En medio de las últimas negociaciones y definiciones de cara a las próximas elecciones, distintos políticos dieron su presente en la Agroactiva, realizada en la localidad santafesina de Armstrong. Uno de ellos fue legislador bonaerense por la Coalición Cívica, el también productor Luciano “Lucho” Bugallo, que se presentó con su agenda política bajo el brazo, siguiendo los pasos de la conductora de su espacio, Lilita Carrió.
“Yo soy hijo de la 125, de productores agropecuarios de la zona de General Arenales. Soy Nieto, hijo y hermano de productores, estudiante de un colegio agrotécnico Salesiano. En 2008 me quejaba de quienes estaban ocupando un lugar y hoy, en mi rol como legislador, trato de cumplir con mis obligaciones” se presentó, tomando distancia de otros muchos políticos que hablan sobre campo sin entender demadiado de lo que hablan.
En ese sentido, Bugallo defendió la firme defensa que siempre ha hecho Carrió del sector productivo. “El 90% de la agenda productiva que llevamos nosotros, o de la agenda legislativa mía, tiene que ver directamente con la producción. Lo mío abocada puntualmente a la provincia de Buenos Aires, y después en lo que podemos influir dentro del bloque de la Coalición Cívica a nivel nacional o asesorando a Lilita, siempre llevamos el tema de la agenda de campo”, dijo el legislador en un mano a mano con Bichos de Campo.
Dentro de esa agenda se destacan tres temas claves sobre los que toda la Coalición Cívica espera hacer mella. “Lilita tiró una primicia y es que tenemos un proyecto que laburamos con la Fundación Apertura de Rosario, a partir del cual creemos que es posible eliminar a cero las retenciones”, afirmó Bugallo creando intriga.
-¿Incluídas las de la soja?- le preguntamos.
-Todas a cero. Automáticamente recuperás. Por (impuesto a las ) Ganancias un tercio; otro tercio por la explosión de la producción, y después hay que pensar en eliminar regímenes especiales como el de Tierra del Fuego, que se lleva justamente un tercio de lo que deja este tributo.
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-¿Ese proyecto se va a discutir con el resto de Juntos por el Cambio una vez que pasen las PASO?
-Hoy los equipos técnicos de los cuatro partidos de Juntos por el Cambio estamos trabajando en una manera, que pareciera que fuéramos dos mundos distintos: el mundo de la rosca y la campaña, y el mundo de los que estamos adentro. Yo por la Coalición Cívica estoy trabajando en lo que es la mesa del agro. También está Ricky Negri en la mesa del PRO, hay varios de los radicales, está la Fundación de Miguel Pichetto, y estamos trabajando en cuáles van a ser las propuestas o las acciones que el próximo gobierno va a tener que implementar. El día 1 trabajaremos en diez temas urgentes como la unificación del tipo de cambio; eliminación de retenciones a todo lo que es economías regionales, incluidas las de maíz y trigo; retenciones gradualmente a cero. Esa eliminación gradual no tiene que ser más de cuatro años.
En la entrevista, por otro lado, Bugallo se refirió a su propia tarea como legislador por la provincia de Buenos Aires.
“Hay varios temas que el sector agropecuario viene reclamando desde hace años y que en honor a la verdad, nuestro gobierno provincial (en referencia al de María Eugenia Vidal) tampoco lo resolvió. Eso es lo que es eliminación del impuesto inmobiliario complementario y la eliminación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes que parece ilógico, pues es un impuesto a la herencia”, indicó.
A eso el legislador sumó otro tema astilloso: la demoradísima ley sobre aplicaciones fitosanitarias ennterritorio bonaerense.
“El proyecto más problemático y que ya tengo metido en la Legislatura, es el que tiene que ver con la aplicación de fitosanitarios. De los 135 municipios que hay en provincia de Buenos Aires, 87 tienen una ordenanza distinta, sin ningún sustento teórico científico. Hoy la provincia tiene una legislación de hace 30 o 40 años, y en el medio tuvimos toda la Revolución Verde, una explosión tecnológica. Hay productos que no existen más y han llegado nuevos que son de Banda Verde”.
“Hoy el campo está pensando en aplicaciones selectivas, drones autopropulsados, inteligencia artificial, nanotecnología. Pero por otro lado vos tenés algunos grupos ambientalistas que se quedaron con glifosato y con Monsanto, que ya no existe más. Acá pensamos en una ley nueva para los próximos 30 años, basada en el sentido común, en datos científicos, donde se trate de ordenar este despelote que tenemos en la provincia”, afirmó.
-¿El proyecto apunta entonces a unificar la multiplicidad de normas municipales?
