La larga novela de la privatización de la red de caminos rurales en Junín tuvo esta semana su capítulo final. O, al menos, el de esta parte de la saga. Lo cierto es que, en los papeles, ya fue aprobada la licitación y EVA SA, la única constructora que se había presentado como oferente, estará a cargo de los trabajos por los próximos 2 años.
Tal como había adelantado una investigación previa de Bichos de Campo, el proceso estuvo lejos de ser lineal y armonioso. La privatización -por primera vez en la historia- de los caminos rurales, fue la salida que encontró el municipio al ferviente reclamo de los ruralistas.
Pero, a pesar de su premura, el proyecto se vio demorado por sospechas que recaían sobre la única firma que se presentó al llamado. Desde acusaciones por tener negociados con los Moyano y el PRO -a quien incluso aportaron en la campaña de 2015-, hasta dudas por la capacidad técnica para abordar una red tan extensa y compleja: Se encendieron luces rojas y amarillas en varios flancos.
El pasado martes, por 14 votos contra 6, el Concejo Deliberante local tuvo la última palabra y aprobó la tercerización.
Ninguno de los concejales quiso ausentarse a la última sesión convocada en el Salón Rojo del Palacio Municipal. En definitiva, lo que se jugaba en esa votación no era sólo una licitación de un servicio público, sino también todo un posicionamiento político en un año electoral.
En la previa, las fuentes consultadas por este medio ya adelantaban cómo sería el resultado final, pues, agotadas las largas instancias de debate y la búsqueda de alternativas, el único pedido de los productores era que, de una vez por todas, alguien se hiciera cargo de los caminos rurales, aunque fuera con una privatización plena.
Las denuncias previas que recaían sobre EVA S.A, y su señalamiento por haber sido beneficiaria de muchas obras ambientales y civiles durante los gobiernos de Macri y Alberto Fernández -incluso en la misma ciudad de Junín-, pasaron a un segundo plano.
En el recinto, quienes votaron a favor fueron los concejales oficialistas de Somos, y el bloque completo de la UCR. En Unión por la Patria, la bancada del Frente Renovador decidió acompañar, mientras que el ala peronista otorgó los 6 votos en contra.
La vicepresidente del PJ juninense, Maia Leiva, fue una de las concejales que se opuso a la Licitación Pública 07/2025. “Los 6 que votamos en contra lo hicimos porque tenemos dudas que no se lograron despejar en las reuniones”, explicó, en diálogo con Bichos de Campo. Y no sólo se refiere a las sospechas de negociados que recaen sobre la constructora, sino además sobre su “expertise”.
“Ha hecho trabajos en otras ciudades, pero no con una red tan extensa como la nuestra, que son 1.348 kilómetros de caminos rurales. Como proyectan en estos dos años dar dos vueltas, son 3.500 kilómetros a abordar”, observó la referente local.
Algo similar señaló dentro del recinto su par Gastón Bisio. “¿Me podrán contar cómo a una empresa privada le va a dar ganancia algo que al Estado le da pérdida? Es un problema de gestión”, observó. La idea de que el municipio se “desliga” de responsabilidades fue rebatida por la propia Secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, quien, consultada previamente por este medio, aseguró que ahora el Ejecutivo tiene un mayor trabajo que hacer porque será garante de que la concesión funcione.
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La postura más moderada la tuvo la bancada de la UCR, que había pedido cambios en los proyectos iniciales para asegurar un correcto mecanismo de control sobre la empresa, que de ahora en más accederá a un presupuesto de 2780 millones de pesos.
En diálogo con Bichos de Campo, Juan Pablo Itoiz, jefe de ese bloque, celebró que se hayan tenido en cuenta sus pedidos. Con aportes de Rodrigo Esponda, del oficialismo, y de Pablo Petraglia, del ala del Frente Renovador dentro de Unión por la Patria, incorporaron un artículo a la ordenanza de la licitación, en el que se aclara que la que será veedora de todo el proceso será una comisión de control.
La misma, de hecho, ya existe por una ordenanza del 2016, y obliga a la participación del ejecutivo, los ruralistas y concejales. Pero esa misma normativa, por pedido de Itoiz, también fue modificada en la sesión del martes. “Logramos que se incorporen más actores con más funciones y que se le de una mayor responsabilidad de entrega de informes y presentaciones a la empresa y el Ejecutivo”, explicó el edil.
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“Nosotros no quisimos acompañar porque no estamos de acuerdo con la forma en que se maneja Petrecca. En 10 años de gestión, tuvimos 7 directores de caminos rurales distintos”, observó Leiva, que hizo eco de un reclamo más general del peronismo local y apuntó que lo único que hace hoy el intendente es privatizar. Ya lo ha hecho con la terminal de ómnibus y la gestión de residuos, por ejemplo.
“No sé qué hace en la función pública si sólo se dedica a administrar fondos públicos para privatizar”, apuntó la concejal, que igual lamenta que, al oponerse a esta licitación, se termine encasillando a su partido como un contrincante del sector privado.
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En particular, el señalamiento que hacen desde el peronismo es que, con el presupuesto aprobado para EVA S.A, en realidad se va a terminar afectando más del 55% de la tasa de caminos. Ese había sido un pedido concreto de los productores al que no se le dio lugar previamente.
“O hubo incapacidad de gestión, o falta de voluntad política de ponerle toda la plata que había que ponerle y planificar”, expresó Leiva.
Aunque su bloque haya votado de forma diferenciada la ordenanza que aprobaba la licitación, sí apoyó de forma unánime el proyecto de Itoiz, en el que se modificaron y ampliaron las funciones de la Comisión de Seguimiento y Control de Mantenimiento de la Red Vial Rural.
“No estamos de acuerdo con la forma que se va a licitar, pero sí estamos de acuerdo con que se genere una herramienta con la que se va a llevar adelante el control, que espero que efectivamente se cumpla”, concluyó la referente del PJ.
