La situación que atraviesan los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria suma un nuevo capítulo de incertidumbre. En las últimas horas, los trabajadores del instituto encabezados por el secretario general de APINTA Mario Romero, denunciaron ante la justicia a Luis Caputo, ministro de Economía, por “pasar a disponibilidad” a más de 300 empleados de organismos estatales, pese a que tenía estrictas órdenes de la justicia de no hacerlo.
Esta denuncia fue radicada en horas de la mañana de este lunes ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que depende del Ministerio Público Fiscal, está firmada por Mario Romero y tiene como destinatario a Caputo.
El argumento de la denuncia radica en “desobediencia a orden judicial 239 CP de Luis Caputo”. Lo que atribuyen los trabajadores del INTA es a la imposibilidad de hacer cambios en el organismo, debido a una medida cautelar de la justicia.
El 20 de agosto, en la causa FSM 33664/2025, en la que organismos arremetieron contra el Poder Ejecutivo, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín ordenó al Ejecutivo que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025, arts. 59 a 69 incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas INTA.
Sin embargo, desoyendo a la justicia, y malhumorado por el resultado legislativo que no avaló el decreto 462/2025 que reordenaba el INTA, el día 22 de agosto el Ministro Luis Caputo refrenda y publica en Boletín Oficial la resolución 1240/2025, en la que pone en disponibilidad a 250 agentes de INTA y decenas de otros organismos agropecuarios que dependen de Economía. Este hecho constituye una desobediencia a una orden judicial, y por eso decidieron empezar este proceso en horas de esta mañana.
La crisis institucional y laboral del INTA entró en un terreno confuso en las últimas semanas. Todo comenzó el 8 de julio, cuando el Gobierno publicó el Decreto 462/2025, que transformaba al Instituto de un organismo autárquico y descentralizado en un ente “desconcentrado” bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura. Ese decreto también modificaba la forma de conducción, al concentrar las decisiones en una Presidencia y limitar el rol histórico del Consejo Directivo.
Desde ese momento las alarmas se encendieron en el sector y en los gremios, que hablaron de “vaciamiento”. El malestar no tardó en llegar al Congreso. El 12 de agosto, Diputados votó en contra del decreto y, días más tarde, el 21 de agosto, el Senado también lo rechazó.
Pero antes de que la discusión legislativa terminara, el Ejecutivo avanzó con un nuevo paso: el Decreto 571/2025, publicado el 12 de agosto, eliminó la Dirección Nacional del INTA y trasladó sus funciones a la Presidencia del organismo. Desde la Jefatura de Gabinete defendieron la medida como parte de un plan de “racionalización” y “reducción de superposiciones”.
En paralelo, la pelea se trasladó a la Justicia. El 20 de agosto, la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, dictó una medida cautelar a pedido de ATE y APINTA. En su fallo ordenó al Ejecutivo abstenerse de aplicar actos derivados del 462 durante seis meses, lo que Caputo decidió desobedecer.
A pesar de esa resolución judicial, apenas dos días después, el Ministerio de Economía publicó la Resolución 1240/2025, que dispuso el pase a disponibilidad de 343 trabajadores: 286 del INTA, 49 del INV y 8 del ex INASE. Para los gremios, la decisión directamente “desconoce” la cautelar y constituye un acto “ilegal”.
El decreto que dio origen a los cambios ya fue rechazado por ambas cámaras, la Justicia dispuso frenar sus efectos, pero el Ejecutivo insiste en avanzar con nuevas normas y con los despidos. En el medio, cientos de trabajadores quedaron en un limbo, sin certezas sobre su futuro laboral y con temor a que el INTA, uno de los organismos científicos más reconocidos del país, pierda capacidades claves en asistencia técnica y desarrollo tecnológico.
El director nacional del INTA, Ariel Pereda, que está incluido en la lista de los “pasados a disponibilidad”, llevó tranquilidad a los trabajadores de la lista, al explicar que no fueron notificados formalmente del proceso, y por lo tanto no deben darse por aludidos, mientras se resuelve la cuestión judicial y el INTA vuelve a la organización que conocíamos antes que ingrese la motosierra, tal como lo dispusieron dos de los tres poderes de la República.
