“La suba de derechos de exportación no tiene legalidad dado que el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el Decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral. Las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho Decreto”.
Eso fue lo que comunicó la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), que agrupa a las agroexportadoras que procesan soja, tras confirmarse este sábado la anunciada suba de los derechos de exportación para el aceite y la harina, los principales subproductos de la molienda del poroto. La medida, que iguala todas las retenciones en un tope máximo de 33%, representará una recaudación adicional para el Estado de 400 millones de dólares este año, además de los 9.000 millones que recaudaría de las retenciones agrícolas. Pero la excusa es que esa plata servirá para evitar la suba del pan en el mercado interno.
📌 COMUNICADO | LA SUBA DE DERECHOS DE EXPORTACIÓN ATENTA CON LA INDUSTRIALIZACIÓN ARGENTINA.
La @CamaraAceites rechaza la suba de derechos de exportación para la #harina y el #aceite de #soja al 33%, medida primarizante que atenta contra la industrialización del poroto. pic.twitter.com/fqe5SBfkfW
— Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) March 19, 2022
En un comunicado, Ciara afirmó que la decisión “atenta contra la industrialización de la soja en el país” y recordar que la harina y el aceite de soja “representan un tercio de las exportaciones totales de la Argentina y se encuentran en el primer y segundo lugar del ranking anual de ventas totales del país. También remarcó que “esta medida es una clara indicación que el gobierno desincentiva las exportaciones, y castiga el empleo industrial, particularmente de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”, donde se ubican las plantas.
Pero la mayor parte del comunicado lo dedicó a señalar que el gobierno tenia otras alternativas para subsidiar -como se anuncia- a los molinos de harina de trigo que proveen a las panaderías. Entre estas citó:
- Entre el 15 de febrero al 17 de marzo el Estado argentino incrementó sus ingresos fiscales por retenciones en el complejo cerealero-oleaginoso por más de 1.330 millones de dólares (fuente Bolsa de Cereales de Buenos Aires), y podría activar mecanismos directos de compensación.
- También citó como posibilidades “aplicar rebajas temporales de IVA o asistir a productos farináceos y aceites que son los más impactados por las subas internacionales.
- Como tercera opción marcó Ciara que “también podía el Gobierno abrir nuevos cupos de exportación para registrar ventas futuras en 2022 y 2023 de maíz y de trigo que le podrían reportar no menos de 700 millones de dólares no previstos, debido al pago anticipado de retenciones que realiza la exportación; dado que el abastecimiento nacional esta garantizado todo el año por el régimen de volúmenes de exportación del Ministerio de Agricultura”.
“Sin embargo, el gobierno decidió subir alícuotas en productos procesados que no afectan el índice de inflación, pero deterioran las condiciones de producción, trabajo y exportación del primer complejo exportador nacional”, lamentó la agroexportación, que consideró que ahora “toda la cadena de la soja se verá severamente afectada al castigar la capacidad de pago del principal comprador de soja del país”, anticipando una nueva baja de los precios de la oleaginosa pagados al productor, justo cuando comienza la nueva cosecha.