-Primero es unificar. Quien tiene la potestad de regular sobre lo rural es la Provincia. Todas las ordenanzas municipales que tenés son inconstitucionales, porque una cosa es que un municipio regule sobre lo urbano, otra cosa que regule solo sobre lo rural. Entonces primero unificar un criterio, determinar el órgano de control que sería el Ministerio de Asuntos Agrarios. Después si algún municipio puntual pide autorización a la provincia para poder certificar o fiscalizar, lo que es la aplicación periurbana, la provincia autorizará a un fiscalizador técnico para que en momento de la aplicación pueda cumplir un rol de observación.
-¿Y se fijan distancias preventivas?
-Desde el último borde del pueblo hasta la zona libre van a ser 500 metros máximo de zona de amortiguamiento, pudiendo ser menos. Se puede hacer aplicaciones, pero con un protocolo de buenas prácticas, con todo lo que es producto de banda verde, que están incorporados dentro del manual de Buenas Prácticas. ¿Por qué digo que puede ser menos? Porque no es lo mismo un pueblo que lo limite con el campo, un alambrado a uno que después de una cortina verde otro que pueda tener una sierra.
-¿Ahí se permite que cada pueblo ponga su idiosincrasia o su problemática particular?
-Tal cual. Dentro de esos 500 metros se puede aplicar con esas condiciones. Hay muchas cosas que ya se vienen haciendo, que la gente no conoce y acá le damos fuerza de ley. Por ejemplo, diez metros de distancia de lo que es el lecho de un río, arroyo o laguna permanente, son cosas que el productor ya viene haciendo responsablemente. Después y sobre todo lo más importante, está la implementación de un manual de buenas prácticas. Está compuesto por un concejo formado por el INTA, Casafe y las entidades agropecuarias. Esto es lo que te permite que ante cualquier cambio tecnológico, de producto o lo que fuera, se pueda actualizar la ley a través de un manual, sin la necesidad de contar con una mayoría legislativa para hacer reformas en la ley. La ley básicamente limita el accionar a los municipios que por ahí quieren sobrepasarse de su competencia y le fija los roles y responsabilidades a la Intendencia, a la provincia, al aplicador, al propietario del campo y al vecino. Creemos que es una ley necesaria, una deuda pendiente que tenemos que resolver de alguna manera u otra.
Finalmente, un tercer tema clave dentro de la Coalición Cívica es la investigación que parte de sus legisladores, sobre todo Bugallo y la diputada nacional Marcela Campagnoli, viene llevando adelante contra el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).
-¿Han hecho una denuncia penal porque creen que es un procedimiento totalmente amañado?
-Paradójicamente “feta” en Argentina es sinónimo de “tajada”. Y evidentemente acá la tajada es muy grande. Desde un primer momento, cuando empezaron a justificar por qué se iba a implementar este FETA, no tenía sentido. Primero se argumentó con la guerra de Ucrania, que subiría el precio del trigo y por eso subía el precio del pan. Primera mentira: el trigo no afecta más de un 10% en el precio final del pan. Segundo, por las condiciones que se ponían y cómo se empezó a subsidiar a las empresas, a las molineras, empezamos a ver que había una casi un favoritismo, como si el programa hubiera estado hecho casi a la medida de Molinos Cañuelas, algo que hoy lo podemos ver con los resultados finales. Después de haber repartido casi 32 mil millones de pesos, casi el 70% se lo dieron a dos molinos: Molino Cañuelas y Florencia, que es del mismo grupo, que además está concursada y que tiene acción monopólica sobre el resto de la industria. Y tenemos casi 150 a 170 molinos, de los cuales la mayoría no ingresó a esto.
“Ninguno de los objetivos que se propusieron con el FETA se cumplió y en el medio perdimos 30 mil millones de pesos. Si en realidad el gobierno hubiera querido subsidiar a las personas de bajos recursos que no tienen plata para comprar el pan o fideos, podría haber subsidiado casi el 100% de lo que consumen en pan a través de la tarjeta Alimentar. Tendríamos un listado para saber a quién fue ese dinero, cuánto se gastó. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que esto fue a cambio de algún tipo de retorno”, agregó Bugallo a continuación.
-Con la gravedad de la situación y con la magnitud de la masa de dinero en juego, ¿Que qué reacción tuvo la Justicia hasta ahora?
-Lamentablemente hasta ahora nada. El caso avanza y hemos hecho ampliaciones, las han tomado, pero lo cierto es que hasta ahora no han llamado a indagatoria. Estamos esperando que esto avance porque se trata de recursos públicos y de recursos que el Estado no tiene. Tenemos un 50% de argentinos pobres y metemos mecanismos supuestamente para ayudarlos a ellos, que no los terminan ayudando y termina ayudando a empresarios que han quebrado una empresa, que se han fugado de los capitales y que no se traduce en la mesa de los argentinos, que supuestamente es lo que ellos quieren lograr.
