Transporte de carga: El día que un sector se hartó de un posible curro y de que le cobren tres veces por lo mismo

Si las entidades agropecuarias se dedicaran a reclamar por los carriles institucionales, y a pedir información, y a comprometerse en serio con los problemas de los productores, quizás no se podría cambiar el sendero de la política nacional para el agro pero seguro que sí se podrían corregir muchas situaciones que se imponen a los productores casi sin que nos demos cuenta.

Un buen ejemplo de gremialismo pragmático lo está danto en estos momentos la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). Presentó un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Transporte para conocer los motivos que justifican que el mismo trámite se los cobren varias veces, y sin sentido, a sus empresas asociadas. 

Se trata de una nueva certificación de configuración de modelo de los camiones que, establecida por las autoridades, sólo duplica los trámites e incrementa los costos del transporte. 

En febrero, las autoridades nacionales notificaron a FADEEAC de la puesta en marcha del nuevo sistema de “Certificación de la Certificación”. Sin embargo, y a pesar de ser parte directamente interesada (la entidad nuclea a 44 Cámaras de transporte de todo el país), “nunca se nos consultó por el alcance y efecto de la medida que establece la obligatoriedad de dos trámites con idéntico alcance y contenido”, contó ahora en un comunicado que hace las veces de escrache público del asunto.  

Hasta febrero, cada vez que el propietario de un camión hacía una modificación al vehículo que alteraba la configuración del modelo del fabricante (agregar un nuevo tanque de combustible, por ejemplo) debía tramitar un certificado en el Taller de Reparación y Modificación autorizado (pagando aranceles que oscilan entre 15.000 y 20.000 pesos según la modificación de la que se trate). Luego de eso debía presentar ese certificado en los talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), el equivalente a las VTV de los autos particulares, donde nuevamente el transportista pagaba por el trámite. 

Desde febrero, con la creación del tercer tramite adicional, se sumó a las empresas un nuevo arancel para que un ingeniero Certificador exclusivamente designado por AITA (Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor), verifique -en muchos casos mediante una fotografía vía online-, las condiciones técnicas de seguridad del vehículo, sin responsabilidad civil o penal alguna, y emita -claro que previo pago del trámite- un Informe de Configuración de Modelo (ICM).

Recién después la empresa, muchas de ellas Pymes, se ve habilitada para efectuar la RTO. 

Se acordó un nuevo ajuste de las tarifas referenciales de fletes: el valor para 400 kilómetros pasa a ser de 7956 $/tonelada

A lo largo del año, muchas de las 4.500 firmas agrupadas en FADEEAC denunciaron distintos tipos de abusos e irregularidades (como que la “inspección” para aprobar la nueva certificación se realiza mediante una foto de WhatsApp). 

Como ejemplo de querer terminar con estos abusos, la federación de transportistas se reunió primero la documentación necesaria para que el diputado nacional Aníbal Tortoriello, secretario de la Comisión de Transporte del Congreso y empresario del rubro, presentara un pedido de informes en la Cámara baja.

Luego, el 15 de noviembre pasado, la institución presentó un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Transporte. Ese es un recurso al alcance de cualquier ciudadano: el estado está obligado a responder lo que se le consulta.

En el documento, que aún no tuvo respuesta oficial, se solicita, entre otras cuestiones: 

• Que la Subsecretaría de Transporte Automotor remita copia de los informes o estudios en los que se basa para determinar la necesidad de la creación del nuevo trámite duplicado. 
• Precise cuáles han sido las supuestas irregularidades o faltas administrativas constatadas en los Talleres de Modificación y Reparación de Vehículos de Pasajeros y Cargas de jurisdicción nacional. 
• Indique cuál es el régimen de responsabilidad civil y penal que le cabe al ingeniero certificador que participa en el nuevo trámite.
• e informe si hay agentes que pertenecen a la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial que se encuentran asociados, vinculados o cumplen funciones en AITA.
• Se explique si estos nuevos Centros de Certificación están habilitados para realizar revisiones virtuales o a distancia de los camiones.
• Se detalle cuáles son los costos establecidos para los trámites; con qué norma se regularon los mismos y cuál fue su base de cálculo; cómo se actualizarán los mismos, quién los percibe y cuál es el destino de los mismos; cuál ha sido el monto recaudado desde su entrada en vigencia, en febrero último, y si existe algún régimen de auditoría/rendición de cuentas sobre los mismos.

Desde FADEEAC dijeron que “en medio del complejo contexto que vive el sector, con un incremento de costos que sólo en los 10 primeros meses de 2022 supera el 92%, la puesta en marcha de un trámite que sólo duplica burocracia y costos, resulta inexplicable y genera preocupación y malestar en un sector clave para el funcionamiento de la economía del país”.

Y esto lo pensamos nosotros: Además todo esto tiene un tufillo a curro importante. Bienvenido el gremialismo activo -y no solo declamativo- en defensa de los intereses de las empresas asociadas. Si esto sucediera en el agro, seguramente los productores estarían mucho más aliviados respecto de lo que les sucede ahora.