución 2300 de la ex AFIP. Teóricamente no pueden recibir trigo ni pagarlo en blanco, tampcoo pueden emitir Remito electrónico harinero. Pero trabajarían desde la marginalidad total: muelen de noche, no tributan, generan emplean en negro y mueven sus mercaderías sin documentación de respaldo o con documentación adulterada.
Lo tristemente gracioso es que alguno de esos molinos operando sin matrícula vigente tiene el CEMT instalado y todo.
Por otro lado han proliferado marcas de harina que multiplican varias veces a los usuarios de molienda registrados en el RUCA. Se han registrado en el último año, con la esperanza del nuevo gobierno, decenas de denuncias de molinos que ceden sus instalaciones para hacerle harina a terceros a cambio de trigo, harina, afrechillo o dinero sin contar con la debida matrícula. Estas plantas también muelen a la noche y despachan a la madrugada, por lo tanto son imposibles de detectar en las fiscalizaciones.
Basta con entrar a Facebook, Instagram o Mercado Libre para verificar la existencia de varias marcas de harina a la venta que no están declaradas por ninguna industria ante los organismos oficiales.
¿Por qué aparecen estas nuevas marcas? En la calle se sabe que no es muy normal que un molino ceda la bolsa al usuario marginal, porque es natural que el usuario marginal, con menor costo de producción, salga con un precio mejor a coparle mercados al molino, y sería el colmo que lo hiciera con su propia marca.
Todo este trigo, se compra en efectivo y se procesa en negro, se esfuma.
El hecho tiene una sola explicación, además de la alarmante inoperancia del Estado: la estrepitosa caída en desgracia de la política de los CEMT, la vulnerabilidad de sus controles, y las fallas permanentes en los sistemas de monitoreo. La reglamentación sería el primer paso para empezar a tomarse en serio la situación. Pero sigue allí, sin publicarse.
La degradación es tal que hay molinos que declaran ante la nueva ARCA (por registro sistémico de movimientos y existencias de granos y por facturación), tener un nivel de actividad que no alcanza siquiera para pagar el consumo de energía eléctrica.
Pero más allá del perjuicio a la recaudación del Estado, los principales afectados por este estado de cosas son la mayoría de molinos que trabajan dentro de los márgenes de la cancha, ya que el precio de la harina se deprime por imperio de la competencia desleal de estos operadores marginales.
